Archivos Mensuales: agosto 2013

La tuberculosis en el Perú: Una respuesta intersectorial para una enfermedad multicausal

 FABIOLA

Por: Fabiola Casaretto

Hoy en día nuestro país es considerado, por muchos,  como un modelo de manejo macroeconómico para la región. En efecto, una tasa de crecimiento económico por encima del 6% en la última década[i], ha alimentado nuestro entusiasmo. Sin embargo, cabría hacernos algunas preguntas; sobre todo, en lo referente a mejoras en las condiciones de vida de la población: ¿se podría decir que  el Perú tiene una situación envidiable en términos de salud pública? En caso de que sea así, ¿por qué presentamos una de las tasas más altas de morbilidad e incidencia de tuberculosis en América Latina[ii]?

Para responder las preguntas planteadas, el  presente artículo, intentará evidenciar la importancia de comprender la Tuberculosis (TBC) como  una enfermedad social que puede ser abordada de manera integral y sistémica como en el caso de la Municipalidad de La Victoria en su Plan TBCero – La Victoria. Esta explicación nos permitirá: 1) saber cuáles son los límites del enfoque biomédico para la prevención y el control de la TBC y, 2) reconocer  la necesidad de elaborar políticas de salud pública centrada en los determinantes sociales de la salud (DSS).

La tuberculosis, como  señala Luis Tafur, es una de las enfermedades que más afecta a las grandes ciudades. De hecho, en Lima Metropolitana, dicha enfermedad es uno de los primeros problemas de salud pública de origen infeccioso[iii]. En el año 2009 se produjeron un total de 33169 casos notificados como morbilidad, más 1856 casos de TB – MDR (tuberculosis multidrogo resistente), de los cuales un 56% fueron reportados en Lima y el Callao, aproximadamente 20 mil casos por año. Más aún, según la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis del Ministerio de Salud (ESNPyCTB/MINSA), hasta abril del 2011 se han reportado un total de 334 casos de TB – XDR (tuberculosis extremadamente- resistente), concentrándose el 93% en Lima y Callao; situación que nos posiciona  como el país con mayor número de casos reportados en América Latina. Estos índices deberían alarmarnos; teniendo en cuenta que solo  podríamos compararnos  con países como Haití y Bolivia en lo que se refiere a mayor incidencia de tuberculosis en América Latina[iv].

No obstante, las políticas públicas de mitigación propuestas desde el año 1942 con el Plan de Prevención de la TBC  basaron sus intervenciones en el enfoque biomédico que, al priorizar el  tratamiento individual de la enfermedad, no permitía un abordaje de carácter socio político que asegurara la disminución del riesgo económico y social  en el grupo familiar. Para el año 1992, al reportarse más de 55 mil casos de pacientes con TBC, se pudo constatar que este enfoque  presentaba serias limitaciones en la lucha contra la TBC porque solo consideraba el tratamiento médico de los pacientes quienes,  una vez culminado el proceso, volvían a convivir con las mismas condiciones que permitieron que se desarrolle dicha enfermedad.

Es ante dicha situación que  en el año  1993,  por  recomendación de la OMS, se  incorpora el enfoque DOTS o TAES (tratamiento acortado estrictamente supervisado) mostrando resultados positivos en la lucha contra la TBC en América Latina y Centroamérica. Dicho enfoque cuenta, entre sus componentes principales, con un tratamiento normalizado y supervisado que permite brindarle apoyo constante al  paciente, compromiso político para garantizar una financiación aumentada y sostenida y un sistema eficaz de suministro y gestión de los medicamentos.  Por esa razón, como lo señala la Organización Mundial de la Salud, dicho enfoque sigue siendo el núcleo de la estrategia Alto a la TBC que, entre sus metas principales, pretende disminuir la tasa de incidencia de la TBC en el Mundo[v].

