Archivo del sitio

Análisis de un conflicto localizado: la huelga del FREDESAA en Yurimaguas

JOSE MANUEL

Por: José Manuel Mejía 

La huelga indefinida convocada por el Frente de Defensa y Desarrollo de la Provincia de Alto Amazonas (FREDESAA) y el sucesivo enfrentamiento que implicó la muerte de un manifestante, nos ofrece algunas lecciones relativas al desarrollo de la dinámica de conflictos localizados.

Aún si el objeto de la reivindicación es el gobierno regional o local, el enfrentamiento y la negociación recae sobre el gobierno central.

En ese sentido, es de particular importancia identificar cuál es el objeto de la reivindicación en esta protesta. De acuerdo a la información recogida, el FREDESAA –encabezado por Camilos Pérez Flores– habría convocado a la medida de fuerza exigiendo al Presidente de la Región Loreto, Iván Vásquez Valera, el cumplimiento de sus promesas electorales. La movilización durante el primer día de huelga propició el enfrentamiento entre los manifestantes y un grupo de mototaxistas que no se plegaron a la convocatoria del FREDESAA.

En conflictos localizados, las coaliciones entre desafiadores representan recursos vitales de movilización y legitimidad.

Este incidente no generó el efecto esperado por quienes se oponían a las acciones del FREDESAA ya que los gremios del magisterio y construcción civil se plegaron a la huelga indefinida. Cabe señalar que se acababa de realizar la elección de la nueva directiva del gremio de construcción civil encabezada por Javier Álava Floríndez (quien luego caería detenido en un enfrentamiento con la policía).

El alto nivel de violencia presente en conflictos localizados se deriva de decisiones políticas y operativas (policiales) deficientes.

El momento crítico del conflicto tuvo lugar con el desalojo de la vía Yurimaguas – Tarapoto (km 3.5 al 5), cuando cerca de las seis de la tarde del día 21/10 aproximadamente 150 efectivos policiales aprovecharon una torrencial lluvia para retomar el control de la carretera; quien habría ordenado despejar la vía sería el presidente regional Iván Vásquez Valera. El enfrentamiento entre los 500 manifestantes y el contingente de la DINOES dejó 6 heridos de bala.

El grado de violencia durante el enfrentamiento del primer día de huelga se puede atribuir a un mal manejo por parte del Comandante PNP Alexander Roque León quien fue relevado por el Coronel PNP Lizandro Quiroga de La Torre. Asimismo, el día 22/10 llegó a Yurimaguas un nuevo contingente con 100 efectivos policiales provenientes de Lima e Iquitos con el objetivo de garantizar las condiciones para el arribo de una comisión de alto nivel enviada por el gobierno central, la cual fue presidida por Alfredo Gonzales (Jefe de Asesores de la PCM).

La participación resolutiva del gobierno central en un conflicto localizado no libera de costos políticos a las autoridades electas del gobierno regional.

El día 23/10 la huelga indefinida del FREDESAA llegó a su fin con la firma del acta de acuerdos suscrita por los representantes del gobierno central, cabe señalar que el gobierno regional no tuvo participación alguna en este proceso de negociación pese a encontrarse directamente vinculado a demandas específicas como “la inspección técnica y auditoría a las obras ejecutadas” por esta institución.

Asimismo, es pertinente indicar que en medio del enfrentamiento se observan repetidas acciones que toman como blanco político al gobierno regional, más precisamente a las autoridades y al partido político (Fuerza Loretana) que lo dirige. Entre estas podemos contar el ataque al local de este partido, la interceptación de un funcionario de la Subgerencia Regional del Alto Amazonas y la quema de su motocicleta en la plaza de armas, así como el ataque y saqueo a esta oficina del gobierno regional.

De la misma forma, es importante anotar que Fuerza Loretana se encuentra vinculada a una organización de base llamada Coordinadora de Desarrollo de Alto Amazonas (CODEAA), la cual compite políticamente con el FREDESAA por el apoyo de los actores colectivos en esta región. Todo indica que este conflicto habría debilitado la base social de este partido y fortalecido al frente de defensa en sus coaliciones y apoyos con las organizaciones de base y la población de la región.

