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Protagonismo radical

CARLA

Por: Carla Toche Casalino

“¡Y el hombre sí te sufre: el Dios es él!”

Los dados eternos, Cesar Vallejo

No es novedad que cada cierto tiempo el Cardenal Juan Luis Cipriani se pronuncie contra la comunidad LGTB, a través de la negación de lo que debería ser el goce de los derechos de dicha comunidad, así como tampoco resultaría novedoso escucharlo cada cierto tiempo hablar a favor de Alberto Fujimori (o de algún otro político de turbio pasado). Dicho esto, nos damos cuenta que Juan Luis Cipriani brilla más por sus opiniones en materia de Estado, de política y de sociedad, más que por lo inspirador que podría llegar a ser el discernimiento colectivo a la hora de su homilía. Lo que sí resulta novedoso es encontrar un nuevo (o renovado) actor en este contexto ya conocido (mas no gastado). Las caducas falacias proferidas por el cardenal tienen ahora que enfrentarse a una renovada y reconocida sociedad peruana capaz de transmitir, a través de la experiencia colectiva, educacional y cívica, argumentos legales, morales, sociales y políticos legítimamente fundamentados. Sin embargo, con este panorama, donde se disputa el ejercicio de poder entre estructuras tradicionalistas frente a renovados elementos conciliadores, surge también el eterno debate sobre la viabilidad (y efectividad) de un Estado laico en el Perú.

Independientemente de la postura que cada miembro de la sociedad adopte al respecto, debemos observar a los procesos histórico, político y cultural de la estructura social como elementos que se encuentran fuertemente enraizados a la tradición católica y que, por esta razón, la laicidad estatal no puede medirse (ni mucho menos pretenderse) únicamente en torno a una premisa constitucional, pese a que en la actual Constitución a través del artículo 50 la Iglesia Católica es explícitamente legitimada como “elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú”, sino, y acá es donde viene a regir mi argumento principal, en la cotidianeidad a través de sus relaciones con los individuos y con la sociedad en general.

 Con respecto a las relaciones entre Estado, Iglesia y sociedad, teólogos católicos reconocidos, como Johan Baptist Metz, proponen que la relación menos nociva que se debe establecer entre la Iglesia y la sociedad, debe ser una que contenga un conjunto de elementos críticos y pragmáticos para que aquella, la Iglesia, pueda elevar las necesidades de su sociedad y “vertirlas en prácticas sociales y políticas que regeneren el espíritu humano para que a estos se les pueda revelar el Reino de Dios” (Concilio Vaticano II, Constitución Pastoral Gaudium et Spes, sobre la Iglesia en el mundo actual)

En el Perú, sin embargo, la situación actual entre la Iglesia y la sociedad se fundamenta bajo criterios incoherentes, intolerantes, e indiferentes dando como resultado una relación tensa entre la comunidad en general y la institución eclesial. Dicha tensión, además de impedir el trabajo caritativo, el reconocimiento de las minorías olvidadas y las acciones que deberían promover al ser humano desde sí mismo hacia la sociedad, evidencia la división estructural que vendría a ser, a mi modo de ver, la razón principal desde donde se muestra la inutilidad de la Iglesia dentro del contexto nacional.

Entonces, expuestas las dos instituciones ante sus faltas frente a la sociedad, el Estado por una laicidad superficial y la Iglesia como ente que demanda y consume sin generar retribución de ningún tipo con su propia doctrina, se genera un incumplimiento sistemático desde donde los actores regenerados, renovados y reconocidos deben tomar, por esto mismo, un protagonismo radical.

Frente a un panorama donde se incumplen tareas, roles y responsabilidades sociales por parte de las dos instituciones cuya función más bien debe girar en torno a dichas responsabilidades, es deber de la propia sociedad demandar agencia desde si misma con respecto a su Estado y problematizar los puntos desde donde el Estado debe actuar (y junto a qué institución) coherentemente en función del bienestar general. El debate es amplio y complicado pero es importante otorgar al campo de lo político y social la debida y apropiada atención desde los organismos que aportan para el desarrollo integral del sujeto y no desde un punto desde donde constantemente se generan vejaciones hacia el individuo y hacia los colectivos. La sociedad está cambiando, las estructuras, a su ritmo, lo harán y es importante seguir el debate desde una perspectiva no fundamentalista para que, los que se basan en la “ley natural”, puedan ser desplazados, casi automáticamente, hacia algo no menos parecido a lo que se podría ver en un “talk show” muy al estilo de Laura Bozzo, dejando, así, a los ciudadanos responsables campo abierto para los cambios que el país está empezando a demandar.