En el  Estado peruano se ha estado recibiendo apoyo del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, TB y Malaria (FM) desde el año 2003. Posteriormente, hacia el  año 2006 el presupuesto otorgado se triplicaría,  resultando un avance considerable[vi]. Sin embargo, a pesar de tener mayor presupuesto para adquirir medicamentos e insumos de laboratorio para garantizar una adecuada atención en los servicios de salud, el número de casos de TBC MDR y TB XDR nos muestran que el enfoque de intervención debe ser revisado.  De esta manera, es   en el marco de esta búsqueda por un  nuevo enfoque para abordar la tuberculosis,  donde podríamos situar al  Plan TBCero – La Victoria como una  innovación al adoptar un enfoque socio político e integral  basado en los determinantes sociales de la tuberculosis (DSS)[vii]

Uno de los casos que contiene este enfoque socio político de la TBC es el Plan TBCero de la MLV, en funcionamiento desde abril del año 2009 en la jurisdicción del Centro de Salud de San Cosme del distrito de La Victoria. Este, tomando en cuenta  los determinantes sociales de la tuberculosis presente en la zona como el empleo informal y precario, el hacinamiento y la tugurización, busca reducir la tasa de incidencia de la tuberculosis en un 30%, en un período de 5 años.

Para lograr la meta propuesta, La MLV reconoció que  el enfoque biomédico denotaba serias limitaciones para combatir la tuberculosis; tomando en cuenta que para el año 2008  dicha zona presentaba una tasa de Incidencia de 1028 por 100,000 habitantes, siendo, de ese modo, la más alta del país. Es así que La Municipalidad de La Victoria pone en práctica el enfoque socio político de la tuberculosis basado en los principios de la Atención Primaria de Salud y la Promoción de la salud, que consisten en proporcionar a las personas los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer mayor control sobre ella, con lo cual se pudieron lograr mejores resultados[viii].

En ese sentido,   las líneas estratégicas del Plan TBCero – La Victoria, a cargo de la Dirección de Salud Lima Ciudad (DISA V  – La Victoria),  siguieron una lógica sistémica que consistió en la incorporación de la estrategia DATOS (Detección, análisis y tratamiento observado socialmente)  que permite conjugar el enfoque biomédico y el socio político organizando los servicios de salud para incorporarlos a la comunidad en el abordaje sobre los determinantes sociales.  Esta estrategia, que se complementaría con la participación activa de los afectados,  tendría entre sus componentes  la Atención diferenciada por niveles, lo cual permitió una atención diferenciada  para la persona, familia y comunidad al basarse en una perspectiva de Atención Primaria de Salud que, según la OMS, es el núcleo del sistema de salud del país y forma parte integral del desarrollo socioeconómico general de la comunidad[ix].

De esa manera, la MLV tendría un rol protagónico en la lucha contra la TBC a nivel comunitario al  firmar un convenio marco con la Dirección de Salud Lima Ciudad (DISA V), para la implementación de  la Casa del Alivio en marzo del 2010. Entre las actividades realizadas en La Casa del Alivio figuran los talleres psicológicos grupales, la preparación de refrigerios nutritivos, talleres de sensibilización y sesiones educativas para prevenir la re – infección, contagio y/o abandono de los pacientes con TBC del Centro de salud San Cosme.

De ese modo, el accionar de la MLV podría situarse en el marco de los Planes Multisectoriales de Lucha contra la TBC, al facilitar la interacción entre la sociedad civil y las organizaciones de personas con tuberculosis  y promover una mayor continuidad de  las políticas de lucha contra la TBC[x].

Los resultados nos demuestran la efectividad del enfoque socio político de la TBC: Según la  DISA V Lima Ciudad – MLV, la Tasa de Incidencia de 1028 por 100,000 habitantes en el año 2008 disminuye a 784 por 100,000 habitantes para el año 2010[xi]. Todo esto producto de un enfoque socio político de la tuberculosis que, basándose en el carácter estructural de esta enfermedad, toma en cuenta  las condiciones que permiten el desarrollo de la misma.  Sobre este tema, el Plan Estratégico Multisectorial de la Respuesta Nacional a la Tuberculosis en el Perú (2010 – 2019), señala que la tuberculosis se debería de abordar con políticas públicas intersectoriales y articuladas que tengan en cuenta que la salud pública; más que un servicio a la ciudadanía, es un derecho humano.  En este contexto, en el cual los determinantes sociales son un caldo de cultivo para la tuberculosis, urge un accionar articulado entre los distintos sectores del Estado.


