La interculturalidad y las políticas públicas: Un ejemplo de avance lento

MERYBET

Por: Merybet Morales

Leyendo las noticias el día de ayer por la noche me encontré con una triste noticia. Se informaba del asesinato de cuatro nativos asháninkas a manos de madereros ilegales. Inmediatamente, los políticos no hacían esperar sus declaraciones condenando este execrable acto por parte, según los medios, de mafias que tienen intereses económicos en temas de tala ilegal.

“Nos avergüenza como sociedad” -decía el presidente en horas de la mañana; de otro lado, las asociaciones indígenas reiteraban un constante pedido al Estado Peruano “hacer valer el derecho de los nativos”. Bajo ese marco, se me abrió una interrogante: ¿hemos avanzado realmente?

En América Latina, la mayoría de países, ha tendido a realizar avances en acciones en pro las poblaciones indígenas como un modo de intentar adaptarse a su realidad de diversidad cultural que se ve expresada por la existencia de diversas comunidades nativas, indígenas y campesinas incluyendo las demandas de dicha población a las agendas políticas latinoamericanas revolucionando conceptos como “ciudadanía” y “estado”[1].

En ese sentido, las agendas políticas de los países han intentado responder a dichas demandas por inclusión y acceso hasta las de reconocimiento de derechos de autonomía. Entre las medidas más destacadas se encuentra la existencia de Estados Plurinacionales en Bolivia, y Ecuador, lo cual significa que se basan en una política de reconocimiento y construcción de un modelo de democracia no del carácter asimilacionista[2], sino que permita el reconocimiento de prácticas en la toma de decisiones colectivas que se apoyen en el diálogo y el consenso reconociendo así que las organizaciones indígenas cuentan con derecho a la libre determinación y al autogobierno este carácter plurinacional se encuentra respaldado mediante su Constitución.

Por otro lado, los demás países incluido el Perú, han avanzado a través de la implementación de la Consulta Previa  y la Ley de cuotas. La primera, establecida mediante el Convenio 169 de la OIT supone una visión distinta en las relaciones entre las comunidades y proyectos mineros estableciendo modelos de consulta para la toma de decisiones considerando así que dichas comunidades tienen derechos a sus territorios y recursos que han poseído, así como a que se respeten sus costumbres, tradiciones y cultura para poner en marcha los proyectos mineros o petroleros los cuales tomaran a través de dichos procesos de consulta compromisos de respeto a las minorías y de carácter ambiental[3]

No obstante, si bien en el carácter de la consulta previa parece tener incidencia positiva entorno del desarrollo de políticas pro poblaciones indígenas, esto no ha motivado avances entorno a su implementación se ha visto limitada por diversos factores. Uno de ellos es la necesidad de la existencia de una alianza de los actores que participan en dicho proceso: las empresas, las comunidades y el Estado.

Por otro lado, la inclusión de un sistema de cuotas para la participación electoral de la población indígena no ha logrado generar mayor equidad y participación de la población indígena dado que comparte algunos problemas identificados para la aplicación de la consulta previa.

Pero ¿por qué no son aún eficientes estas medidas a pesar de que ya se cuenta con agencias estatales sobre las cuales recae el diseño, ejecución y/o coordinación de políticas sectoriales en materia de poblaciones indígenas? Uno de los limitantes es que se depende de una demanda interna activa para que el Estado genere avances; segundo, la presencia de la cooperación internacional es fundamental en todos los procesos; tercero, no se ha logrado mapear ni a las poblaciones indígenas ni sus necesidades reales; cuarto, los conflictos de interés no logran una articulación de posiciones que generen acción política.

Así, el Estado como garante del proceso de implementación de medidas en pro de la población indígena no ha logrado generar medidas por falta de una articulación de elementos de tipos técnicos y lo político. Lo técnico, porque requiere prácticas y herramientas basadas en conocimiento de poblaciones indígenas y lo político, porque también surgen conflictos de intereses, cuya resolución requiere articular posiciones a través de la acción política lo cual complejiza sus avances.

En ese sentido, resulta importante continuar con el proceso de conocer las problemáticas y limitantes para avanzar a paso firme en la promulgación de propuestas que como las mencionadas permitan a pocos de generar respuestas más idóneas y con reales resultados.

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[1] Benavides (2010)

[2] Asimilacionista: Proceso por el que los diferentes grupos étnicos y culturales son absorbidos con la intención de hacerlos iguales al resto de la sociedad que se supone que es homogénea. Esta postura parte del supuesto de que la cultura receptora y dominante es superior a las demás y, por lo tanto, es la única que debe sobrevivir en la confrontación.(Parekh,1995)

[3] (Aranibar, 2011).

Publicado el septiembre 12, 2014 en Políticas Públicas y etiquetado en . Guarda el enlace permanente. Deja un comentario.

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