Implementacion de Plan de Ordenamiento Vial: Fiscalizadores

MERYBET

Por: Merybet Morales

El presente breve artículo intenta ser una aproximación al estudio de la burocracia exterior del Plan de Ordenamiento Vial enmarcado en la Reforma de Transporte que busca solucionar uno de los problemas del transporte público en Lima. Asimismo, se busca explicar cómo estos actores no son simples ejecutores del diseño del plan, sino que han elaborado rutinas de implementación que no son necesariamente ilegales o contrarias a las normas pero facilitan la realización de su función de control.

La burocracia exterior del Plan se encuentra representada por los fiscalizadores de tránsito, distribuidos en los paraderos autorizados de las avenidas priorizadas, para la implementación del ordenamiento, por ejemplo, las avenidas Abancay, Tacna y Canadá. Desde la campaña electoral municipal, Susana Villarán propuso que Lima necesitaba un trabajo de regulación y planificación del transporte urbano más allá del tema de infraestructura vial para resolver los grandes problemas de transporte[1].

Desde inicios de su gestión, planteó mesas de diálogo entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y la Policía Nacional del Perú (PNP) para que se entablen propuestas de solución a los problemas del transporte público. En estas mesas de diálogo, surge la idea del Plan de Ordenamiento Vehicular para Lima con apoyo de la Secretaría Técnica del Consejo de Transporte de Lima y Callao quien propone elaborar un proyecto piloto (MTC, 2011).

El Plan de Ordenamiento Vehicular se observa como un sistema de control[2] que intenta evaluar las acciones y las reglas  de aquellos actores que proveen el servicio de transporte público en Lima Metropolitana. En base a ellas, los gestores del Plan plantean que lo mínimo que para tener una gestión de transporte eficiente  los conductores, cobradores e incluso las empresas, impulsen el respeto de las reglas de tránsito, las señalizaciones, los semáforos, los paraderos establecidos y las rutas que tienen asignadas.

En base a esas ideas la  Municipalidad Metropolitana de Lima  elabora un plan que consistió en seis ejes en uno de los cuales los fiscalizadores intervendrían distribuidos en lugares  estratégicos, a lo largo de las principales avenidas, para controlar el recojo y desembarque de los pasajeros por parte de los vehículos de transporte público. De acuerdo a esta idea, los fiscalizadores serían solo los ejecutores de este Plan. Sin embargo, en la práctica, los fiscalizadores no cuentan con un conocimiento extensivo de las reglas que deben hacer cumplir[3], es por ello,  que a pesar de que la ordenanza manifiesta un aproximado de 30 normas[4] que deben de fiscalizar sólo se fiscaliza algunas, entre ellas, la más importante es el respeto a los paraderos señalizados[5].

Sin embargo,  hay que entender que el respeto de los  paraderos es una tarea muy grande dado que el público (cobradores y choferes) al que aplica la normativa de ordenamiento de paraderos son los conductores de los medios de transporte público quienes, en la práctica, no cumplen con las normas dado que, en muchos casos, priorizan la necesidad de asegurar su ingreso del día dado que se encuentran  adscritos a empresas que no les brindan estabilidad laboral pero les exigen cumplir con un monto de entrega diario. (Vega Centeno,2012).

Además, a esto se une con la facilidad del uso de “la coima” como un mecanismo de negociación con el policía para evitar la multa reduciendo así hasta en diez veces el pago a realizar por la falta cometida. Sin embargo, en el caso de los fiscalizadores, a diferencia de la policía de tránsito, no se puede negociar porque no disponen de los mecanismos de sanción directamente, es decir, no cuentan con el uso legítimo de colocar sanciones.

A pesar de ello el uso de la estrategia como la toma de fotos que serán pruebas para posteriores sanciones de tránsito ha generado un poder simbólico, es decir, relación (chofer – inspectores) que esté basada en una creencia de autoridad dado que no se puede “negociar” con ellos las posibles sanciones quitándole la utilidad a la negociación es por ello que se puede visibilizar un cumplimiento de las normas de respeto de los paraderos más extensivo. Cabe resaltar que  esta práctica de respeto a los paraderos no se ha convertido en una práctica estable ya que cuando no están los inspectores el caos vuelve a reinar las principales avenidas.[6]

En conclusión, si bien la estrategia establecida a través de fiscalizadores de tránsito para el reordenamiento de las principales avenidas ha sido eficiente no logra ser estable dado que se siguen arrastrando problemas estructurales como la informalidad del sistema de transporte que limitan los avances hacia una verdadera reforma del transporte público.


[2] Mokate(2009): es un sistema de “seguimiento de las acciones que se evalúa y los productos de dichas acciones”

[3] Según un fiscalizador, solo tienen una capacitación al inicio de su contrato en donde se les entrega el listado de normas y se les dice cómo deberían aplicarlas.

[4] Ordenanza  N°1693

[5] Por diversos motivos los fiscalizadores señalan que no pueden cumplir con toda la normativa impuesta para el plan de ordenamiento vial. El más importante es la falta del acompañamiento policial. Fuente: Conversaciones Informales.

[6] Observación Participante en la Av. Tacna y Canadá.

Publicado el agosto 20, 2013 en Gestión Pública. Añade a favoritos el enlace permanente. 1 comentario.

  1. En Lima, centro de concentración del poder y decisiones, la PNP no acomparaña los operativos de los fiscalizadores municipales, en provincia, quieren su porcentaje de las infracciones, como se les ha cortado por el merito de una normativa, menos hacen caso, o nunca asisten, empero, en las noches salen como galgos contra todo a lleenarse los bolsillos, caso palpable la ciudad de ayacucho. Generan desorden, cobran a su antoojo, claro esta por unos cuantos soles, olvidan las papeletas de infraccion

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