[i] Entrevista al Ministro de Economía Miguel Castilla en Gestión

Ver: http://gestion.pe/economia/castilla-al-nyt-nos-hemos-acostumbrado-al-crecimiento-sostenido-y-hemos-olvidado-ciclos-2074091. [Acceso el 20 de agosto de 2013]

[ii] Ver: Fuentes – Tafur L. Enfoque sociopolítico para el control de la tuberculosis en el Perú. Rev Perú Med Exp. Salud Pública. 2009;26(3):370 – 79

[iii] Ver: Situación de la TBC en el Perú, Reunión de Evaluación Nacional de la ESNPCT/MINSA, 2011

[iv] Ver: WHO. Multidrug and extensively drug –  resistant TB (M/XDR – TB) : 2010 Global Report  on Surveillance and Reponse

[v] World Heatlh Organization. The Stop TB Strategy. 2006

[vi]  Ver: Bonilla C. Situación de la tuberculosis en el Perú. Acta Med. Perú. 2008; 25(3): 163 – 70

[vii] Ver: Lalonde M. A new perspective on the Health of Canadian. A working document. Ottawa: Ministry of National Health and Welfare. 1974

[viii] Carta de Ottawa.  1986

[ix] Ver: Colegio Médico del Perú: Lineamientos generales de un programa para la prevención y el control de la tuberculosis en Lima Metropolitana. 2011

[x] Asalde, Cesar. Acta méd. Peruana v.25 n.3 Lima. 2008

[xi] Estrategia Sanitaria de Intervención y Control de la TBC. DISA V Lima Ciudad

Se recomienda :

  • Identificación de los determinantes sociales que influyen en la situación de la tuberculosis en el cerro San Cosme. [Informe en Internet]. Lima: 2009. [Acceso el 20 de agosto de 2013].

Ver: www.bvsde.paho.org/texcom/sct/047994.pdf

  • Ticona E. Tuberculosis: ¿se agotó el enfoque biomédico? Rev Peru Med Exp Salud Pública. 2009; 26(3): 273-75

 

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Juegos de Poder

CARLA

Por: Carla Toche 

Desde hace ya varias décadas, el Perú es escenario de un régimen democrático que ha logrado consolidarse en una estructura más o menos estable. A pesar de eso, podemos decir que este régimen se presenta aún inconsistente. Son varias las instituciones, como las Fuerzas Armadas y policiales, el Legislativo y los partidos políticos, que pese a estar sujetos a un criterio de “bien común”, repercuten en dicha inconsistencia al tomar acciones que legitiman, a través de las relaciones y vínculos con los narcotraficantes, la formación de un Narco Estado en el Perú.

Al respecto, resulta escalofriante revisar las noticias y observar que efectivos policiales, miembros de una institución que justifica su presencia en la sociedad a través de una serie de garantías de seguridad que se le debe ofrecer a los ciudadanos, son también los jefes de mafias, encargados, además, de transportar la droga desde las fronteras hacia distintas zonas del país. Sobre esto, existen más de 3 mil registros de conversaciones que fueron grabadas por los agentes escuchas de la Dirandro durante cinco semanas, entre los meses de Enero y Febrero del presente año, desde donde se logró comprobar que el policía Oscar Peralta era también el cabecilla y financista de varias organizaciones narcotraficantes de Perú y Bolivia, organizaciones que, además, utilizaban la zona de Desaguadero-Puno como base central de operaciones.

Además de esto, el 14 de diciembre del 2010 el jefe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Rómulo Pizarro, comentó cómo el narcotráfico sigue generando altos niveles de corrupción no solo en las fuerzas policiales sino también en las Fuerzas Armadas y en varias instituciones del Estado, a propósito de los cables revelados por Wikileaks. Según estos, se informa que “la Embajada de Estados Unidos en Lima considera que en el Ejército Peruano todavía sobrevive la “red de corrupción implantada por Vladimiro Montesinos y que, incluso, el actual jefe del Ejército, Paul Da Silva, coordinó envíos de droga en el 2007”.  En otras palabras, aquellas instituciones que deberían proteger a las y los ciudadanos no solo de actos delincuenciales menores, sino, sobre todo, de aquellos que atentan sistemáticamente contra la seguridad, son los mismos actores criminales que contribuyen a alimentar la incertidumbre, desconfianza e inseguridad en la sociedad.

