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El gobierno nacionalista y la educación en el Perú

Andrea Silva

Por: Andrea Silva Villegas

En el discurso del presidente Ollanta Humala por Fiestas Patrias el pasado julio, hubo un anuncio que recibió muy buenas críticas por parte de los medios de comunicación, la opinión pública y la ciudadanía. Este anuncio fue el incremento de 1000 millones de soles  al presupuesto asignado para el sector educación desde el 2015. Sin embargo, a pesar de que este anuncio fue portada en muchos de los diarios y fue muy comentado en la televisión y las redes sociales, en los meses que siguieron al pronunciamiento de este anuncio, no ha habido una cobertura sobre lo qué está haciendo el gobierno en educación (aunque así ha sido siempre, los medios solo cubren las huelgas, y no lo que se hace). A continuación, hago un resumen de las diversas y principales estrategias que el gobierno está implementando para mejorar la calidad de la educación básica regular en sus tres niveles (inicial, primaria y secundaria). Desde mi punto de vista y sin ser partidaria del nacionalismo, puedo afirmar que este es uno de los gobiernos que más se ha preocupado por reformar la educación, y no solo hablo del aumento de sueldo a los maestros. Veamos.

Primero, debo recalcar que el gobierno de Ollanta Humala se ha caracterizado en el sector educación por seguir una línea de reforma promocionada desde el gobierno de Alan García. Sin embargo, a diferencia del gobierno anterior, este gobierno está poniendo más énfasis en el Proyecto Educativo Nacional, el cual resalta que lo principal en la educación es el niño y que él aprenda. Este enfoque puede sonar muy obvio y nada innovador, pero, desde hace unos años, la realidad ha sido otra. Aunque el enfoque suene evidente, la verdad es que los docentes no han estado preocupados por que los niños aprendan, sino solo se han preocupado por enseñar, y no por ver si el niño o niña aprendía. Sin embargo, con este nuevo enfoque, el gobierno ha orientado la educación a ser observada por el docente ya no solo desde la enseñanza, sino desde el aprendizaje del niño.

Para ello, el MINEDU ha implementado algunas estrategias nuevas como el nuevo marco curricular, los estándares de aprendizaje y las rutas de aprendizaje,  las cuales se articulan en base a los lineamientos generales del Proyecto Educativo Nacional. El marco curricular, el cual es nuevo desde este gobierno, ha innovado y ha sintetizado todo el contenido del marco curricular anterior y, así, más de los 100 aprendizajes del niño que se plateaban en  el anterior hace unos años, ahora han sido sintetizados en ocho. Esto ha generado que la actividad de los docentes se facilite. Por otra parte, los estándares de aprendizaje son una herramienta que sirven para ayudar a los profesores a saber qué es lo que debe lograr el niño al término de cada ciclo o grado. En lo que refiere a las rutas de aprendizaje, estas son una herramienta muy importante para el trabajo del día a día del docente, debido a que en ellas se plantean las capacidades y competencias que el profesor debe generar en sus estudiantes y, también, en ellas se presentan los indicadores para medir los logros de aprendizajes por niveles de educación.

Asimismo, desde que se inició el gobierno de Ollanta Humala, ha habido capacitación docente orientada hacia la mejora de la metodología de los docentes. Esta estrategia consiste en pagar especializaciones en didáctica a los docentes que hayan obtenido las mejores notas en el PRONAFCAP (Programa Nacional de Capacitación). De esta forma, se busca (de alguna manera) premiar a los mejores docentes y, también, se espera que estos mejoren su manera de enseñar a los niños, y cambien su metodología tradicional por una pedagogía dinámica, la cual facilite el aprendizaje del niño.

Sin embargo, la estrategia más innovadora en este gobierno y de influencia más directa en las escuelas es la Estrategia Nacional de Soporte Pedagógico, la cual busca mejorar la calidad educativa y también que todos los niños aprendan y como dice el logo del MINEDU, que nadie se quede atrás porque todos pueden aprender. Esta estrategia consta de ocho actividades articuladas. El primero es el acompañamiento y monitoreo pedagógico que se les hace a los profesores y directores de escuela. La segunda actividad son los talleres de capacitación a docentes y equipos directivos por parte del monitor. La tercera actividad son los grupos de interaprendizaje: de maestro a maestro, en donde ellos comparten sus experiencias y, de esta manera, mejoran su enseñanza orientada al aprendizaje de los niños. La cuarta, es el soporte virtual, los maestros tienen acceso a esta plataforma virtual para solucionar algunas de sus dudas. La quinta actividad consiste en darle refuerzo escolar a los niños y niñas entre el primer y tercer grado de primaria que estén es un nivel regular de aprendizaje. La sexta y séptima actividad, respectivamente, se basan en la capacitación a los docentes para que lleven a cabo jornadas de aprendizaje y encuentros familiares. Y por último, la octava actividad, es la capacitación en gestión de aprendizaje a los directores.

Esta estrategia es muy buena, esperemos que se implemente a lo largo de todo el país y pueda adecuarse para la educación rural, ya que recién se está desarrollando solo en zonas urbanas en 10 regiones del país.

Para finalizar, debo mencionar que la Ley de Reforma Magisterial aprobada en noviembre del 2013 es un primer paso para mejorar la condición de los docentes, y de esta manera, incentivarlos a ser mejores maestros, ya que mientras más preparados estén podrán acceder a mejores sueldos. Esta ley si bien es una buena iniciativa para que los docentes hagan una carrera meritocrática, aun no soluciona todo el problema de fondo con los profesores, ya que para que el docente vuelva a creer en él, sea respetado por los padres de familia y tenga autoestima (sí, digo autoestima porque en nuestro país el que es docente de colegio público es mirado como la última rueda del coche) es necesario complementar esta ley con otras estrategias que le den al maestro el lugar que merece.

*Antes de juzgar a un maestro, recuerden que la mayoría del magisterio pasan los 20 años de servicio, lo que significa 20 años de estar con el mismo sueldo a pesar de que sube la inflación y la canasta básica familiar, y que si ahora el magisterio está como está, no solo es porque los maestros no sean buenos, sino también es porque llevan una larga historia de maltrato. Es lógico que no trabajen bien si se los ha maltratado por mucho tiempo.

No solo una buena campaña salvará a Enrique Cornejo

Andrea Silva

Por: Andrea Silva 

Estos últimos días leí la columna1 del periodista Renato Cisneros en el diario La República acerca de cuál iba a ser el candidato por el que votaría para ocupar el sillón municipal de Lima Metropolitana 2015-2018. Lo que me pareció interesante de este pequeño artículo fue la forma en cómo presentó el hecho de que votaría por Enrique Cornejo: “Nunca pensé que, sobrio y despejado, diría esto: voy a votar por un aprista”. Luego de leer esta introducción a su reducido artículo me  puse a pensar si realmente postular por el APRA le estaría costando a Cornejo los votos que necesita para ser alcalde de Lima, y obviamente, luego de no mucha reflexión respondí de una manera afirmativa a esta pregunta: A Enrique Cornejo sí le está costando votos el presentarse por el APRA.