La huelga indefinida desarrollada por el FREDESAA tiene la particularidad de haber logrado la satisfacción de sus reivindicaciones por parte del gobierno central, pese a que el blanco político de sus movilizaciones fue el gobierno regional. Asimismo, la rápida explosión social que este conflicto implicó se debió en gran medida a la escalada de violencia producto de errores políticos y operativos en el manejo del mismo. La respuesta de Fuerza Loretana intentando articular apoyos contra la huelga terminó provocando a los manifestantes e incrementando los niveles de violencia. La muerte de un manifestante producto de dos disparos en el cráneo y uno en el tórax, así como la detención del presidente del gremio de construcción civil, son sucesos que incrementaron la solidaridad y el apoyo a la huelga del FREDESAA.

El conflicto presentado trasluce la dinámica de competencia política en la región de Alto Amazonas como un escenario en que las instituciones de gobierno no pueden tolerar una oposición coordinada propiciando la intervención del gobierno central para garantizar el orden social. Así, los costos políticos del conflicto podrían verse reflejados en el empoderamiento de las fuerzas políticas que coordinaron el desafío a las autoridades y el partido de gobierno.

Anuncios

La Estrategia de la Indefinición y el Reduccionismo de la Gran Transformación

JOSE MANUEL

Por: José Manuel Mejía

Quienes clamaban por la ansiada gran transformación hoy no se ubican en el escenario. La política de inclusión social viene funcionando como un parche efectivo[1] frente a la demanda por el respeto de la hoja de ruta, los desafiadores que denunciaban la traición de Humala hoy se encuentran replegados, sino rezagados, en un extremo del espectro político. Esto puede obedecer a que los desafiadores organizan poblaciones y grupos insatisfechos frente a la actuación del gobierno, pues en tanto la estrategia de inclusión social satisface necesidades básicas para estas poblaciones dichas organizaciones encuentran mayores dificultades para estructurar intereses colectivos alrededor de reivindicaciones. Aunque esto no es válido para todos los desafiadores, representa un problema para las organizaciones de primer grado (que responden directamente a poblaciones).

En este sentido, la estrategia de inclusión social se condice con la búsqueda de estabilidad y aprobación, pero a su vez muestra una preferencia por los programas sociales antes que por reformas. Así, la implementación de reformas como la del sistema universitario representa un costo mayor para el gobierno dada la reacción de actores políticos que se encuentran habituados a interactuar en instituciones bajo una dinámica más o menos rutinaria. Los resultados de la incursión en reformas que colocan al gobierno en un enfrentamiento con los desafiadores experimentados son todavía inciertos.

El resultado parece ser la inamovilidad del gobierno no solo frente a la oposición de los desafiadores sino también al despliegue de los actores políticos en coalición con los grupos de poder económico. En este escenario, la pasividad del gobierno lo dota de estabilidad relativa. Al parecer, la racionalidad de la actuación del gobierno prioriza aquel estado en que su margen de maniobra se limita por el juego de la indefinición, apelando a la aprobación ciudadana y a la confianza de los grupos de poder económico, siempre que tal equilibrio le resulta posible.[2]

Así, la estabilidad relativa depende en parte de sostener la estrategia de inclusión social que apela a recuperar la aprobación de los sectores populares a partir de las obras que puede realizar y de los programas sociales que pone en marcha. Sin embargo, debe advertirse que el receso de los desafiadores no implica su desaparición, el descontento que pueden generar destapes de corrupción o mañoseo político, un mal manejo en la implementación de reformas o la agudización de la crisis de liderazgo presidencial representan amenazas latentes para la estabilidad relativa.

La movilización de los indignados y los resultados obtenidos a partir de ello, aparecen como el embrión en formación de una identidad colectiva que logra activar sujetos políticos y constituirse como un actor político que logró ejercer presión suficiente antes de volver a su estado de latencia. A diferencia de los desafiadores más experimentados, su discurso se expande a grupos a los que estos no llegan con facilidad pero carece precisamente de la capacidad organizacional y de la experiencia en la protesta de la que gozan los desafiadores más cuajados.