Por otro lado, a pesar que el Congreso se entiende como la institución que obedece a una noción de representación dentro de un Estado constitucionalmente democrático, al parecer (aunque no tan inocentemente) dicha representación está dejando de buscar el bien común que pueda beneficiar a toda la población para perseguir y legitimar, como diría Ignacio Ellacuria, el mal común que solo logra beneficiar a un grupo de poder específico. Sobre esto, parece mentira que el nacionalismo, en un estado de negación continua, haya sido incapaz de ver cómo sus representantes en el Congreso podían terminar siendo sospechosos de estar vinculados con los narcotraficantes. Parece casi broma (y de muy mal gusto) la respuesta que Carlos Tapia le brinda al diario “La Primera” cuando se le pregunta sobre si no habían sospechas sobre las presuntas actividades ilícitas de la ex congresista Nancy Obregón, a lo que él contestó: “Bueno, se sabía que tanto Nancy Obregón como Elsa Malpartida habían sido designadas como dirigentes del movimiento cocalero, pero no se sabía que fueran personas relacionadas con el narcotráfico, aunque normalmente se sabe que la siembra va para el narcotráfico.”

Otro dato más. Si hacemos un poco más de memoria crítica, recordemos cómo, durante el segundo gobierno de Alan García, durante los 8 meses que Aurelio Pastor fue parte del Ministerio de Justicia, se firmó más de 1000 indultos y conmutaciones de pena que dejaron en libertad a personajes condenados por delitos de tráfico ilícito de drogas en modalidad agravada y lavado de activos. Estos indultos y conmutaciones de pena fueron otorgados a un ritmo aproximado de siete por día durante los ocho meses en que Pastor ejerció como ministro de Justicia. Dentro de estos figuran los nombres de 400 beneficiados que actualmente investiga la “Mega comisión”,  dado que el ser culpables del delito de tráfico ilícito de drogas con modalidad agravada les debería haber impedido a estos culpables gozar de beneficios penitenciarios, como vendría a ser un posible indulto.

La lista de faltas podría continuar sin un final esperanzador, pero este no es el objetivo del presente artículo. Se trata, a mi modo de ver el estado de la cuestión, primero, de manejar toda la información posible, conocer con exactitud de relojero la manera en la que el Perú hace política para luego, empezar participar de la vida política del país, ser agentes de cambio y lograr determinar qué acciones tomar desde la ciudadanía organizada, responsable, crítica y activa para obtener el tan preciado y abandonado “bien común”.

Implementacion de Plan de Ordenamiento Vial: Fiscalizadores

MERYBET

Por: Merybet Morales

El presente breve artículo intenta ser una aproximación al estudio de la burocracia exterior del Plan de Ordenamiento Vial enmarcado en la Reforma de Transporte que busca solucionar uno de los problemas del transporte público en Lima. Asimismo, se busca explicar cómo estos actores no son simples ejecutores del diseño del plan, sino que han elaborado rutinas de implementación que no son necesariamente ilegales o contrarias a las normas pero facilitan la realización de su función de control.

La burocracia exterior del Plan se encuentra representada por los fiscalizadores de tránsito, distribuidos en los paraderos autorizados de las avenidas priorizadas, para la implementación del ordenamiento, por ejemplo, las avenidas Abancay, Tacna y Canadá. Desde la campaña electoral municipal, Susana Villarán propuso que Lima necesitaba un trabajo de regulación y planificación del transporte urbano más allá del tema de infraestructura vial para resolver los grandes problemas de transporte[1].

