Los narco-candidatos, más allá del mito

Augusto Balbi

Por: Augusto Balbi

Todos nos encontramos ciertamente sensibles con respecto a temas de corrupción, narcotráfico y terrorismo. Solemos encresparnos cuando algún escándalo mediático acapara las pantallas de absolutamente todos los programas dominicales.

La semana pasada estuvimos muy atentos, pues el Ministro del Interior, el señor Daniel Urresti, daba a conocer una lista de 115 candidatos en estas Elecciones Regionales y Municipales 2014 que presentaban antecedentes ligados al narcotráfico. Posteriormente, un diario informaría que según el Registro Nacional de Condenas del Poder Judicial, 2131 candidatos tenían condenas vigentes por narcotráfico, corrupción y hasta terrorismo. Y por si eso, ya fuera bastante, 13 candidatos declaraban en su Hoja de Vida ante el JNE que tenían condenas por narcotráfico y que -¡Oh coincidencia!- postulaban a cargos públicos en zonas cocaleras.

La preocupación de todos se vio reflejada en aquella reunión que mantuvo el Presidente del JNE, Francisco Távara y la Presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, que terminó en la intención de elaborar una serie de modificaciones legales para que entre otras cosas sea obligatorio que los candidatos consignen en sus hojas de vida si tiene procesos judiciales en curso. Pero, la pregunta que surge es: ¿Se puede limitar a una persona a ejercer su derecho de participación política por tener procesos en curso o en el peor de los casos haber sido ya condenados?;  me pregunto además, si ¿Se necesita realmente una modificación en la legislación para poder tener filtros y controlar la posible penetración del narcotráfico en instancias de gobierno? Intentaré responderme fungiendo un poco de abogado del diablo.

Para empezar, ligada a la libertad, la participación política en una democracia es uno, sino el más importante aspecto cuando hablamos del tema. El tener abierto un proceso no me hace culpable, pues en nuestro estado de derecho existe la presunción de inocencia, lo que quiere decir que nadie es culpable hasta que podamos demostrar lo contrario. De acuerdo, por fines de transparencia y ejercicio de un voto consciente, es mejor saber qué candidatos poseen procesos abiertos y quienes no, pero ¿podemos impedir que postulen? Si efectivamente fui condenado, ¿no supone la condena una suerte de castigo orientado a corregir una determinada conducta delictiva y reinsertarme en la sociedad con buenas costumbres? Claro, supone.

El sistema electoral peruano es una suerte de archipiélago donde cada isla representa una legislación diferente. Tenemos la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Elecciones Regionales, la Ley de Elecciones Municipales, la Ley de Partidos Políticos, etc. Entonces ¿se necesita realmente sumar pequeños parches a la tan difusa legislación electoral? Reflexiones entonces si el filtro para evitar candidatos con trayectorias cuestionables o con vínculos al narcotráfico sea realmente agrandar el archipiélago de legislación electoral, o reforzar mecanismos naturales que deben y se dan en otras democracias.

Creo entender que el filtro para evitar situaciones como en la que nos encontramos no pasa por los órganos electorales y la legislación sino por fortalecer los procesos de selección de candidatos de los protagonistas de la escena electoral, los partidos políticos. ¿Qué es lo que determina el proceso de selección de candidatos de nuestros partidos? Es sabido que los partidos políticos y movimientos de alcance local no están en la capacidad de mandar candidatos salidos todos de su cantera, por así decirlo. No hay que explicarlo mucho, pero ¿Cuántos partidos tienen realmente internas? y ¿Cuántas internas son realmente procesos democráticos de selección de candidatos? Este último aspecto es demasiado vago y genérico como para poder afirmar o negar cuan democráticos son los procesos de selección,  muy aparte que no existe en el sistema electoral peruano mecanismos muy rigurosos para asegurar su cumplimiento.

 Resulta bastante complicado el responder que factores son los que realmente determinan los procesos de selección, pero en el caso peruano un factor importante es el financiamiento. Los candidatos, y los primeros números de las listas, son generalmente “puestos a la venta” para quien está en la condición de generar un mayor “aporte de campaña”. En este contexto personas ligadas al narcotráfico puede perfectamente garantizarse un espacio como candidatos para penetrar el Estado, pero además se corre el gran peligro de que las campañas electorales comiencen a servir de gran oportunidad para lavar dinero.

En ese sentido considero, y aunque a muchos les espante, que comenzar a pensar en el financiamiento público de los partidos no es mala idea. Y me sostengo básicamente en dos argumentos que van relacionados: el primero es que el financiamiento público definitivamente limitará, al menos de cierta manera, la influencia de intereses particulares. Es más probable que un partido político que busca financiamiento privado acceda a modificar su comportamiento y actuar como representante del grupo económico por el cual es financiado que otro que recibe financiamiento del Estado y que por ende responde, solo a los intereses de su ideario.

El segundo es que el financiamiento público incrementará la transparencia en las finanzas de los partidos. Si los partidos recibieran por parte del Estado un ingreso, resultaría mucho más sencillo el exigirles que declaren sus ingresos y egresos. No obstante estas declaraciones serían documentos públicos a los cuales cualquier ciudadano tendría acceso y estaría dentro de la facultad de la Contraloría de la República el fiscalizar que hacen los partidos con el erario público que se les asigne, es decir, tendríamos con el financiamiento público de los partidos mecanismos mucho más eficaces para fiscalizar y evitar corrupción, la gran oportunidad de evitar la sinergia de intereses privados con los nacionales y en el mejor de los casos evitar la penetración del narcotráfico a través de candidatos y lavado de dinero, al menos en el rubro electoral.

Es muy importante el reflexionar sobre estos temas con profundo cuidado, analizando los diferentes aspectos que componen un gran problema que en los últimos años ha golpeado al país. Por eso al hablar de los narco-candidatos hay que ir más allá del mito.

Publicado el agosto 29, 2014 en Observatorio Electoral. Añade a favoritos el enlace permanente. Deja un comentario.

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