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Consideraciones sobre la Universidad Pública: Reforma de la Ley Universitaria

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Por: Diego Salazar

En 1966, Seymour Martin Lipset[1]publicó un artículo sobre el rol de las universidades en el tercer mundo. Lipset, para entonces, afirmaba  que las universidades debían estar en la capacidad de contribuir al conocimiento mediante la investigación, la formación de líderes con sentido de responsabilidad, con un profundo sentido crítico y con la capacidad necesaria para iniciar cambios en el país teniendo en consideración los contextos actuales que le fueron heredados. De no ser así, el autor afirma que, las universidades se convierten en entes parasitarios.

La universidad peruana, hace mucho tiempo, dejó entrever que el rol de la investigación no es un eje central en la vida académica o, al menos, no más que la elección de los representantes de sus Centros Federados, el tercio estudiantil, decanos o el rector.  La suspensión de clases, días antes de las elecciones, tal como sucede en San Marcos, demuestra que el interés por lo académico es nulo.

Además, la universidad pública y gran parte de las privadas, adolecen de capacidades para generar investigación que van desde la ausencia de centros de investigación, institutos especializados, ausencia plana de docentes nombrados, una biblioteca bien implementada; es decir, elementos básicos.

Ante la reforma de la Ley universitaria aprobada por el Congreso en los últimos días se han alzado varias voces, una más confusas que otras, y se han hecho visible debilidades en cuanto a las  propuestas alternativas al Proyecto Ley desarrollado por la Comisión de Educación.

Desde los organismos estudiantiles las respuestas han sido muy pobres y repetitivas: “una educación científica”, “más vacantes”, “democratización de la universidad”, “autonomía”; respuestas que denotan eslóganes electorales más que propuestas viables y concretas.  La retórica no ha cambiado de sentido, y la preocupación por las parcelas de poder internos, dentro de las Facultades, o dentro de los grupos a los que los estudiantes pertenecen, es mayor al interés por la educación superior. No estamos ante  una elección de Tercio Estudiantil ni Centro Federado ¡Es  la reforma de la educación superior la que está en juego!

Por su parte, la Asamblea Nacional de Rectores y varias otras universidades han brindado declaraciones sobre la importancia de la “autonomía universitaria”[2]. Este principio se remite a la Reforma de Córdova de  1918, la que otrora supuso un adelanto la  apertura al dogmatismo de la época, no cambió en esencia a las universidades públicas del país. El esquema de gobierno corporativista, la autonomía y el cogobierno que provienen de esta tradición no han visto actualización alguna en nuestro país, ni mucho menos han fortalecido las universidades[3]. Es un esquema centrado en la defensa de la universidad contra la injerencia el Estado más que en el trabajo conjunto y el fomento de su participación activa.

La crisis de la universidad, y en consecuencia su baja calidad, es precisamente por ausencia del Estado. Nuevamente, desde los sectores estudiantiles radicales, se teme que la intervención del Estado sobre la educación universitaria sea un problema ya que se fijarían las agendas de investigación y en el nombramiento de los docentes ¿Pero debe ser este un problema? ¿No es acaso el Estado el que debe definir los temas prioritarios que desea para su desarrollo? ¡Por supuesto! Esto no excluye a las agendas de investigación de las universidades, tampoco que puedan fortalecer sus institutos ni sus demás instancias; mucho menos las excluye de su capacidad para generar debate y fijar la agenda pública respecto de los problemas que el país afronta.  Porque, valgan verdades, la universidad se encuentra ajena a los problemas que se debaten en la agenda pública del todo[4] el país.

La agenda pública va más allá de los tradicionales eventos “la vigencia del pensamiento de tal o cual…”que los estudiantes constantemente desarrollan en orden de  justificar su debilidad para encontrar referentes políticos o académicos más modernos y actualizados. O los eventos desarrollados por las universidades: “La importancia de tal o cual…”; ambos reflejo de la pobre vida académica de las universidades públicas y gran parte de las privadas. Los debates, si los hay, nunca terminan en propuestas ni proyectos de investigación, son eventos cuyos objetivos, en muchos casos, son la captación de nuevos jóvenes por parte de las mafias o de los grupos políticos internos de la universidad. La vida académica está perdida en este marasmo de inconsistencias y la ceguera del sector estudiantil.

Otro aspecto importante de la crisis que afronta la universidad está en área administrativa. Lo descubierto por la Contraloría respecto a los trámites burocráticos no es ninguna novedad. Los trámites pueden durar hasta un año. Pero, más allá de los trámites para la obtención del bachillerato, es importante observar el tiempo que demora un estudiante en graduarse como licenciado; es decir, el tiempo en el que el estudiante presenta su tesis. Un estudio desarrollado por el Área de  Tutoría del PRONABEC indica que un estudiante de universidad pública del interior del país demora en promedio 6 años en recibirse licenciado ¡Seis años!

Sin duda, si la burocracia tampoco ayuda, los estudiantes menos. No hay incentivos que ayudan a agilizar la profesionalización de los estudiantes universitarios. Esto nos lleva a pensar que en materia de educación universitaria, no sólo se trata de otorgar cientos de millones a fondos de investigación que nunca serán utilizados; sino también a hacer operativos los proyectos de investigación. Y más aún, que dichos proyectos, una vez desarrollados por la universidades, sean comercializables y generan impactos en la economía del país. No sólo se trata de patentar mototaxis solares , sino de generar una estrategia para vincular estos productos a la empresa y que sean útiles ¿Eso significa venderse al pensamiento único neoliberal como han sugerido algunos docentes?

