Más allá del escándalo: el caso de La Oficina Nacional del Gobierno Interior (Onagi)

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Por: Pamela Ventura

Durante la última semana, la Oficina Nacional de Gobierno Interior (Onagi) ha estado en el ojo de la tormenta política debido a los diversos cuestionamientos y denuncias a la gestión  de su actual jefa, Dacia Nena Escalante, ex congresista nacionalista. Entre las principales acusaciones está la que atribuye actos de proselitismo político a los gobernadores con fondos públicos[1], lo cual desencadenó la puesta en relieve de varias deficiencias de la Institución, así como la evaluación de permanencia de Escalante. Por otro lado, la oposición –fujimorista y aprista- se ha pronunciado con dos proyectos de ley que buscan modificar las funciones de la Onagi, en un caso; y desactivarla, en el otro.

Ante esta situación, la referida jefa de Onagi fue consultada por el diario El Comercio, obteniendo la siguiente declaración: “No es que no quiera responder, lo que pasa es que soy muy creyente y estamos en Semana Santa”[2]. Ahora bien, es evidente que en los próximos días Escalante tendrá que ofrecer una respuesta más contundente sobre la veracidad o falsedad de las acusaciones, basada en el informe completo solicitado por el  ministro Albán. Mientras tanto, el presente artículo desarrollará un breve análisis de la Onagi, con la finalidad de ver más allá de la agitación política y enfatizar su importancia como Institución.

La Oficina Nacional de Gobierno Interior (Onagi) tuvo como antecedente a la Dirección General de Gobierno Interior (DGGI), unidad dependiente del Ministerio del Interior. Sin embargo, se argumentó que esta estructura limitaba el desarrollo de sus funciones, al no tener autonomía para responder adecuadamente a las demandas de la población. Por lo tanto, el 10 de diciembre del 2012 se creó la Onagi mediante Decreto Legislativo 1140, con la finalidad de otorgarle autonomía ejecutora y fortalecer el gobierno interior a partir de la presencia estatal en todo el territorio nacional[3].

Lo anterior es importante, pues el carácter autónomo de la Onagi lo absuelve de la rendición de cuentas que antes tenía como DGGI, el cual dependía orgánicamente del Ministerio del Interior como unidad de línea. Esto ha generado malestar en cuanto a la transparencia de su gestión, causando daños a su imagen institucional. Y el efecto se multiplica, al considerar el incremento presupuestal que obtuvo durante este gobierno con respecto al de Alan García, el cual comprende de S/. 46 a S/. 84 millones aproximadamente[4], generando suspicacias por parte de la oposición.

Sin embargo, cabe resaltar que las funciones de la Onagi también han aumentado, en tanto tiene como competencia colaborar en la implementación de programas sociales, especialmente en las zonas donde el único representante del Estado es la autoridad política designada. En ese sentido, muchos gobernadores contribuyen con el modelo de cogestión de los programas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), lo cual garantiza el alcance del Estado en las zonas de mayor vulnerabilidad y contribuye a la articulación entre los actores que participan de los programas sociales, así como de la fiscalización de los mismos.

Así, las funciones de la Onagi son las de brindar seguridad jurídica a través del otorgamiento de garantías para mantener el orden público. Además, colabora con la gobernabilidad y el seguimiento y ejecución de Políticas Nacionales. Por ende, dada su implicancia, corresponde un manejo responsable de sus recursos, el cual se ha visto cuestionado en los últimos días. Y más allá del debate si Escalante depende de Nadine o si debería o no desactivarse la Oficina, es imperante el fortalecimiento de la política pública que la subyace.  También es necesaria la fiscalización de su funcionamiento pero sin dejar de lado el compromiso de perseguir su misión como Institución, sea con ese nombre o con cualquier otro.

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[1]“Escalante en manos de ministro Albán”. Perú 21. Consulta: 20 de abril de 2014.

[2]  “Bancadas de oposición coinciden en que se debe desactivar la Onagi”. Diario El Comercio. Consulta: 20 de abril de 2014.

[3]Dentro de los objetivos de la Onagi se encuentran los siguientes:

  • Fortalecer la presencia del Estado a nivel nacional a través de las autoridades políticas designadas.
  • Velar por la legalidad de las promociones comerciales, rifas con fines sociales y colectas públicas, a fin de prevenir el abuso contra la buena fe de la ciudadanía.
  • Implementar, desarrollar y fortalecer las capacidades y competencias de las autoridades políticas designadas.
  • Fiscalizar, controlar y sancionar a las personas naturales y jurídicas infractoras dentro del ámbito de su competencia.
  • Fortalecer institucionalmente a la organización, en términos de gestión, eficiencia y eficacia.

<http://www.onagi.gob.pe/portal/?controlador=menu&accion=detalle&id=8&gt;

[4] < http://elcomercio.pe/politica/gobierno/presupuesto-gobernadores-casi-se-triplico-ano-noticia-1722558?ref=nota_politica&ft=mod_leatambien&e=titulo >

Publicado el abril 22, 2014 en Gestión Pública y etiquetado en . Guarda el enlace permanente. Deja un comentario.

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