Desde inicios de su gestión, planteó mesas de diálogo entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y la Policía Nacional del Perú (PNP) para que se entablen propuestas de solución a los problemas del transporte público. En estas mesas de diálogo, surge la idea del Plan de Ordenamiento Vehicular para Lima con apoyo de la Secretaría Técnica del Consejo de Transporte de Lima y Callao quien propone elaborar un proyecto piloto (MTC, 2011).

El Plan de Ordenamiento Vehicular se observa como un sistema de control[2] que intenta evaluar las acciones y las reglas  de aquellos actores que proveen el servicio de transporte público en Lima Metropolitana. En base a ellas, los gestores del Plan plantean que lo mínimo que para tener una gestión de transporte eficiente  los conductores, cobradores e incluso las empresas, impulsen el respeto de las reglas de tránsito, las señalizaciones, los semáforos, los paraderos establecidos y las rutas que tienen asignadas.

En base a esas ideas la  Municipalidad Metropolitana de Lima  elabora un plan que consistió en seis ejes en uno de los cuales los fiscalizadores intervendrían distribuidos en lugares  estratégicos, a lo largo de las principales avenidas, para controlar el recojo y desembarque de los pasajeros por parte de los vehículos de transporte público. De acuerdo a esta idea, los fiscalizadores serían solo los ejecutores de este Plan. Sin embargo, en la práctica, los fiscalizadores no cuentan con un conocimiento extensivo de las reglas que deben hacer cumplir[3], es por ello,  que a pesar de que la ordenanza manifiesta un aproximado de 30 normas[4] que deben de fiscalizar sólo se fiscaliza algunas, entre ellas, la más importante es el respeto a los paraderos señalizados[5].

Sin embargo,  hay que entender que el respeto de los  paraderos es una tarea muy grande dado que el público (cobradores y choferes) al que aplica la normativa de ordenamiento de paraderos son los conductores de los medios de transporte público quienes, en la práctica, no cumplen con las normas dado que, en muchos casos, priorizan la necesidad de asegurar su ingreso del día dado que se encuentran  adscritos a empresas que no les brindan estabilidad laboral pero les exigen cumplir con un monto de entrega diario. (Vega Centeno,2012).

Además, a esto se une con la facilidad del uso de “la coima” como un mecanismo de negociación con el policía para evitar la multa reduciendo así hasta en diez veces el pago a realizar por la falta cometida. Sin embargo, en el caso de los fiscalizadores, a diferencia de la policía de tránsito, no se puede negociar porque no disponen de los mecanismos de sanción directamente, es decir, no cuentan con el uso legítimo de colocar sanciones.

A pesar de ello el uso de la estrategia como la toma de fotos que serán pruebas para posteriores sanciones de tránsito ha generado un poder simbólico, es decir, relación (chofer – inspectores) que esté basada en una creencia de autoridad dado que no se puede “negociar” con ellos las posibles sanciones quitándole la utilidad a la negociación es por ello que se puede visibilizar un cumplimiento de las normas de respeto de los paraderos más extensivo. Cabe resaltar que  esta práctica de respeto a los paraderos no se ha convertido en una práctica estable ya que cuando no están los inspectores el caos vuelve a reinar las principales avenidas.[6]

En conclusión, si bien la estrategia establecida a través de fiscalizadores de tránsito para el reordenamiento de las principales avenidas ha sido eficiente no logra ser estable dado que se siguen arrastrando problemas estructurales como la informalidad del sistema de transporte que limitan los avances hacia una verdadera reforma del transporte público.


[2] Mokate(2009): es un sistema de “seguimiento de las acciones que se evalúa y los productos de dichas acciones”

[3] Según un fiscalizador, solo tienen una capacitación al inicio de su contrato en donde se les entrega el listado de normas y se les dice cómo deberían aplicarlas.

[4] Ordenanza  N°1693

[5] Por diversos motivos los fiscalizadores señalan que no pueden cumplir con toda la normativa impuesta para el plan de ordenamiento vial. El más importante es la falta del acompañamiento policial. Fuente: Conversaciones Informales.

[6] Observación Participante en la Av. Tacna y Canadá.