Sé que muchos dirán que a pesar de que Cornejo perteneciera a otro partido igualmente no podría ganarle a Castañeda (que tiene una intención de voto de 50% aproximadamente), y que sería indiferente si Cornejo participaría con el APRA o no, debido a que los resultados de estas elecciones ya están dadas desde que se supo que Luis Castañeda postularía a la alcaldía. Sin embargo, puedo decir que debido a la manera en la que viene ejecutando Cornejo su campaña, posiblemente si le hubiera podido dar batalla a Castañeda si perteneciera a otro partido. Pero como no existen los “hubiera”, hay que hablar de lo que está pasando con Enrique Cornejo ahora. Él está sufriendo en carne propia el desprestigio de los partidos políticos tradicionales: en las encuestas ve reflejado como su 3% no aumenta a menos veinte días para las elecciones municipales y regionales; y sobre todo, está viendo cómo Lima está perdiendo la gran oportunidad de tener un alcalde capaz y preparado para gestionar la ciudad por la falta de confianza en la que están sumergidos los grandes partidos políticos.

¿Entonces qué se debe hacer para que este tipo de eventos se eviten, y realmente un gran candidato no se vaya por la borda si se presenta por un partido tradicional? Bueno, la respuesta es sencilla y ya la presentó el JNE (Jurado Nacional de Elecciones), la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) y RENIEC (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil)  el año pasado a la comisión de constitución del Congreso: La Reforma Electoral y Política. Dentro de esta reforma, se contemplan diversos asuntos, como por ejemplo, la unión de las doce leyes electorales en un solo código electoral, así como la modificación del proceso de revocatoria en la Constitución Política del Perú, y también el famoso “financiamiento a los partidos políticos”.

Con el financiamiento estatal de los partidos políticos, se busca que estos puedan institucionalizarse y fortalecer su participación en la vida política del Perú. Sin embargo, para lograr el financiamiento “pleno”, esta reforma busca que los partidos sean financiados sin que estén atados a la condición de si el presupuesto nacional alcanza o no para hacerlo, ya que con esta condición nunca han sido y van a ser financiados; por ejemplo, ya ha pasado un gobierno (el de Alan García) y otro que está en curso (el de Ollanta Humala), en el que hasta el momento no se los ha financiado a pesar de estar la norma en vigencia.

Pero realmente por qué es importante el financiamiento estatal a los partidos políticos: Es esencial; primero, para que haya más transparencia en los partidos, ya que al recibir dinero del Estado, van a ser fiscalizados por este; y por tanto, al no depender de dinero adicional van a ser menos propensos a los intereses particulares que los financian en las campañas. Segundo, los partidos van a ser más cohesionados debido a que ahora el dinero que ingresa a los partidos irá directamente a ellos, y ya no va a pertenecer a los candidatos; de esta manera, en lugar de competir entre compañeros del mismo partido se va a buscar crear una idea de comunidad en el partido.

Tercero, parte de este financiamiento estatal va a obligar a los partidos a que cumplan con las elecciones democráticas internas o elecciones primarias; de esta forma, el candidato del partido va a ser aquel que sea elegido por la mayoría del partido y no va a ser el que tenga más dinero para financiar su campaña. Cuarto y último, con el dinero estatal los partidos podrían organizarse de una mejor manera, es decir, tendrían una base administrativa y logística que los ayudaría a mantener un local central y varios locales al interior del país, y así, al tener asegurado los locales, realizar cualquier actividad para organizar a los militantes y realizar eventos para la comunidad. Después de todo, el financiamiento a los partidos es una manera de formalizarlos, y obligarlos a que trabajen por la democracia en el país.

Por último, puedo decir que si los partidos políticos estuvieran institucionalizados; además, si fueran transparentes, y tuvieran bases a nivel local y provincial para que puedan difundir sus ideas y propuestas más fácilmente, más gente se atrevería a votar por sus candidatos; y esta vez, como está sucediendo en Lima, candidatos como Enrique Cornejo y sus propuestas tuvieran la posibilidad de llegar a la gente con mucho mayor facilidad, ya que el internet y las redes sociales en Perú no bastan. No sé qué espera el congreso para debatir este proyecto de ley en el pleno que ya ha sido aprobado por la comisión de constitución el año pasado. Esperemos que sea pronto.

*Como cherry, y debido a que estamos en periodo electoral y he visto que muchos señores periodistas y columnistas hacen pública su opción política, me he visto en la obligación de hacerlo: votaré por Enrique Cornejo a pesar de que sea aprista, porque su plan de gobierno2 es el mejor para Lima; y también, porque no creo que se necesita robar para hacer obras, y sobre todo porque LA MORALIDAD NO SE SACRIFICA POR LA EFICACIA. Así que a chequear aunque sea los planes de gobierno resumidos en entrevistas amigos que leen ¡Tintero

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1 http://www.larepublica.pe/columnistas/que-sabe-nadie/la-soledad-de-cornejo-11-09-2014

2 http://200.48.102.67/pecaoe/05PLANES/2014/f8587972502829497639.pdf

 

La educación superior: pensando a futuro

Ingrid Salas

Por: Ingrid Salas Cuba

La Educación en el mundo de hoy ha ido adquiriendo mayor valor y es uno de los principales factores para el desarrollo nacional; asimismo, genera beneficios sociales y económicos importantes a nivel individual y colectivo, por lo tanto, debe constituirse como eje generador del bienestar social de cualquier país.

Actualmente, se ha podido evidenciar que en el Perú, la probabilidad de ser pobre, en relación con el nivel educativo, disminuye de un 68% a un 11%1; la protección contra la pobreza podría referirse a alcanzar la inclusión social y movilización social mediante la educación, implicando finalmente el desarrollo del capital humano.

El plan de gestión institucional del PRONABEC del Ministerio de Educación 2012 – 2016, detecta así tres puntos causales claves que limitan el acceso, permanencia y culminación de estudios de educación superior: Barreras económicas que limitan las oportunidades de estudios superiores a egresados de secundaria y profesionales. De acuerdo con las estadísticas más recientes de la ENAHO – 2010 se puede destacar que el 78% de los jóvenes de menos recurso de la población no pueden acceder a estudios superiores. Esto lo revalida la Primera Encuesta Nacional de la Juventud Peruana 2011, comprobando que para el 61.7% de la población, una de las razones principales de la no concurrencia a una institución de educación superior se debe a problemas económicos y de trabajo, de tal manera se reitera que la barrera principal para el acceso a la educación superior en el Perú es económica.

El siguiente punto identificado es Aprendizajes insuficientes de los egresados de secundaria de escasos recursos que afectan su desarrollo integral. Estas son restricciones de largo plazo que, desafortunadamente, se encuentran relacionadas con el entorno familiar (consideramos aquí a el nivel de educación alcanzado por los padres) y la calidad de la educación básica recibida (refiriéndonos a la brecha que existe entre la educación recibida en secundaria y primaria y la exigida por los centros superiores). Es claro que el problema de muchos estudiantes se encuentra en su formación básica primaria e inicial; no se  puede exigir algo que no se ha enseñado.

