Juegos de Poder

CARLA

Por: Carla Toche 

Desde hace ya varias décadas, el Perú es escenario de un régimen democrático que ha logrado consolidarse en una estructura más o menos estable. A pesar de eso, podemos decir que este régimen se presenta aún inconsistente. Son varias las instituciones, como las Fuerzas Armadas y policiales, el Legislativo y los partidos políticos, que pese a estar sujetos a un criterio de “bien común”, repercuten en dicha inconsistencia al tomar acciones que legitiman, a través de las relaciones y vínculos con los narcotraficantes, la formación de un Narco Estado en el Perú.

Al respecto, resulta escalofriante revisar las noticias y observar que efectivos policiales, miembros de una institución que justifica su presencia en la sociedad a través de una serie de garantías de seguridad que se le debe ofrecer a los ciudadanos, son también los jefes de mafias, encargados, además, de transportar la droga desde las fronteras hacia distintas zonas del país. Sobre esto, existen más de 3 mil registros de conversaciones que fueron grabadas por los agentes escuchas de la Dirandro durante cinco semanas, entre los meses de Enero y Febrero del presente año, desde donde se logró comprobar que el policía Oscar Peralta era también el cabecilla y financista de varias organizaciones narcotraficantes de Perú y Bolivia, organizaciones que, además, utilizaban la zona de Desaguadero-Puno como base central de operaciones.

Además de esto, el 14 de diciembre del 2010 el jefe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Rómulo Pizarro, comentó cómo el narcotráfico sigue generando altos niveles de corrupción no solo en las fuerzas policiales sino también en las Fuerzas Armadas y en varias instituciones del Estado, a propósito de los cables revelados por Wikileaks. Según estos, se informa que “la Embajada de Estados Unidos en Lima considera que en el Ejército Peruano todavía sobrevive la “red de corrupción implantada por Vladimiro Montesinos y que, incluso, el actual jefe del Ejército, Paul Da Silva, coordinó envíos de droga en el 2007”.  En otras palabras, aquellas instituciones que deberían proteger a las y los ciudadanos no solo de actos delincuenciales menores, sino, sobre todo, de aquellos que atentan sistemáticamente contra la seguridad, son los mismos actores criminales que contribuyen a alimentar la incertidumbre, desconfianza e inseguridad en la sociedad.

Por otro lado, a pesar que el Congreso se entiende como la institución que obedece a una noción de representación dentro de un Estado constitucionalmente democrático, al parecer (aunque no tan inocentemente) dicha representación está dejando de buscar el bien común que pueda beneficiar a toda la población para perseguir y legitimar, como diría Ignacio Ellacuria, el mal común que solo logra beneficiar a un grupo de poder específico. Sobre esto, parece mentira que el nacionalismo, en un estado de negación continua, haya sido incapaz de ver cómo sus representantes en el Congreso podían terminar siendo sospechosos de estar vinculados con los narcotraficantes. Parece casi broma (y de muy mal gusto) la respuesta que Carlos Tapia le brinda al diario “La Primera” cuando se le pregunta sobre si no habían sospechas sobre las presuntas actividades ilícitas de la ex congresista Nancy Obregón, a lo que él contestó: “Bueno, se sabía que tanto Nancy Obregón como Elsa Malpartida habían sido designadas como dirigentes del movimiento cocalero, pero no se sabía que fueran personas relacionadas con el narcotráfico, aunque normalmente se sabe que la siembra va para el narcotráfico.”

Otro dato más. Si hacemos un poco más de memoria crítica, recordemos cómo, durante el segundo gobierno de Alan García, durante los 8 meses que Aurelio Pastor fue parte del Ministerio de Justicia, se firmó más de 1000 indultos y conmutaciones de pena que dejaron en libertad a personajes condenados por delitos de tráfico ilícito de drogas en modalidad agravada y lavado de activos. Estos indultos y conmutaciones de pena fueron otorgados a un ritmo aproximado de siete por día durante los ocho meses en que Pastor ejerció como ministro de Justicia. Dentro de estos figuran los nombres de 400 beneficiados que actualmente investiga la “Mega comisión”,  dado que el ser culpables del delito de tráfico ilícito de drogas con modalidad agravada les debería haber impedido a estos culpables gozar de beneficios penitenciarios, como vendría a ser un posible indulto.

La lista de faltas podría continuar sin un final esperanzador, pero este no es el objetivo del presente artículo. Se trata, a mi modo de ver el estado de la cuestión, primero, de manejar toda la información posible, conocer con exactitud de relojero la manera en la que el Perú hace política para luego, empezar participar de la vida política del país, ser agentes de cambio y lograr determinar qué acciones tomar desde la ciudadanía organizada, responsable, crítica y activa para obtener el tan preciado y abandonado “bien común”.

Publicado el agosto 22, 2013 en Política Nacional y etiquetado en . Guarda el enlace permanente. Deja un comentario.

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