El VRAEM, una tarea pendiente del Estado peruano

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Por: Alejandro Mejía Tarazona

A pesar del reciente reconocimiento por parte del gobierno de Ollanta Humala de que los efectos de la crisis económica en el mundo ya comienzan a sentirse en nuestro país, sin duda la noticia que marcó, y sorprendió a muchos, fue la del anuncio de la muerte de importantes mandos narcoterroristas de Sendero Luminoso en el VRAEM. La caída de dos mandos militares como “Gabriel” y “Alipio”, pone en cuestión cuál será el futuro de los remanentes de SL y, a pesar del anuncio con dosis de triunfalismo por parte del gobierno, aún hay un largo proceso en la lucha que sigue llevando a cabo el Estado. Por tanto, es necesario mirar con cautela las recientes acciones llevadas a cabo por las FF.AA contra el clan de los Quispe Palomino.

Si bien durante los últimos años, la estrategia que ha emprendido el Estado para combatir la subversión en el VRAEM ha estado inmersa de altibajos, el reciente anuncio de la muerte de dos mandos militares de Sendero Luminoso sin duda es un golpe contundente contra la amenaza del narcoterrorismo. Sin embargo, ¿por qué el exceso de triunfalismo en los medios de comunicación? Hay una cuestión importante que no debemos dejar de lado: si algo ha caracterizado a Sendero Luminoso desde su surgimiento en los años 80’s es que han sabido organizarse y cuentan con mandos medios capaz de reemplazar a mandos importantes. Por más que el camarada José no reconozca al SL de Abimael Guzmán (por haber firmado el acuerdo de paz con el gobierno de Fujimori en los 90’s), su mismo liderazgo y el de los camarada “Gabriel” y “Alipio” son producto de esta organización partidaria del que fueron parte cuando Sendero Luminoso emprendió su guerra contra el Estado peruano.

Entonces, el reemplazo de los recientes mandos militares abatidos en el VRAEM por mandos más jóvenes es algo inminente. Ahora, surge un cuestionamiento importante: ¿por qué el Estado peruano, después de tantos años, no puede derrotar a unos pocos remanentes de SL? Considero que existen dos respuestas: En primer lugar, los gobiernos democráticos post- Fujimori, decidieron permitir que este grupo subversivo se logre desarrollar y, con esto, mantener expectante los triunfos del Estado en su lucha contra SL en el VRAEM. Esto, con el objetivo de utilizarlos para momentos en que la ciudadanía demuestre su descontento hacia el gobierno de turno. ¿Por qué creen que Fujimori capturó al camarada “Feliciano” un año antes de las elecciones del 2000? Lo mismo podemos decir de lo curioso del gobierno de Humala de haber anunciado este “triunfo contra Sendero Luminoso” en un contexto de protestas sociales y de reducción en las encuestas de la aprobación hacia la pareja presidencial. El mensaje es claro: el gobierno busca recuperar la confianza de la ciudadanía.

Una segunda idea, y ya finalizando, es que detrás de las acciones de los Quispe Palomino en el VRAEM, están los intereses de los cocaleros, narcotraficantes en la zona y la población civil beneficiada con el dinero proveniente del narcotráfico. El gobierno de Humala decidió llevar “el Estado” al VRAEM a través de programas sociales pero, como vemos, esto no ha sido suficiente. Los hallazgos continuos de mayores pozos de maceración, pistas de aterrizajes clandestinas y, “la cereza de la torta”, el habernos convertido en el primer productor mundial de cocaína, superando a Bolivia y Colombia, pone en evidencia que el problema no es solo los remanentes de Sendero Luminoso. Es evidente: existe un problema aún mayor.

No es intención el desmerecer los avances del gobierno en su lucha contra la subversión; sin embargo, hay que tomar con cautela los triunfos y enfocar el debate en cuál es la mejor estrategia para darle a la población civil en el VRAEM (que se siente más protegida por los narcoterroristas que por el propio Estado), mayores beneficios en actividades económicas alternativas al narcotráfico. No es simplemente capturar a mandos importantes de SL, sino paralelamente integrar a la población civil en dicha zona de conflicto. Hay aún muchas tareas pendientes.