Y por último se identificó el problema de Políticas desarticuladas para la promoción y apoyo al alto rendimiento académico, evidenciado en término de becas otorgadas, restricción presupuestaria, dificultad para su administración y baja cobertura regional. Determinado por la mínima cobertura evidenciado en cifras en el periodo del 2009 hasta el 2011 con tan solo 1490 becas otorgadas para una población de más de 8 millones (población joven de 15 a 29 años), la que representan el 27,2% de la población total del país.

Necesitamos objetivos precisos que permitan un cambio integral en la calidad de la educación. Sería ideal una reforma estructural de las instituciones educativas desde el preescolar y primario. Atendiendo problemas como la mala calidad de la docencia y la pertinencia curricular, para decirlo en otras palabras, que los temas que se imparten en aulas sean los necesarios  para poder alcanzar un nivel de educación que la sociedad requiere, debiendo desarrollar así estándares de calidad pedagógica y de gestión educativa.

También es importante reconocer los logros que el gobierno peruano ha tenido; existe un aumento en el número de becas otorgadas con respecto a los años anteriores, esto se debería a el cambio de institución encargada de su gestión (Periodo: 2007 al 2012 OBEC), actualmente dirigida por el PRONABEC.

Otro punto en el que se está avanzando, está referido a la importancia de la educación en la primera infancia, en respuesta a la necesidad ampliar la cobertura, el Estado está invirtiendo tanto en infraestructura como en la contratación de docentes titulados; igualmente, se está trabajando con los gobiernos regionales, fijándose metas y teniendo en cuenta la capacidad de gestión de la misma región.

No puedo dejar de mencionar la reciente aprobación de la Ley universitaria, este cambio de timón como lo mencionan muchos otras personas, que se encuentra fundamentado en que el nivel de la calidad universitaria frente al mundo es bajo, y , por ello, los parámetros fijados por la ley son más exigentes para alumnos y docentes.

De ahí que, es necesaria la mejora en la gestión educativa descentralizada del país, la cual se oriente al logro de resultados. Por tal motivo, debe seguir un sentido intercultural, ya que las dimensiones culturales son enclaves para entender el impacto que consiguiera el programa.

Ahora bien, se debe de brindar más apoyo a la excelencia, el acceso a las becas y créditos otorgados, ya que los estudios cuantitativos de los últimos años reflejan un aumento en cuanto a cobertura. En la coyuntura, la educación constituye una inversión muy productiva, valiosa en lo económico y prioritaria en lo social.

En suma, una sociedad más educada genera mayor desarrollo para su país. El Estado peruano debe promover líneas de acción que produzcan cambios significativos a largo plazo; no podemos aceptar que cada cambio de gobierno signifique perder lo que se avanza. Como estudiante soy parte del cambio, cambio que debería ser un compromiso de todos.

 

 

 

 

 

 

Participación Ciudadana y Políticas Públicas: Una buena combinación

Andrea Silva

Por: Andrea Silva Villegas 

La participación ciudadana en una democracia es la máxima expresión de la soberanía del pueblo, y también es uno de los principales factores que hacen que un Estado sea más justo e igualitario, y menos cerrado a la sociedad. En el caso del proceso de políticas públicas, la participación ciudadana es importante debido a que ayuda a obtener un diagnóstico más realista y acertado sobre el problema que se quiere atender. Esto, debido a que el Estado registra de primera mano las opiniones de los ciudadanos respecto al problema público. Este conocimiento bastante realista sobre el problema, es lo que le permite al Estado hacer un diseño adecuado de la política pública para los diferentes contextos en los que vive el ciudadano peruano.

Asimismo, el involucramiento del ciudadano en el diseño de la política hace que el proceso de implementación de la misma sea mucho más efectivo, debido a que los ciudadanos están comprometidos con ella porque participaron desde sus inicios. Por otra parte, la participación ciudadana ayuda a darle más trasparencia al proceso de políticas públicas, ya que los funcionarios públicos al estar más cerca de la mirada del ciudadano, sienten un tanto de presión para actuar bien y evitar actos de corrupción. Además, otro rasgo importante de la participación, es que genera o fortalece una idea de comunidad, lo que a la larga ayuda a tener una sociedad civil organizada.

Para aterrizar las ideas anteriores, a continuación  desarrollo de forma breve el caso de una política educativa local exitosa basada en un enfoque participativo ejecutada por la Municipalidad de Ventanilla:

Después de que fuera aprobado el “Plan Piloto de la Municipalización de la Educación” en el año 2006, la Municipalidad de Ventanilla se encargó de elaborar un modelo de escuela que encajara con las necesidades y la situación del distrito. Para diseñar el modelo, la secretaría técnica de educación de la municipalidad se encargó de reunir a todos los actores involucrados en la educación de Ventanilla. Se reunieron los directores y maestros de los colegios, los alumnos, los padres de familia, los especialistas de diferentes ONG como Unicef, Caritas Graciosas, Plan internacional, entre otras, y la Municipalidad de Ventanilla. Sin embargo, de todos los participantes, la voz de los alumnos era la más importante, ya que estos eran los principales beneficiarios de la política. Por ello, la secretaría técnica decidió organizar talleres con alumnos en diversos colegios para obtener información sobre cuál era el tipo de escuela que estos querían. De esta manera, el modelo de escuela que se creó fue en sustancia una expresión de lo que los niños deseaban para su educación.

El modelo que surgió fue llamado por los alumnos “Escuelas Felices e Integrales” (EFI), el cual está basado en un enfoque de derechos, en este caso, los del niño y el adolescente; y además, en una educación que prepare a los alumnos para la vida. Sin embargo, lo más interesante de esta política es el hecho de que la participación de los niños haya ido más allá del diseño, y que se le haya tomado en cuenta  para las otras partes de la política como la implementación y el monitoreo de la misma. Por ejemplo, los alumnos participan en asambleas en sus colegios para discutir y compartir ideas sobres cómo se puede mejorar el modelo de escuela feliz e integral aún más. Asimismo, los alumnos se han vuelto fiscalizadores del cumplimiento del modelo en sus escuelas, algo que no estaba visto en el diseño de la política.

Para terminar con el ejemplo, vale decir que las “Escuelas Felices e Integrales” han comenzado a cambiar la educación en Ventanilla, lo cual se ve reflejado en las evaluaciones censales de estudiantes consecutivas de los años 2011 y 2012, en las cuales Ventanilla ha mejorado sus resultados1. Asimismo, cabe mencionar que Ciudadanos al Día le otorgó a la Municipalidad de Ventanilla en el año 2010 el primer premio en la categoría de “Buenas prácticas en Gestión Pública” por el modelo educativo EFI.

