Archivos Mensuales: junio 2013

La nueva ley de reforma universitaria : ¿regulación o control político?

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Por: José Manuel Mejía 

Por un lado, los hacedores de política han logrado identificar el problema: se requiere de una reforma integral en educación, nuestros desinteresados políticos han logrado el consenso para señalar a sus responsables: los lobistas de la ANR y la CONAFU. Todo se encuentra preparado para que se “haga algo frente a tan urgente necesidad”. Sin embargo, la estrategia implementada por estos actores dista mucho de encontrar el escenario propicio para la puesta en marcha de nuevos mecanismos de control a las universidades, pues, esas organizaciones estudiantiles y docentes a las que se señala como sectores radicales han identificado una prioridad en la agenda pública: evitar el control político del gobierno.

En realidad, es evidente que la nueva ley universitaria [1] no tiene solo un fin regulador de la calidad en la educación brindada y en el fomento de la investigación científica; por ello, en este sentido, el discurso y el interés político no son necesariamente correspondidos.

Seguramente gran parte de la comunidad universitaria coincide plenamente con el discurso de la innovación científica y la calidad académica, así como con la necesidad de que se regule la disposición de los recursos públicos asignados, pero también un sector igualmente mayoritario de la comunidad universitaria reconoce el interés político que guía la implementación de la nueva ley universitaria.

El control político que ejerce este gobierno, resulta en una hábil estrategia para bloquear y anular a cuanto actor, coalición o espacio pueda emerger como oposición frente a los intereses que aquel resuelve en políticas implementadas para el bienestar de todos. Claro, no se trata de cualquier tipo de autoritarismo, no se pone en juego los términos democráticos, al menos no los procedimentales; pero, sí se enfatiza la capacidad estatal para controlar estratégicamente toda decisión y acción que no se corresponda con los intereses consensuados por el gobierno y los actores que se encuentran permanente o coyunturalmente en coalición con este.

Cuando se utiliza la investigación a ex presidentes para limpiarle la cancha a una candidata presidencial[2] se ejerce este control político, lo mismo sucede con el seguimiento por parte de personal de inteligencia a operadores políticos que actúan contra la “reelección conyugal”.

La comunidad universitaria se encuentra excluida de toda participación en este proceso de decisión, los representados y principales afectados por la implementación de la nueva ley universitaria no han sido si quiera consultados para la formulación de la política que se pretende implementar. Pero, los resultados de la aprobación de esta nueva ley seguramente serán refrendados con el sello democrático.

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[1] El proyecto de ley pueden revisarlo aquí: http://bit.ly/12gELHG

[2] Ver el artículo de Piero Miranda: http://bit.ly/14EVBFm.

¿Cómo influye la religión en el parlamento peruano?

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Por: Pablo Roca (Invitado especial en la Sección de Gestión Pública)

Estudiante de Ciencia Política y Gobierno de la PUCP

A raíz de la polémica aprobación del proyecto de modificación del “Nuevo Código de Niños, Niñas y Adolescentes”, en la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso, un artículo en Diario 16[1] señaló la existencia de un lobby del “fujimorismo”. El artículo da cuenta de la pertenencia de congresistas (miembros de la comisión) a determinados grupos religiosos (evangélicos en su mayoría), pero no relata un proceso de “gestión de intereses”. En las líneas que siguen, analizaré la hipótesis de que esta decisión fue resultado de un lobby. Luego de señalar las limitaciones de esta explicación sugeriré otras posibles lecturas para comprender la influencia de las iglesias y sectas en la producción legislativa.

El Estado no es un todo coherente, tiene en su interior fisuras y contradicciones[2]. (Chatterjee 2007, Mujica 2012). En este marco, el lobby aparece como mecanismo para incluir intereses y demandas privadas en decisiones públicas. Este fenómeno se suele asociar a “malas prácticas” como corrupción, compra de voluntades, entre otros. A pesar de que existe una ley de gestión de intereses y un registro para lobistas y empresas dedicadas al lobbying. Son muy pocos los lobistas formalizados, inscritos en Sunarp. Entonces, “es evidente, por la cantidad de producción legislativa,  que práctica sigue existiendo fuera de la ley y, por lo tanto, que la dinámica de presión funciona a través de prácticas no formales” (Mujica 2012: 11) Para el lobista, formalizarse no es necesario porque lo que quiera lo puede conseguir desde su puesto, valiéndose de redes de contactos[3].