Protestas Latinoamericanas: Una serie de reclamos afortunados

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Por: Gabriel Tristán

Latinoamérica ha experimentado una época de crecimiento económico y democrático en las últimas décadas. Sin embargo, la cantidad de protestas y reclamos se ha mantenido e incluso incrementado en estos años. Según el politólogo Samuel Huntington, la idea de modernización de la sociedad y mejora macroeconómica trae consigo un pedido de mejores servicios básicos (véase una mejor educación, seguridad y salud) que antes no se tomaban en cuenta. Otro punto en el cual los países latinoamericanos se encuentran vigilantes son los escándalos de corrupción, el cuestionamiento a la democracia y el mal uso de los recursos públicos. Si estos puntos no son satisfechos o bien abordados por los gobernantes, muy probablemente la población saldrá a reclamar y protestar para ver sus demandas cumplidas. En las siguientes líneas abordaremos las demandas actuales de algunos países de la región y cuáles son las razones de sus reclamos

En los últimos meses se han visto una serie de demandas que, dependiendo del motivo, han tenido una amplia acogida por la población del país e incluso por algunos vecinos de la región. El caso venezolano es uno de los más interesantes por mencionar. A la muerte del controvertido Hugo Chávez, las cosas en ese país no han sido las mismas (si es que vemos en él una figura de “estabilidad” política). Con la victoria en las elecciones presidenciales de Nicolás Maduro, cientos de miles de venezolanos salieron a marchar por un fraude electoral que ellos consideraban muy claro. A pesar de que Venezuela sea uno de los países con mayores ingresos en la América latina, esto no se traduce en una estabilidad política ni social, quizá precisamente porque muchos ciudadanos piensan que aún puede conseguirse una mejor situación en su país.

Las protestas que se originaron en Brasil, por la Copa de Confederaciones, son el claro ejemplo que no importa cuánto crezca un país si es que la población no siente ese crecimiento. Observando los indicadores macroeconómicos o ingresos per cápita, estamos frente a un país que se ha vuelto una potencia mundial en menos de veinte años. Muchos países en la región o el mundo ven en Brasil un ejemplo a seguir en torno a la aplicación de políticas públicas y de inversión (tanto interna como externa). Sin embargo, estas características no lo salvan de tener un amplio nivel de disconformidad en la forma como el gobierno decide gastar el presupuesto público. Hace menos de un mes, millones de brasileños salieron a protestar por una mala gestión de fondos públicos y un aumento sustancial de la delincuencia y el precio de los pasajes en colectivos. Si bien, para algunas personas estas razones podrían estar contempladas en la realización de un gran evento deportivo, para los ciudadanos brasileños esta fue una causa más que suficiente  para hacer respetar sus derechos y que el gobierno no les pasara por encima.

En el caso chileno y argentino podemos encontrar una gran insatisfacción a las medidas que adoptan los presidentes en contraposición a lo que prometieron en sus campañas. En primer lugar podríamos mencionar como los gobiernos de Sebastián Piñera y Cristina Fernández han sentido una gran cantidad de protestas y reclamos por las medidas que adoptaron como presidentes y que se reflejan con el poco apoyo que reciben en las actuales campañas electorales. A pesar del liderazgo regional que mantiene Chile en temas sociales y tecnológicos, esto no lo ha librado de una serie de protestas por parte de los estudiantes por el alto precio de la educación (tanto privada como estatal) y el elevado costo de la salud. La brecha entre ricos y pobres se acrecentó bastante en el gobierno de Piñera y esto le costó que el candidato de su partido renuncie. En el contexto argentino podemos ver algo similar desde la nacionalización de varias empresas extranjeras (siendo la de la Repsol la más importante). La disconformidad de la población se vio plasmada en una serie de protestas que menguaron la alta aprobación con la que fue elegida Fernández y que ocasionaron que perdiera las elecciones primarias en Buenos Aires.