Al fin y al cabo, ya desde la ANR o ya desde las alicaídas y desprestigiadas organizaciones estudiantiles, no hay una respuesta clara a las propuestas de la Comisión de Educación ¿Acaso se han convertido en entes parasitarios como diría Lipset?


[1] Lipset. (1966). University Students and Politics in Underdeveloped Countries.  Comparative Education Review.

[4] No solo Lima sino, imaginemos a las universidades de las regiones del país, ¿son estas partícipes de los debates y problemas en sus regiones?

El eslabón perdido, o el uso de la evidencia práctica para la toma de decisiones.

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Por: Diego Salazar

Toda política pública alberga una cuota enorme de incertidumbre que, paulatinamente, se va reduciendo en cuanto encontramos evidencias que nos indican la dirección que dichas políticas toman desde su formulación hasta su implementación. Nos indican, además, si estas cumplirán con los objetivos y metas planteadas, utilizando los recursos públicos de manera eficiente, minimizando los costos e impactando positivamente en los beneficiarios.

El rol de la investigación y la consecuente  generación de evidencia aparecen como insumo principal para la reducción de este grado de incertidumbre respecto del derrotero de las políticas públicas y, sobretodo, nos ayuda a comprender el grado de cumplimiento de las metas trazadas.

En nuestro medio, sin embargo, los temas de gestión pública parecen desconectados de las investigaciones técnicas. Existe un problema de operacionalización de los reportes, investigaciones, notas y demás evidencia para la toma de decisiones públicas y cómo estas se pueden manifestar en insumos útiles para el cambio, la redirección o el mantenimiento de una política pública.

Dos errores comúnmente observados en la gestión local para la provisión de información  en la toma de decisiones son fácilmente observables: de un  lado, gran parte de los diagnósticos desarrolladas para identificar y clarificar un problema público presentan metodologías ad-hoc que generan un sesgo en el tipo de direcciones que las políticas puedan tomar; y por otro lado, el uso de los indicadores de proximidad (con una cuota de deducción) suplen el ejercicio de la búsqueda de los eslabones de evidencia entre la suposición y la realidad.

Tanto académicos como funcionarios han manifestado preocupación sobre la forma en la que las investigaciones para la generación de evidencia se desarrollan bajo esquemas que van, inclusive, en contra de la metodología misma. El fin de la practicidad se superpone al de la rigurosidad para la generación de la evidencia. Después de todo, presentar resultados siempre es más importante a nada.

Más allá de lo dificultoso que uno pueda imaginar, hacer un uso adecuado de las investigaciones y la data existente para el monitoreo de políticas pasa por definir algunos criterios básicos (Nultey & Davis, 2002) como: un consenso en la naturaleza de la evidencia y su validez para el sector público. Preguntas como ¿qué tipo de fuentes tomar en cuenta?, ¿Cuáles mencionar?, ¿Cuáles no? Aparecen, en este rubro, como fundamentales.

Como segundo punto Nultey plantea que, además de las fuentes el problema de los criterios para identificar problemas públicos– o en todo caso medirlos-es una brecha muy difícil de superar. Sin ir muy lejos, el hecho que, tanto la Defensoría del Pueblo, la Presidencia del Consejo de Ministros y la Policía, mantengan diferentes metodologías para el conteo de los conflictos sociales habla mucho de los problemas que nuestro país afronta en materia de datos y estadísticas claves.  Pero puede ser peor, tanto el Ministerio de Salud y la Policía también mantienen estadísticas diferentes para la medición de accidentes de tránsito.

Si no convence tanto la falta de consenso sobre las fuentes ni sobre los criterios. La difusión de la información que eventualmente debería ser de fácil acceso a los ciudadanos, no lo es.  Existen iniciativas como la consulta amigable del MEF que, en realidad, no parecen nada amigables. Los efectos de esta forma de manejo de la evidencia pueden ser peores que ciudadanos menos informados por un acceso restricto (debido a la complejidad) a la información. La incertidumbre propia de las políticas no se reduce, y es muy probable que las decisiones que se tomen, o se basen en fuentes no consensuadas y medidas con poca rigurosidad metodológica; o en todo caso, se basen en el instinto. Ambos con efectos aún más inesperados sobre los beneficiarios finales de las políticas.

Urge, entonces, una mirada rigurosa al proceso de las tomas de decisión de parte de los funcionarios del Estado peruano, ¿en qué basan sus decisiones y el monitoreo de las políticas públicas si las fuentes de información son restrictas y desorganizadas? Hay una serie de preguntas de base que merecen ser resueltas en el inicio del ciclo de políticas. De no ser así, estaremos en el círculo vicioso donde nos interroguemos por qué el gobierno no puede identificar conflictos sociales de manera temprana, o sencillamente,  (no saber) cuántos accidentes de tránsito existen en el país.

Texto citado:

Nutley Sandra & Davies Huw. (2002).Evidence-based policy and practice: moving from rethoric to reality. Research Unit for Research Utilisation. University of St. Andrews.