La estabilidad relativa, sin embargo, pareciera descansar a su vez en un mecanismo cognitivo que modifica las interacciones entre los actores políticos a partir de “alteraciones de la percepción individual y colectiva” (McAdam, Tarrow, & Tilly, 2005, p. 27). En este sentido, la inclusión social aparece como una estrategia de promoción o como un discurso político antes que como una política de gobierno. De cierta forma, en dicho discurso. el sentido de la gran transformación se reduce y resignifica en la estrategia de inclusión social: un discurso que partió de las bases de la política y tomó forma en la candidatura de Humala es reenmarcado desde las instituciones[3]. Esta estrategia discursiva resulta útil para lograr cierto posicionamiento, dado que el gobierno de Humala tiene que superar un problema de imagen y credibilidad tanto frente a los grupos empresariales como al sector popular.

La puesta en marcha de este proceso abre un espacio sumamente interesante para el debate ideológico y programático, precisamente donde este gobierno no logra cuajar: en la orientación política y económica –en suma el problema de la indefinición. Un discurso que reivindica la transformación social se encuentra siempre abierto a la conceptualización y socialización que hacen de él los actores políticos.

Así, la indefinición del liderazgo de Humala, las limitaciones que contiene la política de inclusión social, y la aparente inamovilidad para la implementación de reformas que afectan los intereses de los desafiadores a un lado y de los grupos de poder económico al otro, representan las principales amenazas para la estabilidad relativa de este gobierno que no alcanza a definirse.

 

Referencias

Cáceres, E. (2013). El poder: realidad e ilusiones. In E. Toche (Ed.), Perú Hoy. Susurros desde Babel (pp. 39–54). Lima: DESCO. Retrieved from http://www.desco.org.pe/perú-hoy/susurros-desde-babel-serie-perú-hoy-no-23-julio-2013

McAdam, D., Tarrow, S., & Tilly, C. (2005). Dinámica de la contienda política. Barcelona: Editorial Hacer.


[2] Véase el análisis de  Cáceres (2013, pp. 43–45) sobre el condicionamiento de Humala frente al despliegue de la derecha en el caso Repsol, por ejemplo.

La nueva ley de reforma universitaria : ¿regulación o control político?

José Manuel Mejía Foto4

Por: José Manuel Mejía 

Por un lado, los hacedores de política han logrado identificar el problema: se requiere de una reforma integral en educación, nuestros desinteresados políticos han logrado el consenso para señalar a sus responsables: los lobistas de la ANR y la CONAFU. Todo se encuentra preparado para que se “haga algo frente a tan urgente necesidad”. Sin embargo, la estrategia implementada por estos actores dista mucho de encontrar el escenario propicio para la puesta en marcha de nuevos mecanismos de control a las universidades, pues, esas organizaciones estudiantiles y docentes a las que se señala como sectores radicales han identificado una prioridad en la agenda pública: evitar el control político del gobierno.

En realidad, es evidente que la nueva ley universitaria [1] no tiene solo un fin regulador de la calidad en la educación brindada y en el fomento de la investigación científica; por ello, en este sentido, el discurso y el interés político no son necesariamente correspondidos.

Seguramente gran parte de la comunidad universitaria coincide plenamente con el discurso de la innovación científica y la calidad académica, así como con la necesidad de que se regule la disposición de los recursos públicos asignados, pero también un sector igualmente mayoritario de la comunidad universitaria reconoce el interés político que guía la implementación de la nueva ley universitaria.

El control político que ejerce este gobierno, resulta en una hábil estrategia para bloquear y anular a cuanto actor, coalición o espacio pueda emerger como oposición frente a los intereses que aquel resuelve en políticas implementadas para el bienestar de todos. Claro, no se trata de cualquier tipo de autoritarismo, no se pone en juego los términos democráticos, al menos no los procedimentales; pero, sí se enfatiza la capacidad estatal para controlar estratégicamente toda decisión y acción que no se corresponda con los intereses consensuados por el gobierno y los actores que se encuentran permanente o coyunturalmente en coalición con este.

Cuando se utiliza la investigación a ex presidentes para limpiarle la cancha a una candidata presidencial[2] se ejerce este control político, lo mismo sucede con el seguimiento por parte de personal de inteligencia a operadores políticos que actúan contra la “reelección conyugal”.

La comunidad universitaria se encuentra excluida de toda participación en este proceso de decisión, los representados y principales afectados por la implementación de la nueva ley universitaria no han sido si quiera consultados para la formulación de la política que se pretende implementar. Pero, los resultados de la aprobación de esta nueva ley seguramente serán refrendados con el sello democrático.

