La nueva ley de reforma universitaria : ¿regulación o control político?

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Por: José Manuel Mejía 

Por un lado, los hacedores de política han logrado identificar el problema: se requiere de una reforma integral en educación, nuestros desinteresados políticos han logrado el consenso para señalar a sus responsables: los lobistas de la ANR y la CONAFU. Todo se encuentra preparado para que se “haga algo frente a tan urgente necesidad”. Sin embargo, la estrategia implementada por estos actores dista mucho de encontrar el escenario propicio para la puesta en marcha de nuevos mecanismos de control a las universidades, pues, esas organizaciones estudiantiles y docentes a las que se señala como sectores radicales han identificado una prioridad en la agenda pública: evitar el control político del gobierno.

En realidad, es evidente que la nueva ley universitaria [1] no tiene solo un fin regulador de la calidad en la educación brindada y en el fomento de la investigación científica; por ello, en este sentido, el discurso y el interés político no son necesariamente correspondidos.

Seguramente gran parte de la comunidad universitaria coincide plenamente con el discurso de la innovación científica y la calidad académica, así como con la necesidad de que se regule la disposición de los recursos públicos asignados, pero también un sector igualmente mayoritario de la comunidad universitaria reconoce el interés político que guía la implementación de la nueva ley universitaria.

El control político que ejerce este gobierno, resulta en una hábil estrategia para bloquear y anular a cuanto actor, coalición o espacio pueda emerger como oposición frente a los intereses que aquel resuelve en políticas implementadas para el bienestar de todos. Claro, no se trata de cualquier tipo de autoritarismo, no se pone en juego los términos democráticos, al menos no los procedimentales; pero, sí se enfatiza la capacidad estatal para controlar estratégicamente toda decisión y acción que no se corresponda con los intereses consensuados por el gobierno y los actores que se encuentran permanente o coyunturalmente en coalición con este.

Cuando se utiliza la investigación a ex presidentes para limpiarle la cancha a una candidata presidencial[2] se ejerce este control político, lo mismo sucede con el seguimiento por parte de personal de inteligencia a operadores políticos que actúan contra la “reelección conyugal”.

La comunidad universitaria se encuentra excluida de toda participación en este proceso de decisión, los representados y principales afectados por la implementación de la nueva ley universitaria no han sido si quiera consultados para la formulación de la política que se pretende implementar. Pero, los resultados de la aprobación de esta nueva ley seguramente serán refrendados con el sello democrático.

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[1] El proyecto de ley pueden revisarlo aquí: http://bit.ly/12gELHG

[2] Ver el artículo de Piero Miranda: http://bit.ly/14EVBFm.

Publicado el junio 25, 2013 en Política Nacional y etiquetado en . Guarda el enlace permanente. Deja un comentario.

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