Sin embargo, a pesar de las virtudes que pueda tener la participación ciudadana en el proceso de políticas públicas como hemos visto en el ejemplo anterior, aún hay personas que creen que no se puede escuchar a todas “las voces del pueblo”, ya que sustentan que eso prolongaría la producción de políticas, ya que el ciudadano necesita soluciones rápidas a sus problemas. No obstante, si bien es cierto que la producción de políticas se puede demorar un poco cuando se pretende escuchar a los ciudadanos, tampoco es que se prolongue demasiado, debido a que gracias al proceso de descentralización del Estado (a pesar de los cuestionamientos que ha recibido últimamente), los gobiernos regionales y locales atienden diversos temas de manera mucho más rápida que el gobierno central, ya que al estar los gobiernos sub nacionales más cerca de los ciudadanos política, económica y administrativamente, tienen muchas más facilidades que el gobierno central para atender las demandas de los ciudadanos. Así que no hay excusas para no hacer políticas públicas con un enfoque participativo, lo único que se necesita es voluntad política y capacidad técnica2.

Para finalizar, puedo decir que en el Perú las políticas públicas necesitan ser construidas desde abajo, con los ciudadanos, y no exclusivamente en oficinas. El Estado Peruano para romper con esta imagen de un estado retraído e ensimismado, debe comenzar a fortalecer los mecanismos de participación existentes y promover otros nuevos. Si el Estado promueve y respalda la participación ciudadana, las políticas públicas, como se dice coloquialmente, “serían otra cosa”.

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1http://www2.minedu.gob.pe/umc/ece2012/informes_ECE2012/Difusion/Encartes_regionales/INFORME_ECE2012_Callao.pdf

2 Dos temas nada sencillos de lograr.

El proceso de la modernización de la gestión del Estado: Doce años

MERYBET

 

Por: Merybet Morales Espino

En el caso del Estado Peruano, el proceso de modernización inicia en el año 2002, con la aprobación de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, que declara al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la Gestión Pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano.

El principal objetivo es que el Estado se dedique a servir al ciudadano. Por ello,  la modernización debe entenderse como un proceso de construcción de un modelo de gestión institucional orientado a la generación de resultados. A fin de ordenar que el proceso sea para toda la administración pública se creó el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, cuya rectoría -coordinación y dirección- es ejercida por la Presidencia del Consejo de Ministros–PCM, quien deberá formular, aprobar y ejecutar las políticas nacionales de modernización de la Administración Pública y las relacionadas con la estructura y organización del Estado, así como coordinar y dirigir la modernización del Estado.

La PCM, en su calidad de responsable de conducir el sistema administrativo de modernización de la gestión pública y de asegurar su implementación, aprobó mediante Decreto Supremo Nº 109-2012-PCM, la Estrategia de Modernización de la Gestión Pública, como un documento de gestión interna, en el cual conceptualiza el Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública, como el “conjunto de elementos organizados y relacionados que interactúan para asegurar permanentemente, una gestión pública eficaz y eficiente, que genere valor añadido para el ciudadano mediante procesos de transformación. En buena cuenta, un sistema de mejoramiento continuo, constituyendo el elemento central las entidades que conforman el Estado peruano[1]”.

Bajo esta lógica, se entiende que la propuesta adoptada por la Secretaría de Gestión Pública (SGP) de la PCM, es que el proceso de modernización de la gestión del Estado se desarrolle bajo una estrategia de transformación gradual y ordenada, que acerque a las instituciones a una lógica funcional y a una gestión por procesos.

A fin de guiar tal transformación, la Secretaria de Gestión Pública de la PCM, como órgano rector, impulsó la aprobación del Decreto Supremo N°004-2013-PCM que aprueba la “Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (PNMGP)”, con el objetivo de orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas el proceso de modernización hacia una gestión pública para resultados que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país.

En este sentido, la PNMGP representa el principal instrumento orientador de la modernización de la gestión pública en el Perú, y está dirigida a todas las entidades públicas del Poder Ejecutivo, Organismos Autónomos, así como a los Gobiernos Regionales y locales, en tanto identifica la importancia de asegurar que todas las entidades de los tres niveles de gobierno actúen de manera articulada y consistente en dirección de mejorar el desempeño general del Estado en el servicio a sus ciudadanos. Asimismo, su importancia radica en que define el marco conceptual que sirve como guía en el proceso de conducir a las Entidades hacia un nuevo modelo de “Gestión Pública”, que permita obtener mejores resultados en la provisión de bienes y servicios a los ciudadanos.

Sobre dicho marco conceptual se han definido cinco pilares centrales: (i) Políticas Públicas, Planes Estratégicos y Operativos; (ii) Presupuesto para Resultados; (iii) Gestión por Procesos, Simplificación Administrativa y Organización Institucional; (iv) Servicio Civil Meritocrático; y (v) Sistemas de Información, Seguimiento, Monitoreo, Evaluación y Gestión Del Conocimiento; mientras que los ejes transversales son: (i) Gobierno Abierto; (ii) Gobierno Electrónico; y (iii) Articulación Institucional.

Como se observa, el proceso de modernización de la gestión pública es un esfuerzo relativamente reciente en el Perú, que responde a aquel de reforma del Estado, debido a que incluye cambios sustanciales en los instrumentos, herramientas y reglas que enmarcan el vínculo del Estado con los trabajadores del sector público, y, sobretodo, en la forma mediante la cual éste se organiza para relacionarse con los ciudadanos, atender sus demandas y garantizar sus derechos básicos.

Bajo el contexto señalado, es preciso señalar que si bien existe un marco normativo e institucional sobre la modernización, aún existe una deficiencia respecto a la implementación de la misma, dado que se hace necesario que cada Entidad diseñe de mecanismos, instrumentos y actividades dadas su naturaleza en pro de que cuenten con un gobierno moderno.

Más allá del escándalo: el caso de La Oficina Nacional del Gobierno Interior (Onagi)

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Por: Pamela Ventura

Durante la última semana, la Oficina Nacional de Gobierno Interior (Onagi) ha estado en el ojo de la tormenta política debido a los diversos cuestionamientos y denuncias a la gestión  de su actual jefa, Dacia Nena Escalante, ex congresista nacionalista. Entre las principales acusaciones está la que atribuye actos de proselitismo político a los gobernadores con fondos públicos[1], lo cual desencadenó la puesta en relieve de varias deficiencias de la Institución, así como la evaluación de permanencia de Escalante. Por otro lado, la oposición –fujimorista y aprista- se ha pronunciado con dos proyectos de ley que buscan modificar las funciones de la Onagi, en un caso; y desactivarla, en el otro.

Ante esta situación, la referida jefa de Onagi fue consultada por el diario El Comercio, obteniendo la siguiente declaración: “No es que no quiera responder, lo que pasa es que soy muy creyente y estamos en Semana Santa”[2]. Ahora bien, es evidente que en los próximos días Escalante tendrá que ofrecer una respuesta más contundente sobre la veracidad o falsedad de las acusaciones, basada en el informe completo solicitado por el  ministro Albán. Mientras tanto, el presente artículo desarrollará un breve análisis de la Onagi, con la finalidad de ver más allá de la agitación política y enfatizar su importancia como Institución.

La Oficina Nacional de Gobierno Interior (Onagi) tuvo como antecedente a la Dirección General de Gobierno Interior (DGGI), unidad dependiente del Ministerio del Interior. Sin embargo, se argumentó que esta estructura limitaba el desarrollo de sus funciones, al no tener autonomía para responder adecuadamente a las demandas de la población. Por lo tanto, el 10 de diciembre del 2012 se creó la Onagi mediante Decreto Legislativo 1140, con la finalidad de otorgarle autonomía ejecutora y fortalecer el gobierno interior a partir de la presencia estatal en todo el territorio nacional[3].

