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Un futuro incierto: ¿Qué ocurrirá con los proyectos mineros luego de las elecciones?

Liz VilaPor: Liz Vila

Luego del panorama electoral que se vivió en nuestro país hace un par de semanas, los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales han llevado a reflexionar a la población sobre muchos temas. Entre ellos, un asunto de gran preocupación gira en torno a los presidentes regionales que mantienen procesos judiciales pendientes por delitos contra la administración pública, presuntas vinculaciones con el narcotráfico, entre otros.[1]

Además de ello, algunos candidatos, hoy electos, han mostrado en varias oportunidades un rechazo expreso a la inversión minera en sus regiones. Un caso emblemático es el de Cajamarca. En dicha región, el alcalde electo lideró la oposición al proyecto minero Conga, el cual se encuentra suspendido desde el año 2011, luego de varias movilizaciones y protestas sociales.  Al respecto, cabe recordar que la ejecución de dicho proyecto conllevaría a una inversión de US$5.000 millones por parte de la empresa minera Yanacocha[2].

Este escenario también se presenta en otras “regiones mineras” como Moquegua, Apurímac y Puno, donde al menos uno de los dos candidatos a ser electo presidente regional, presenta una posición radical contra la minería[3].

Bajo dicho contexto, es oportuno preguntarnos ¿cuál será el futuro de la minería en dichas regiones? En relación a Cajamarca, la situación es bastante contradictoria y existen diferentes posturas que parecen avecinar posibles escenarios de violencia. Por un lado, el partido electo por la región de Cajamarca mantiene su postura contraria a la inversión minera; mientras que en la provincia de Cajamarca, el alcalde electo, Manuel Becerra Vílchez, ha manifestado, en recientes declaraciones, su respaldo a la concretización de los proyectos mineros que se encuentran pendientes en la zona[4].

En medio de dichas posturas contradictorias y con un futuro escenario de economía en desaceleración para los últimos meses de este año, se hace necesario revisar las normas que regulan el proceso electoral y que, pese a que los candidatos tengan pendientes procesos judiciales, se les permite postular a las elecciones[5].

Asimismo, se advierte la necesidad de realizar acciones en pro de la prevención de posibles escenarios de violencia, especialmente, en aquellas zonas donde las posiciones radicales son aún más fuertes, para lo cual se debería realizar un monitoreo por regiones tomando en cuenta las posiciones de los alcaldes electos, así como las posturas de los otros actores involucrados, todo ello en aras de buscar el bienestar social de dichas regiones así como el desarrollo de éstas.

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[1]Perú 21: “Perú: Varias autoridades electas estarían ligadas al narcotráfico”. [En línea]. http://peru21.pe/politica/varias-autoridades-electas-estarian-ligadas-al-narcotrafico-2201179. [Consulta: 19 de octubre de 2014].

La República: “22 presidentes regionales tienen procesos judiciales”. [En línea]. http://www.larepublica.pe/25-09-2014/22-presidentes-regionales-tienen-procesos-judiciales [Consulta: 18 de octubre de 2014].

[2] Perú 21: “Yanacocha seguirá invirtiendo en Perú pese a reelección de Gregorio Santos”.[En línea]. http://peru21.pe/politica/yanacocha-seguira-invirtiendo-peru-pese-reeleccion-gregorio-santos-2200893 [Consulta: 15 de octubre de 2014].

[3] Diario El Comercio: “Cajamarca, la única región en jaque tras las elecciones”. [En línea]. http://elcomercio.pe/economia/peru/cajamarca-unica-region-jaque-elecciones-noticia-1762231 [Consulta: 15 de octubre de 2014].

[4] Diario El Comercio: “En Cajamarca aún puede haber proyectos mineros”. [En línea]. http://elcomercio.pe/peru/cajamarca/cajamarca-aun-pueden-proyectos-mineros-noticia-1764369 [Consulta: 18 de octubre de 2014].

[5] Sobre este punto, el día de ayer se tomó noticia de que el Pleno del Parlamento Nacional aprobó en primera votación el proyecto de reforma constitucional que prohíbe la reelección de presidentes regionales y alcaldes, quedando pendiente una segunda votación para el día 10 de marzo del 2015. Sin embargo, todavía quedaría abierta la discusión acerca de la postulación de aquellas autoridades que tengan procesos judiciales en curso o que se encuentren en prisión preventiva. Véase más en: RPP Noticias: “Congreso aprueba la no reelección de presidentes regionales y alcaldes”. [En línea]. http://www.rpp.com.pe/2014-10-23-congreso-aprueba-la-no-reeleccion-de-presidentes-regionales-y-alcaldes-noticia_736272.html [Consulta: 23 de octubre de 2014].