________________________________________________________

[1] El proyecto de ley pueden revisarlo aquí: http://bit.ly/12gELHG

[2] Ver el artículo de Piero Miranda: http://bit.ly/14EVBFm.

Y después de la protesta…La organización popular como recurso político persistente

José Manuel Mejía Villena Foto1
Por: José Manuel Mejía 

Ahora que la atención de algunos analistas se concentra en discernir sobre la retracción de la economía, se hace mención a la alta conflictividad social –particularmente relativa a la obstrucción de proyectos de inversión minera– como una causa de esta desaceleración en el crecimiento. Lejos de defender o justificar la transgresividad de las acciones de protesta y la violencia que implican, en esta oportunidad se identifican algunas externalidades que la contienda política transgresiva[1] viene produciendo, las cuales no tienen necesariamente una connotación negativa.

En el artículo anterior (http://bit.ly/178cAn1) se hizo mención a la estigmatización de la protesta política como una práctica impulsada por la izquierda radical con el fin de generar inestabilidad política. En este artículo se pone énfasis en las capacidades políticas que se desarrollan a partir de la ejecución de la protesta como un repertorio de acción colectiva. En este sentido, se perciben ciertas externalidades que viene produciendo la protesta política fuera de su orientación explícita, tales como 1) la intensa organización que desarrollan los sectores populares y 2) la articulación entre los actores colectivos que constituyen.

Sobre la primera, resulta importante referirse a Dahl (2011 [2005]). El autor señala que la dinámica política resulta de la instrumentalización de múltiples recursos políticos gracias a la fragmentación de los mismos en tanto no se encuentran igualmente en todos los grupos. Por otro lado, Lipsky (1968) insistía en la importancia de que la protesta política tiene para los grupos relativamente pobres en recursos políticos.  Esto establece la diferencia entre grupos extremadamente pobres y  otros relativamente pobres en función al criterio de organización, lo que vendría a ser el único recurso del cual disponen los primeros para constituirse en un actor político relevante.

Si consideramos este marco de análisis, la protesta política no solo produce inestabilidad política por el número de conflictos que desarrolla y la violencia que la mayoría de veces implica, sino que funciona como un mecanismo de aprendizaje político de lo que significa actuar en relación a un interés colectivo: la organización. Con frecuencia se considera que la crisis de representación proviene de la incapacidad de los partidos políticos para funcionar de acuerdo a las funciones que deben cumplir en una democracia.  Sin embargo, se hace poca referencia a la política popular que subyace a la protesta política como manifestación de un proceso más amplio de consenso alrededor de un interés y de superación de los obstáculos que implica emprender la acción colectiva. Así, el proceso organizativo que antecede a la protesta política supera el carácter episódico de la misma consolidando liderazgos y fortaleciendo espacios de interacción micropolítica.

Finalmente, los esfuerzos organizativos que constituyen el insumo fundamental del proceso contencioso que implica la protesta política, se encuentran en transición hacia la construcción de dinámicas regionales. Asimismo, esto debería representar un incentivo para repensar la política considerando que las estructuras políticas nacionales –incluso instituciones como el gobierno y los partidos–, no constituyen actores por nombre propio sino que descansan y dependen, entre otros factores, de su capacidad organizacional para articular y representar intereses colectivos eficientemente.

Referencias

Dahl, R. A. (2011). ¿Quién gobierna?: Democracia y poder en una ciudad estadounidense. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

Lipsky, M. (1968). Protest as a political resource. The American Political Science Review, 62(4), 1144–1158. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/1953909?origin=JSTOR-pdf

McAdam, D., Tarrow, S., & Tilly, C. (2005). Dinámica de la contienda política. Barcelona: Editorial Hacer.


[1] Con la categoría contienda política se hace referencia a la interacción entre actores colectivos en las que intervienen por lo menos un desafiador y el gobierno, producto de la cual los intereses de los actores en el sistema político se ven afectados como resultado de la reivindicación que ejecutan los primeros. Esta se torna transgresiva cuando la reivindicación es ejecutada por un actor recientemente constituido o cuando los repertorios empleados resultan innovadores o disruptivos (McAdam, Tarrow, & Tilly, 2005).