Lo anterior es importante, pues el carácter autónomo de la Onagi lo absuelve de la rendición de cuentas que antes tenía como DGGI, el cual dependía orgánicamente del Ministerio del Interior como unidad de línea. Esto ha generado malestar en cuanto a la transparencia de su gestión, causando daños a su imagen institucional. Y el efecto se multiplica, al considerar el incremento presupuestal que obtuvo durante este gobierno con respecto al de Alan García, el cual comprende de S/. 46 a S/. 84 millones aproximadamente[4], generando suspicacias por parte de la oposición.

Sin embargo, cabe resaltar que las funciones de la Onagi también han aumentado, en tanto tiene como competencia colaborar en la implementación de programas sociales, especialmente en las zonas donde el único representante del Estado es la autoridad política designada. En ese sentido, muchos gobernadores contribuyen con el modelo de cogestión de los programas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), lo cual garantiza el alcance del Estado en las zonas de mayor vulnerabilidad y contribuye a la articulación entre los actores que participan de los programas sociales, así como de la fiscalización de los mismos.

Así, las funciones de la Onagi son las de brindar seguridad jurídica a través del otorgamiento de garantías para mantener el orden público. Además, colabora con la gobernabilidad y el seguimiento y ejecución de Políticas Nacionales. Por ende, dada su implicancia, corresponde un manejo responsable de sus recursos, el cual se ha visto cuestionado en los últimos días. Y más allá del debate si Escalante depende de Nadine o si debería o no desactivarse la Oficina, es imperante el fortalecimiento de la política pública que la subyace.  También es necesaria la fiscalización de su funcionamiento pero sin dejar de lado el compromiso de perseguir su misión como Institución, sea con ese nombre o con cualquier otro.

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[1]“Escalante en manos de ministro Albán”. Perú 21. Consulta: 20 de abril de 2014.

[2]  “Bancadas de oposición coinciden en que se debe desactivar la Onagi”. Diario El Comercio. Consulta: 20 de abril de 2014.

[3]Dentro de los objetivos de la Onagi se encuentran los siguientes:

  • Fortalecer la presencia del Estado a nivel nacional a través de las autoridades políticas designadas.
  • Velar por la legalidad de las promociones comerciales, rifas con fines sociales y colectas públicas, a fin de prevenir el abuso contra la buena fe de la ciudadanía.
  • Implementar, desarrollar y fortalecer las capacidades y competencias de las autoridades políticas designadas.
  • Fiscalizar, controlar y sancionar a las personas naturales y jurídicas infractoras dentro del ámbito de su competencia.
  • Fortalecer institucionalmente a la organización, en términos de gestión, eficiencia y eficacia.

<http://www.onagi.gob.pe/portal/?controlador=menu&accion=detalle&id=8&gt;

[4] < http://elcomercio.pe/politica/gobierno/presupuesto-gobernadores-casi-se-triplico-ano-noticia-1722558?ref=nota_politica&ft=mod_leatambien&e=titulo >

Promoviendo la transparencia en la gestión pública: El “Plan de Acción de Gobierno Abierto”

FABIOLA

Por: Fabiola Casaretto

La transparencia en la administración pública de nuestro país  es un asunto que siempre ha sido de interés de los ciudadanos. En efecto, la búsqueda de la transparencia en la gestión pública, en términos de una actuación óptima por parte de las entidades estatales, ha sido, recurrentemente, objeto de discusión. Ahora bien, como señala Elsa Bardález[1], muchas veces, debido a los numerosos casos de inconducta y mal manejo de recursos públicos, la percepción que se tiene del Estado en la ciudadanía no siempre es la más positiva. No obstante, a mediados de los años 70’s, se han venido promoviendo nociones como “apertura”, “participación” y “transparencia” en el espacio político europeo; lo cual condujo a una nueva visión sobre el acceso a  información pública  por parte del ciudadano. Visión que tenía como objetivo la  definición de la capacidad de los ciudadanos para evaluar las medidas que se adoptan desde el Estado.

En el caso latinoamericano, se presentan ciertos avances en relación a legislación sobre el derecho de acceso a la información pública para incrementar los niveles de transparencia del Estado, lo cual iniciaría un proceso hacia una cultura de apertura en la gestión pública; sin embargo, este debiera constituir la regla, más que la excepción[2]. Actualmente en nuestro país, al encontrarnos en un contexto en el que se reconoce el crecimiento de la economía peruana y se promueve un proceso de modernización de la gestión pública,  parece resurgir  el debate sobre la posibilidad de tener un Estado capaz que responda satisfactoriamente a las  demandas de la ciudadanía.  Un debate que estaría  presente en la literatura sobre gestión pública,  y que iría adquiriendo forma con la iniciativa de promover la transparencia pública desde la actual gestión gubernamental. Ahora bien, lo que cabría indagar es el cómo. En ese sentido, el análisis se centrará en una de las medidas a implementar en el presente período de gobierno: “El Plan de Acción de Gobierno Abierto[3]”.

Hacia inicios de octubre del presente año, por motivo de la conmemoración del  Día Mundial del Acceso a la Información Pública que se llevaría a cabo el 28 de setiembre, la  Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), por medio de la Secretaría de Gestión Pública, presentaría los avances que se están produciendo en torno a las buenas prácticas de gobierno abierto. Esta iniciativa, según dicha institución, está orientada a disminuir las posibilidades de corrupción dentro de las entidades del Estado; así como a promover un mayor nivel de transparencia en las mismas.  Dentro de la estrategia de gobierno abierto, podríamos situar la necesidad de facilitar el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos, a través de la implementación del gobierno electrónico en las entidades estatales; así como la promoción de la participación ciudadana, entre otros.

En efecto, la implementación del “Plan de Acción de Gobierno Abierto” constituye un intento por aumentar la integridad de la función pública; no obstante se sabe que, como todo proceso, sus resultados se percibirán en un largo plazo. Por eso, es necesario tomar en consideración dos aspectos claves: en primer lugar, la capacitación a los servidores públicos debido a que, en la realidad práctica, se presenta un gran déficit en materia de transparencia y acceso a la información. Por otro lado,  se debe hacer énfasis en la difusión del derecho de acceso a la información pública para incentivar a los ciudadanos a ser críticos,  en términos constructivos, de los servicios que se le brindan.

Como se sabe , iniciar un proceso de dicha magnitud tomará tiempo; sobre todo, teniendo en cuenta que se centra en el punto más crítico de la función pública en nuestro país;  sin embargo,  dicha iniciativa resulta positiva en la medida en que se orienta hacia una meta principal: Fortalecer los vínculos entre la ciudadanía y el Estado mediante una mayor transparencia  en la gestión pública   ; lo cual, a su vez, permitirá cambiar   en cierta medida  la percepción negativa  que se tiene de esta. No será fácil; sin embargo, constituye un cambio progresivo en tanto se presenta como una  nueva forma de hacer gestión pública en el Perú.