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La interculturalidad y las políticas públicas: Un ejemplo de avance lento

MERYBET

Por: Merybet Morales

Leyendo las noticias el día de ayer por la noche me encontré con una triste noticia. Se informaba del asesinato de cuatro nativos asháninkas a manos de madereros ilegales. Inmediatamente, los políticos no hacían esperar sus declaraciones condenando este execrable acto por parte, según los medios, de mafias que tienen intereses económicos en temas de tala ilegal.

“Nos avergüenza como sociedad” -decía el presidente en horas de la mañana; de otro lado, las asociaciones indígenas reiteraban un constante pedido al Estado Peruano “hacer valer el derecho de los nativos”. Bajo ese marco, se me abrió una interrogante: ¿hemos avanzado realmente?

En América Latina, la mayoría de países, ha tendido a realizar avances en acciones en pro las poblaciones indígenas como un modo de intentar adaptarse a su realidad de diversidad cultural que se ve expresada por la existencia de diversas comunidades nativas, indígenas y campesinas incluyendo las demandas de dicha población a las agendas políticas latinoamericanas revolucionando conceptos como “ciudadanía” y “estado”[1].

En ese sentido, las agendas políticas de los países han intentado responder a dichas demandas por inclusión y acceso hasta las de reconocimiento de derechos de autonomía. Entre las medidas más destacadas se encuentra la existencia de Estados Plurinacionales en Bolivia, y Ecuador, lo cual significa que se basan en una política de reconocimiento y construcción de un modelo de democracia no del carácter asimilacionista[2], sino que permita el reconocimiento de prácticas en la toma de decisiones colectivas que se apoyen en el diálogo y el consenso reconociendo así que las organizaciones indígenas cuentan con derecho a la libre determinación y al autogobierno este carácter plurinacional se encuentra respaldado mediante su Constitución.

Por otro lado, los demás países incluido el Perú, han avanzado a través de la implementación de la Consulta Previa  y la Ley de cuotas. La primera, establecida mediante el Convenio 169 de la OIT supone una visión distinta en las relaciones entre las comunidades y proyectos mineros estableciendo modelos de consulta para la toma de decisiones considerando así que dichas comunidades tienen derechos a sus territorios y recursos que han poseído, así como a que se respeten sus costumbres, tradiciones y cultura para poner en marcha los proyectos mineros o petroleros los cuales tomaran a través de dichos procesos de consulta compromisos de respeto a las minorías y de carácter ambiental[3]

No obstante, si bien en el carácter de la consulta previa parece tener incidencia positiva entorno del desarrollo de políticas pro poblaciones indígenas, esto no ha motivado avances entorno a su implementación se ha visto limitada por diversos factores. Uno de ellos es la necesidad de la existencia de una alianza de los actores que participan en dicho proceso: las empresas, las comunidades y el Estado.

Por otro lado, la inclusión de un sistema de cuotas para la participación electoral de la población indígena no ha logrado generar mayor equidad y participación de la población indígena dado que comparte algunos problemas identificados para la aplicación de la consulta previa.

Pero ¿por qué no son aún eficientes estas medidas a pesar de que ya se cuenta con agencias estatales sobre las cuales recae el diseño, ejecución y/o coordinación de políticas sectoriales en materia de poblaciones indígenas? Uno de los limitantes es que se depende de una demanda interna activa para que el Estado genere avances; segundo, la presencia de la cooperación internacional es fundamental en todos los procesos; tercero, no se ha logrado mapear ni a las poblaciones indígenas ni sus necesidades reales; cuarto, los conflictos de interés no logran una articulación de posiciones que generen acción política.

Así, el Estado como garante del proceso de implementación de medidas en pro de la población indígena no ha logrado generar medidas por falta de una articulación de elementos de tipos técnicos y lo político. Lo técnico, porque requiere prácticas y herramientas basadas en conocimiento de poblaciones indígenas y lo político, porque también surgen conflictos de intereses, cuya resolución requiere articular posiciones a través de la acción política lo cual complejiza sus avances.

En ese sentido, resulta importante continuar con el proceso de conocer las problemáticas y limitantes para avanzar a paso firme en la promulgación de propuestas que como las mencionadas permitan a pocos de generar respuestas más idóneas y con reales resultados.

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[1] Benavides (2010)

[2] Asimilacionista: Proceso por el que los diferentes grupos étnicos y culturales son absorbidos con la intención de hacerlos iguales al resto de la sociedad que se supone que es homogénea. Esta postura parte del supuesto de que la cultura receptora y dominante es superior a las demás y, por lo tanto, es la única que debe sobrevivir en la confrontación.(Parekh,1995)

[3] (Aranibar, 2011).