¿Dónde radica la amenaza para los conservadores? Apuntes sobre la izquierda popular y una oferta político-electoral de izquierda

José Manuel Mejía Villena Foto1

Por: José Manuel Mejía Villena

Un sector de la clase política nacional al que se podría caracterizar como conservador, siempre que surgen coyunturas marcadas por la confrontación que ejercen ciertos grupos sociales –los cuales pueden ser identificados como “populares”– utilizando la protesta política como recurso (Lipsky, 1968), configura un discurso orientado a identificar la acción colectiva disruptiva (Tarrow, 1997) que desarrollan dichos grupos como parte de la estrategia de una izquierda radical que busca crear inestabilidad en el país.

Así, es posible percibir en el discurso que desarrolla este sector conservador la supervivencia de la asociación entre “lo popular y la izquierda”, una relación que marcó las ciencias sociales peruanas durante las décadas del 70 y 80, configurando también la emergencia de nuevos actores políticos que se autoproclamaban sus portavoces (Rochabrún, 1992). Curiosamente, la posibilidad de que dicha relación se estructure manteniéndola como un elemento clave del discurso de este sector conservador de la política señala como una amenaza latente la manifestación de la política popular por medios no institucionalizados (particularmente la protesta política) en tanto representan la reestructuración de una izquierda popular.

Pero, ¿es la reconfiguración de la izquierda popular la real amenaza que percibe este sector conservador al otro lado del escenario? Se propone la reflexión en relación a estos supuestos que componen un discurso político funcional a conservar un estado de la política peruana cuya real amenaza se diferenciaría del discurso que construye, señalando radicalismos arraigados ideológicamente, cuando en la práctica busca impedir que emerja una oferta política electoral con mayor atractivo desde el lado izquierdo del escenario.

En este sentido, se distingue entre una reorganización de la izquierda popular y el desarrollo de una oferta político-electoral de izquierda. La reestructuración de una izquierda popular depende de la capacidad de las organizaciones ideológicamente ligadas a proyectos políticos de largo plazo con miras a generar algún tipo de cambio social. El desarrollo de la izquierda popular implica que el movimiento popular se contenga, es decir, se encuentre representado en partidos de izquierda, que la organización de la protesta política obedezca a los objetivos y a la capacidad de movilización de recursos que desarrollen las organizaciones de izquierda.

El señalamiento de una reestructuración de la izquierda popular magnifica el alcance que tienen las organizaciones de izquierda para lograr estos objetivos. Asimismo, se tiende a asumir que la protesta política es un instrumento de la izquierda radical para desestabilizar al gobierno, cuando en realidad en términos organizacionales esto difiere considerablemente. Del mismo modo, con la actuación de los movimientos de protesta cuyas organizaciones no se estructuran con criterios ideológicos ni dependen de un proyecto político partidario, sino que aparecen como actores constituidos alrededor de reivindicaciones populares.

Por otro lado, la formación de una oferta político-electoral de izquierda constituye un proyecto político de corto plazo y con resultados menos ambiciosos, una oportunidad política alrededor de la cual pueden aglomerarse un conjunto de actores políticos no necesariamente vinculados organizacionalmente a la izquierda, una opción a la que pueden arribar con mayores posibilidades de éxito, demandándoles menor trabajo político.

Así, el discurso que desarrolla un sector conservador de la política, señalando como amenaza latente la existencia de actores oscuros tras los movimientos de protesta o los actores populares que la desarrollan, resulta en una asociación equivocada entre la izquierda y lo popular. Dicho discurso en realidad pretende estigmatizar a toda la izquierda como un rezago del terrorismo y asociarla a posturas radicales con potencialidades limitadas en cuanto a lo que puede aportar al desarrollo del país, generando una resistencia hacia lo que compone su real temor: la amenaza que representa la formación de una oferta político-electoral de izquierda que pueda tornar la competencia electoral en escenarios aún más competitivos.

Referencia:

Lipsky, M. (1968). Protest as a political resource. The American Political Science Review, 62(4), 1144–1158.

Rochabrún, G. (1992). Del Mito Proletario al Mito Popular (Notas sobre el caso peruano). In A. Adrianzén & E. Ballón (Eds.), Lo Popular en América Latina ¿Una visión en crisis? (pp. 101–115). Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo.

Tarrow, S. (1997). El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. Madrid: Alianza Editorial.