Finalmente, en el Perú hemos vivido dos grandes movilizaciones en el mes de Julio. Si bien el país es uno de los líderes en crecimiento económico  y estabilidad de inversiones, esto no lo ha eximido del ojo vigilante de la población. La marcha contra la “repartija” y la huelga médica general han sido formas en las cuales algunos sectores de la población han expresado su disconformidad a la forma como se rige el gobierno.

En todos los casos anteriores hemos podido identificar como países con mejoras sustanciales en cuanto a calidad de vida y nivel económico son las que más han generado en su población una búsqueda de mejores condiciones de vida que van más allá del día a día. La educación, salud y sistemas más democráticos son los grandes pendientes en nuestra región. Mientras estos mantengan fallas, las protestas seguirán su curso.

 

 

 

Movilización y Politización

PIERO

Por: Piero Miranda

Después de unas agitadas fiestas patrias y de un mensaje a la nación poco contundente por parte del presidente Ollanta Humala, finalmente se cerró el segundo año de mandato presidencial, trayendo como uno de sus resultados, una serie de  movilizaciones y protestas que tuvieron lugar durante todo el mes de Julio en nuestra ciudad capital.

Pero, ¿Son acaso estas protestas una señal de que sigue habiendo una sociedad despolitizada y que solo se une para reclamar en situaciones específicas? En conversaciones tanto coloquiales como académicas se escucha siempre decir que la sociedad peruana sigue despolitizada a causa de la grave crisis de partidos que se vivió en el gobierno de Alberto Fujimori, como también por la corrupción que existía en el país desde años atrás, sumado a la mala imagen de los políticos. Sin embargo, ¿Qué tanto de cierto tienen estas premisas que se han tomado como un dogma en la sociedad?

Vale recordar que efectivamente, la politización de la sociedad en los últimos 50 años dependía en gran medida de los partidos políticos, los debates entre líderes de opinión, las inagotables discusiones universitarias entre movimientos universitarios y centros federados, entre otros. Pese a ello, esta situación ha ido cambiado en los últimos gobiernos, pues la politización de la sociedad ya no recae en los grandes debates, ni en las sesiones partidarias dentro de los diversos partidos políticos, sino que ahora está recae en otro sector que poco a poco fue tomando más presencia que son los medios de comunicación.

Efectivamente, hace falta solo observar las noticias sea de los programas que se transmiten en señal abierta, como revisar las portadas de los periódicos o escuchar los programas radiales, para darse cuenta de que la agenda política y los temas que están en debate o que no están marcados por los medios de comunicación. Frente a esto, el quehacer político está plenamente en manos de los medios de comunicación, los cuales al manejar intereses particulares, pueden brindar su apoyo incondicional al gobierno de turno o mostrarse como firmes opositores del mismo.  En medio de esto, tenemos a una sociedad que se encuentra aún sin un rumbo y que al tener partidos políticos que no logran canalizar sus demandas, ven a los medios de comunicación como una fuente confiable y transparente, a comparación de los políticos, los cuales son tachados de corruptos o de sumisos.

Como consecuencia de esto, el proceso de politización de la sociedad atraviesa una etapa de “neopolitización”, la cual está marcada por esta interacción mucho más dinámica entre la sociedad y los medios de comunicación, que dio como resultado a una población más informada y politizada, pero con una visión bastante sesgada de los hechos que ocurren a diario. Sostener que la  sociedad esta despolitizada y que estas marchas son solo un elemento rutinario de la política nacional, es darle la espalda a una verdad que se muestra cada vez con más fuerza, y  que nuevamente nos viene a decir que el escenario ya no es como antes, que este ha cambiado y que ahora hay otras reglas en juego.

Por último, el mayor desafío sigue estando en los partidos políticos, pues de estos depende retomar el control del quehacer político y volver a ejercer una politización de la sociedad, la cual venga de la mano con una gran cultura política, no solo clientelista, sino con un sentido de nación. Involucrarse en la política. que cada vez se muestra más ajena a los intereses de los ciudadanos y más cercanos a los intereses de los agentes de poder, solo conlleva a agrandar la brecha entre los actores políticos y la sociedad y a obviar la realidad y la responsabilidad que tienen los instrumentos de representación ciudadana, que son los partidos políticos con todos nosotros.