 

Se recomienda:

Consorcio de Investigación Económica y Social CIES

(2011)  La investigación económica y social en el Perú: Balance 2007 – 2011 y agenda 2012 – 2016

Ramírez. Alujas, Álvaro

(2011)  Gestión Pública: Tendencias actuales y el (inevitable) camino que viene. Reflexiones finales


[1]  Bardález, Elsa. (2011).  Gobernabilidad, corrupción y transparencia. En: La investigación económica y social en el Perú: balance 2007 – 2011.  Editorial CIES

[2] Se puede hacer referencia a los casos de Chile y Uruguay, países que cuentan con legislación en la materia (Ramírez, Álvaro, 2010).

[3]  Cabe señalar que el “Plan de Gobierno Abierto” se inserta dentro de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership), que es un acuerdo al cual se suscribe nuestro país en el año 2011. Entre sus principales objetivos  figura la necesidad de constituirse  como  un esfuerzo conjunto, entre diversos países,  para mejorar el desempeño de la gestión pública en los mismos.

“La cooperación internacional, el principal aliado de los programas sociales del MIDIS”

ELENA

Por: Elena Martínez

Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): “La Cooperación Internacional es la relación que se establece entre dos o más países, organismos u organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de alcanzar metas de desarrollo consensuadas” [1]

En el 2011, con la instauración del Gobierno de Ollanta Humala, se creó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), el cual tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza, así como promover el ejercicio de sus derechos, y el desarrollo de sus propias capacidades [2]. Una de las estrategias utilizadas por este Ministerio ha sido, entre muchas, coordinar con diversas entidades nacionales e internacionales, a través de convenios y acuerdos bilaterales. Estos compromisos, legitimados por ambas partes, revelan la importancia de la cooperación internacional en la ejecución de los programas sociales.

No obstante, en el caso peruano, la cooperación internacional viene siendo un aliado permanente desde el 2001, cuando el gobierno de Alejandro Toledo decidió replantear su gestión. Entre los nuevos planteamientos del Gobierno estuvo promover la cooperación internacional como un aliado para su nueva visión de lucha contra la pobreza y fortalecimiento de la democracia. Para tal fin, se creó la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) [3].

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por el Estado para atraer la cooperación internacional, el crecimiento sostenible vivido en los últimos años, ha ocasionado que se nos califique como un país de medianos ingresos, lo que supone que el Perú ya no clasifica para la ayuda económica de los organismos financieros más importantes a nivel mundial [4]. Ante esta situación, las autoridades peruanas argumentaron que el Estado aún necesita de la cooperación internacional para disminuir los índices de pobreza [5], los cuales se reflejan en los Resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar–ENDES 2012, donde la anemia infantil llega al 32,9% y la desnutrición crónica infantil al 18,1%, ambas a nivel nacional [6]. Estos argumentos permitieron que el MIDIS siga contando con el apoyo de las entidades de la cooperación internacional.

Entre los tipos de cooperación que recibe el MIDIS, encontramos la  cooperación financiera y la cooperación técnica. La primera puede ser reembolsable, cuando se brinda apoyo a los países en vía de desarrollo a través de préstamos con facilidades, como intereses bajos, periodos de gracia y amplios plazos de pago; además, puede ser no reembolsable cuando se destinan recursos financieros sin exigir el reembolso de los mismos. Mientras la segunda, se lleva a cabo mediante la transferencia de conocimientos, habilidades y experiencias.

Respecto a la cooperación técnica, el MIDIS tiene el Convenio de Cooperación Técnica Internacional con el PNUD [7], y el Memorándum de Entendimiento con ONU MUJERES, el cual tiene como propósito proveer asistencia técnica para la incorporación del enfoque de género en los procesos, sistemas e iniciativas del MIDIS [8]. También, resalta el Acuerdo Marco de Cooperación Interinstitucional con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, que consigna en su Tercera Cláusula – Roles del PMA, apoyar el desarrollo y fortalecimiento de capacidades de los programas alimentarios del MIDIS para una gestión más eficiente, como fundamento de la estrategia de asistencia técnica del PMA al Perú [9].

De acuerdo a lo presentado se puede concluir que la cooperación internacional es  un actor vital en el desarrollo de los programas del MIDIS, brindando apoyo técnico y financiero. Considerando que a pesar que los índices de pobreza en los últimos años se redujeron, aún no se logra erradicar la pobreza y la exclusión social en el país [10].

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[1] Información extraída del sitio Web del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (IDH-PNUD), “Informe sobre Desarrollo Humano”, en línea en

http://www.undp.org/spanish/

[2] Página oficial del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).

http://www.midis.gob.pe/index.php/es/nuestra-institucion/sobre-midis/quienes-somos

[3] Página oficial de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI)

http://www.apci.gob.pe/informacion.php?TIPO=Quienes

[4] Análisis del economista Pablo Secada sobre las declaraciones del Bill Gates.

http://peru21.pe/2012/02/23/economia/peru-ya-no-necesita-ayuda-internacional-como-afirma-bill-gates-2013093

[5] -Manifestaciones de Julio Velarde, Presidente del Banco Central de Reserva (BCR)

http://elcomercio.pe/economia/1391005/noticia-peru-aun-necesita-ayuda-internacional-afirmo-presidente-bcr

-Manifestaciones de Miguel Castilla, Ministro de Economía y Finanzas (MEF)

http://noticias.terra.com.pe/nacional/castilla-a-gates-peru-aun-necesita-ayuda-internacional,810a56c5d09f5310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html

[6] Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES 2012.

http://desa.inei.gob.pe/endes/

[7] [8] [9] Los convenios que realiza el MIDIS se pueden descargar en su página web, en la pestaña de Convenios.

http://www.midis.gob.pe/index.php/es/transparencia-planeamiento-y-organizacion/convenios-del-midis

[10] Evolución de la Pobreza Monetaria en el Perú.

http://www.inei.gob.pe/DocumentosPublicos/Pobreza_ExposicionJefe2013.pdf

 

La tuberculosis en el Perú: Una respuesta intersectorial para una enfermedad multicausal

 FABIOLA

Por: Fabiola Casaretto

Hoy en día nuestro país es considerado, por muchos,  como un modelo de manejo macroeconómico para la región. En efecto, una tasa de crecimiento económico por encima del 6% en la última década[i], ha alimentado nuestro entusiasmo. Sin embargo, cabría hacernos algunas preguntas; sobre todo, en lo referente a mejoras en las condiciones de vida de la población: ¿se podría decir que  el Perú tiene una situación envidiable en términos de salud pública? En caso de que sea así, ¿por qué presentamos una de las tasas más altas de morbilidad e incidencia de tuberculosis en América Latina[ii]?

Para responder las preguntas planteadas, el  presente artículo, intentará evidenciar la importancia de comprender la Tuberculosis (TBC) como  una enfermedad social que puede ser abordada de manera integral y sistémica como en el caso de la Municipalidad de La Victoria en su Plan TBCero – La Victoria. Esta explicación nos permitirá: 1) saber cuáles son los límites del enfoque biomédico para la prevención y el control de la TBC y, 2) reconocer  la necesidad de elaborar políticas de salud pública centrada en los determinantes sociales de la salud (DSS).