Juegos de Poder

CARLA

Por: Carla Toche 

Desde hace ya varias décadas, el Perú es escenario de un régimen democrático que ha logrado consolidarse en una estructura más o menos estable. A pesar de eso, podemos decir que este régimen se presenta aún inconsistente. Son varias las instituciones, como las Fuerzas Armadas y policiales, el Legislativo y los partidos políticos, que pese a estar sujetos a un criterio de “bien común”, repercuten en dicha inconsistencia al tomar acciones que legitiman, a través de las relaciones y vínculos con los narcotraficantes, la formación de un Narco Estado en el Perú.

Al respecto, resulta escalofriante revisar las noticias y observar que efectivos policiales, miembros de una institución que justifica su presencia en la sociedad a través de una serie de garantías de seguridad que se le debe ofrecer a los ciudadanos, son también los jefes de mafias, encargados, además, de transportar la droga desde las fronteras hacia distintas zonas del país. Sobre esto, existen más de 3 mil registros de conversaciones que fueron grabadas por los agentes escuchas de la Dirandro durante cinco semanas, entre los meses de Enero y Febrero del presente año, desde donde se logró comprobar que el policía Oscar Peralta era también el cabecilla y financista de varias organizaciones narcotraficantes de Perú y Bolivia, organizaciones que, además, utilizaban la zona de Desaguadero-Puno como base central de operaciones.

Además de esto, el 14 de diciembre del 2010 el jefe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Rómulo Pizarro, comentó cómo el narcotráfico sigue generando altos niveles de corrupción no solo en las fuerzas policiales sino también en las Fuerzas Armadas y en varias instituciones del Estado, a propósito de los cables revelados por Wikileaks. Según estos, se informa que “la Embajada de Estados Unidos en Lima considera que en el Ejército Peruano todavía sobrevive la “red de corrupción implantada por Vladimiro Montesinos y que, incluso, el actual jefe del Ejército, Paul Da Silva, coordinó envíos de droga en el 2007”.  En otras palabras, aquellas instituciones que deberían proteger a las y los ciudadanos no solo de actos delincuenciales menores, sino, sobre todo, de aquellos que atentan sistemáticamente contra la seguridad, son los mismos actores criminales que contribuyen a alimentar la incertidumbre, desconfianza e inseguridad en la sociedad.

Por otro lado, a pesar que el Congreso se entiende como la institución que obedece a una noción de representación dentro de un Estado constitucionalmente democrático, al parecer (aunque no tan inocentemente) dicha representación está dejando de buscar el bien común que pueda beneficiar a toda la población para perseguir y legitimar, como diría Ignacio Ellacuria, el mal común que solo logra beneficiar a un grupo de poder específico. Sobre esto, parece mentira que el nacionalismo, en un estado de negación continua, haya sido incapaz de ver cómo sus representantes en el Congreso podían terminar siendo sospechosos de estar vinculados con los narcotraficantes. Parece casi broma (y de muy mal gusto) la respuesta que Carlos Tapia le brinda al diario “La Primera” cuando se le pregunta sobre si no habían sospechas sobre las presuntas actividades ilícitas de la ex congresista Nancy Obregón, a lo que él contestó: “Bueno, se sabía que tanto Nancy Obregón como Elsa Malpartida habían sido designadas como dirigentes del movimiento cocalero, pero no se sabía que fueran personas relacionadas con el narcotráfico, aunque normalmente se sabe que la siembra va para el narcotráfico.”

Otro dato más. Si hacemos un poco más de memoria crítica, recordemos cómo, durante el segundo gobierno de Alan García, durante los 8 meses que Aurelio Pastor fue parte del Ministerio de Justicia, se firmó más de 1000 indultos y conmutaciones de pena que dejaron en libertad a personajes condenados por delitos de tráfico ilícito de drogas en modalidad agravada y lavado de activos. Estos indultos y conmutaciones de pena fueron otorgados a un ritmo aproximado de siete por día durante los ocho meses en que Pastor ejerció como ministro de Justicia. Dentro de estos figuran los nombres de 400 beneficiados que actualmente investiga la “Mega comisión”,  dado que el ser culpables del delito de tráfico ilícito de drogas con modalidad agravada les debería haber impedido a estos culpables gozar de beneficios penitenciarios, como vendría a ser un posible indulto.

La lista de faltas podría continuar sin un final esperanzador, pero este no es el objetivo del presente artículo. Se trata, a mi modo de ver el estado de la cuestión, primero, de manejar toda la información posible, conocer con exactitud de relojero la manera en la que el Perú hace política para luego, empezar participar de la vida política del país, ser agentes de cambio y lograr determinar qué acciones tomar desde la ciudadanía organizada, responsable, crítica y activa para obtener el tan preciado y abandonado “bien común”.