La tuberculosis, como  señala Luis Tafur, es una de las enfermedades que más afecta a las grandes ciudades. De hecho, en Lima Metropolitana, dicha enfermedad es uno de los primeros problemas de salud pública de origen infeccioso[iii]. En el año 2009 se produjeron un total de 33169 casos notificados como morbilidad, más 1856 casos de TB – MDR (tuberculosis multidrogo resistente), de los cuales un 56% fueron reportados en Lima y el Callao, aproximadamente 20 mil casos por año. Más aún, según la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis del Ministerio de Salud (ESNPyCTB/MINSA), hasta abril del 2011 se han reportado un total de 334 casos de TB – XDR (tuberculosis extremadamente- resistente), concentrándose el 93% en Lima y Callao; situación que nos posiciona  como el país con mayor número de casos reportados en América Latina. Estos índices deberían alarmarnos; teniendo en cuenta que solo  podríamos compararnos  con países como Haití y Bolivia en lo que se refiere a mayor incidencia de tuberculosis en América Latina[iv].

No obstante, las políticas públicas de mitigación propuestas desde el año 1942 con el Plan de Prevención de la TBC  basaron sus intervenciones en el enfoque biomédico que, al priorizar el  tratamiento individual de la enfermedad, no permitía un abordaje de carácter socio político que asegurara la disminución del riesgo económico y social  en el grupo familiar. Para el año 1992, al reportarse más de 55 mil casos de pacientes con TBC, se pudo constatar que este enfoque  presentaba serias limitaciones en la lucha contra la TBC porque solo consideraba el tratamiento médico de los pacientes quienes,  una vez culminado el proceso, volvían a convivir con las mismas condiciones que permitieron que se desarrolle dicha enfermedad.

Es ante dicha situación que  en el año  1993,  por  recomendación de la OMS, se  incorpora el enfoque DOTS o TAES (tratamiento acortado estrictamente supervisado) mostrando resultados positivos en la lucha contra la TBC en América Latina y Centroamérica. Dicho enfoque cuenta, entre sus componentes principales, con un tratamiento normalizado y supervisado que permite brindarle apoyo constante al  paciente, compromiso político para garantizar una financiación aumentada y sostenida y un sistema eficaz de suministro y gestión de los medicamentos.  Por esa razón, como lo señala la Organización Mundial de la Salud, dicho enfoque sigue siendo el núcleo de la estrategia Alto a la TBC que, entre sus metas principales, pretende disminuir la tasa de incidencia de la TBC en el Mundo[v].

En el  Estado peruano se ha estado recibiendo apoyo del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, TB y Malaria (FM) desde el año 2003. Posteriormente, hacia el  año 2006 el presupuesto otorgado se triplicaría,  resultando un avance considerable[vi]. Sin embargo, a pesar de tener mayor presupuesto para adquirir medicamentos e insumos de laboratorio para garantizar una adecuada atención en los servicios de salud, el número de casos de TBC MDR y TB XDR nos muestran que el enfoque de intervención debe ser revisado.  De esta manera, es   en el marco de esta búsqueda por un  nuevo enfoque para abordar la tuberculosis,  donde podríamos situar al  Plan TBCero – La Victoria como una  innovación al adoptar un enfoque socio político e integral  basado en los determinantes sociales de la tuberculosis (DSS)[vii]

Uno de los casos que contiene este enfoque socio político de la TBC es el Plan TBCero de la MLV, en funcionamiento desde abril del año 2009 en la jurisdicción del Centro de Salud de San Cosme del distrito de La Victoria. Este, tomando en cuenta  los determinantes sociales de la tuberculosis presente en la zona como el empleo informal y precario, el hacinamiento y la tugurización, busca reducir la tasa de incidencia de la tuberculosis en un 30%, en un período de 5 años.

Para lograr la meta propuesta, La MLV reconoció que  el enfoque biomédico denotaba serias limitaciones para combatir la tuberculosis; tomando en cuenta que para el año 2008  dicha zona presentaba una tasa de Incidencia de 1028 por 100,000 habitantes, siendo, de ese modo, la más alta del país. Es así que La Municipalidad de La Victoria pone en práctica el enfoque socio político de la tuberculosis basado en los principios de la Atención Primaria de Salud y la Promoción de la salud, que consisten en proporcionar a las personas los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer mayor control sobre ella, con lo cual se pudieron lograr mejores resultados[viii].

En ese sentido,   las líneas estratégicas del Plan TBCero – La Victoria, a cargo de la Dirección de Salud Lima Ciudad (DISA V  – La Victoria),  siguieron una lógica sistémica que consistió en la incorporación de la estrategia DATOS (Detección, análisis y tratamiento observado socialmente)  que permite conjugar el enfoque biomédico y el socio político organizando los servicios de salud para incorporarlos a la comunidad en el abordaje sobre los determinantes sociales.  Esta estrategia, que se complementaría con la participación activa de los afectados,  tendría entre sus componentes  la Atención diferenciada por niveles, lo cual permitió una atención diferenciada  para la persona, familia y comunidad al basarse en una perspectiva de Atención Primaria de Salud que, según la OMS, es el núcleo del sistema de salud del país y forma parte integral del desarrollo socioeconómico general de la comunidad[ix].

De esa manera, la MLV tendría un rol protagónico en la lucha contra la TBC a nivel comunitario al  firmar un convenio marco con la Dirección de Salud Lima Ciudad (DISA V), para la implementación de  la Casa del Alivio en marzo del 2010. Entre las actividades realizadas en La Casa del Alivio figuran los talleres psicológicos grupales, la preparación de refrigerios nutritivos, talleres de sensibilización y sesiones educativas para prevenir la re – infección, contagio y/o abandono de los pacientes con TBC del Centro de salud San Cosme.

De ese modo, el accionar de la MLV podría situarse en el marco de los Planes Multisectoriales de Lucha contra la TBC, al facilitar la interacción entre la sociedad civil y las organizaciones de personas con tuberculosis  y promover una mayor continuidad de  las políticas de lucha contra la TBC[x].

Los resultados nos demuestran la efectividad del enfoque socio político de la TBC: Según la  DISA V Lima Ciudad – MLV, la Tasa de Incidencia de 1028 por 100,000 habitantes en el año 2008 disminuye a 784 por 100,000 habitantes para el año 2010[xi]. Todo esto producto de un enfoque socio político de la tuberculosis que, basándose en el carácter estructural de esta enfermedad, toma en cuenta  las condiciones que permiten el desarrollo de la misma.  Sobre este tema, el Plan Estratégico Multisectorial de la Respuesta Nacional a la Tuberculosis en el Perú (2010 – 2019), señala que la tuberculosis se debería de abordar con políticas públicas intersectoriales y articuladas que tengan en cuenta que la salud pública; más que un servicio a la ciudadanía, es un derecho humano.  En este contexto, en el cual los determinantes sociales son un caldo de cultivo para la tuberculosis, urge un accionar articulado entre los distintos sectores del Estado.


[i] Entrevista al Ministro de Economía Miguel Castilla en Gestión

Ver: http://gestion.pe/economia/castilla-al-nyt-nos-hemos-acostumbrado-al-crecimiento-sostenido-y-hemos-olvidado-ciclos-2074091. [Acceso el 20 de agosto de 2013]

[ii] Ver: Fuentes – Tafur L. Enfoque sociopolítico para el control de la tuberculosis en el Perú. Rev Perú Med Exp. Salud Pública. 2009;26(3):370 – 79

[iii] Ver: Situación de la TBC en el Perú, Reunión de Evaluación Nacional de la ESNPCT/MINSA, 2011

[iv] Ver: WHO. Multidrug and extensively drug –  resistant TB (M/XDR – TB) : 2010 Global Report  on Surveillance and Reponse

[v] World Heatlh Organization. The Stop TB Strategy. 2006

[vi]  Ver: Bonilla C. Situación de la tuberculosis en el Perú. Acta Med. Perú. 2008; 25(3): 163 – 70

[vii] Ver: Lalonde M. A new perspective on the Health of Canadian. A working document. Ottawa: Ministry of National Health and Welfare. 1974

[viii] Carta de Ottawa.  1986

[ix] Ver: Colegio Médico del Perú: Lineamientos generales de un programa para la prevención y el control de la tuberculosis en Lima Metropolitana. 2011

[x] Asalde, Cesar. Acta méd. Peruana v.25 n.3 Lima. 2008

[xi] Estrategia Sanitaria de Intervención y Control de la TBC. DISA V Lima Ciudad

Se recomienda :

  • Identificación de los determinantes sociales que influyen en la situación de la tuberculosis en el cerro San Cosme. [Informe en Internet]. Lima: 2009. [Acceso el 20 de agosto de 2013].

Ver: www.bvsde.paho.org/texcom/sct/047994.pdf

  • Ticona E. Tuberculosis: ¿se agotó el enfoque biomédico? Rev Peru Med Exp Salud Pública. 2009; 26(3): 273-75

 

Implementacion de Plan de Ordenamiento Vial: Fiscalizadores

MERYBET

Por: Merybet Morales

El presente breve artículo intenta ser una aproximación al estudio de la burocracia exterior del Plan de Ordenamiento Vial enmarcado en la Reforma de Transporte que busca solucionar uno de los problemas del transporte público en Lima. Asimismo, se busca explicar cómo estos actores no son simples ejecutores del diseño del plan, sino que han elaborado rutinas de implementación que no son necesariamente ilegales o contrarias a las normas pero facilitan la realización de su función de control.

La burocracia exterior del Plan se encuentra representada por los fiscalizadores de tránsito, distribuidos en los paraderos autorizados de las avenidas priorizadas, para la implementación del ordenamiento, por ejemplo, las avenidas Abancay, Tacna y Canadá. Desde la campaña electoral municipal, Susana Villarán propuso que Lima necesitaba un trabajo de regulación y planificación del transporte urbano más allá del tema de infraestructura vial para resolver los grandes problemas de transporte[1].

Desde inicios de su gestión, planteó mesas de diálogo entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y la Policía Nacional del Perú (PNP) para que se entablen propuestas de solución a los problemas del transporte público. En estas mesas de diálogo, surge la idea del Plan de Ordenamiento Vehicular para Lima con apoyo de la Secretaría Técnica del Consejo de Transporte de Lima y Callao quien propone elaborar un proyecto piloto (MTC, 2011).

El Plan de Ordenamiento Vehicular se observa como un sistema de control[2] que intenta evaluar las acciones y las reglas  de aquellos actores que proveen el servicio de transporte público en Lima Metropolitana. En base a ellas, los gestores del Plan plantean que lo mínimo que para tener una gestión de transporte eficiente  los conductores, cobradores e incluso las empresas, impulsen el respeto de las reglas de tránsito, las señalizaciones, los semáforos, los paraderos establecidos y las rutas que tienen asignadas.

En base a esas ideas la  Municipalidad Metropolitana de Lima  elabora un plan que consistió en seis ejes en uno de los cuales los fiscalizadores intervendrían distribuidos en lugares  estratégicos, a lo largo de las principales avenidas, para controlar el recojo y desembarque de los pasajeros por parte de los vehículos de transporte público. De acuerdo a esta idea, los fiscalizadores serían solo los ejecutores de este Plan. Sin embargo, en la práctica, los fiscalizadores no cuentan con un conocimiento extensivo de las reglas que deben hacer cumplir[3], es por ello,  que a pesar de que la ordenanza manifiesta un aproximado de 30 normas[4] que deben de fiscalizar sólo se fiscaliza algunas, entre ellas, la más importante es el respeto a los paraderos señalizados[5].

Sin embargo,  hay que entender que el respeto de los  paraderos es una tarea muy grande dado que el público (cobradores y choferes) al que aplica la normativa de ordenamiento de paraderos son los conductores de los medios de transporte público quienes, en la práctica, no cumplen con las normas dado que, en muchos casos, priorizan la necesidad de asegurar su ingreso del día dado que se encuentran  adscritos a empresas que no les brindan estabilidad laboral pero les exigen cumplir con un monto de entrega diario. (Vega Centeno,2012).

Además, a esto se une con la facilidad del uso de “la coima” como un mecanismo de negociación con el policía para evitar la multa reduciendo así hasta en diez veces el pago a realizar por la falta cometida. Sin embargo, en el caso de los fiscalizadores, a diferencia de la policía de tránsito, no se puede negociar porque no disponen de los mecanismos de sanción directamente, es decir, no cuentan con el uso legítimo de colocar sanciones.

A pesar de ello el uso de la estrategia como la toma de fotos que serán pruebas para posteriores sanciones de tránsito ha generado un poder simbólico, es decir, relación (chofer – inspectores) que esté basada en una creencia de autoridad dado que no se puede “negociar” con ellos las posibles sanciones quitándole la utilidad a la negociación es por ello que se puede visibilizar un cumplimiento de las normas de respeto de los paraderos más extensivo. Cabe resaltar que  esta práctica de respeto a los paraderos no se ha convertido en una práctica estable ya que cuando no están los inspectores el caos vuelve a reinar las principales avenidas.[6]

En conclusión, si bien la estrategia establecida a través de fiscalizadores de tránsito para el reordenamiento de las principales avenidas ha sido eficiente no logra ser estable dado que se siguen arrastrando problemas estructurales como la informalidad del sistema de transporte que limitan los avances hacia una verdadera reforma del transporte público.


[2] Mokate(2009): es un sistema de “seguimiento de las acciones que se evalúa y los productos de dichas acciones”

[3] Según un fiscalizador, solo tienen una capacitación al inicio de su contrato en donde se les entrega el listado de normas y se les dice cómo deberían aplicarlas.

[4] Ordenanza  N°1693

[5] Por diversos motivos los fiscalizadores señalan que no pueden cumplir con toda la normativa impuesta para el plan de ordenamiento vial. El más importante es la falta del acompañamiento policial. Fuente: Conversaciones Informales.

[6] Observación Participante en la Av. Tacna y Canadá.