La forma como penetran los privados, vía lobby, es consecuencia del modo de ser del sistema: se organiza y depende de redes de actores. Los lobistas están dentro del sistema. Cualquier funcionario es un lobista real o potencial. Dadas estas condiciones, el parlamento aparece como poroso, como permeable. Sin embargo, si bien está abierto a intereses de “grupos de interés”, unas agendas entran más fácilmente que otras y las posibilidades de éxito del lobby dependerán de las condiciones bajo las que opere: si la mayoría es fujimorista-evangélica-conservadora, una agenda progresista o feminista tiene más complicaciones para inclinar las decisiones hacia sus objetivos.

Por esto la hipótesis del lobby de organizaciones religiosas puede ser cierta, pero no me parece determinante si, como señala el mismo artículo de Diario 16, la confesión religiosa de la mayoría de parlamentarias que votaron da a entender que no necesitan de la influencia de un actor privado, un grupo religioso, para votar como lo hicieron. Su voto podría ser reflejo más de un credo o de un cálculo político-electoral que evidencia de un lobby de grupos conservadores católicos y evangélicos. Podría haberse utilizado dicha herramienta, pero sin ella el resultado sería el mismo. Un tipo de lobby que podría haber alterado el resultado hubiese sido el de organizaciones feministas o progresistas con congresistas afines su postura (¿nacionalistas?)[4] o, en caso aplique, congresistas con una posición menos definida, no claramente conservadora.

Retomando la descripción del lobby, para su realización existen límites: el ejecutivo, los medios, las empresas y la sociedad civil organizada delimitan el alcance del lobby y hacen que en algunos escenarios tenga más posibilidades de éxito que en otros. El mejor escenario para la gestión de intereses es la arena libre, cuando no hay contrapesos o posiciones que colisionen con la agenda privada que se propone. Cuando un tema no encuentra oposición, pasa fácil. Cuando la opinión pública se inclina claramente hacia una dirección, hacer lobby es más complicado[5].

El caso que nos toca analizar no es una arena libre. La respuesta de organizaciones feministas ante la decisión[6] demuestra que hay una colisión de posturas. Por el lado de la opinión pública, habría que revisar encuestas y ver si es posible establecer con claridad una posición mayoritaria en este tema. Sin embargo, el alto porcentaje de peruanos que se autodenominan como “católicos” o “evangélicos” y la alta confianza que tienen en la Iglesia, antes que en las instituciones del Estado, sugieren que las posiciones de las iglesias y organizaciones religiosas influyen en las opiniones de buena parte de peruanos.

Gestionar no es la única opción. Hay un segundo juego: vigilancia (implica estar informados, alertas y pendientes de los temas que se tocan) y bloqueo de iniciativas. El lobby no se usa solo para proponer y gestionar iniciativas, sino para bloquear las de otros, en tanto, constituyen “riesgos” para los interese de determinados grupos. Cuando se avizora la imposibilidad de cambio, optas por bloquear, porque ganas más y es más factible hacer alianzas de ese tipo. Sobre estas dos funciones, me parece que el objetivo de los grupos feministas debió ser el bloqueo. Sin embargo, o el lobby no se hizo, o fue poco efectivo. Si lograron advertir lo que se venía, cumplieron con la función de vigilancia, pero les faltó efectividad en el bloqueo[7].

A modo de conclusión, sugiero pensar la influencia de la religión en la política más allá de un posible lobby. Creo que la ruta apropiada sería una lectura desde la cultura política, como la que realiza Jorge Aragón[8], reconociendo un patrón de relación con arraigo histórico y cultural[9]. En este caso, habría que preguntarse sobre la cultura política de los parlamentarios. Otra forma común de pensar esta influencia es como “poder fáctico”. Sin embargo, la pregunta pendiente es ¿cómo opera dicho poder (formas concretas)? ¿Qué herramientas utiliza? ¿Presión a través de medios de comunicación? ¿Lobby? ¿A través de la cultura política de representantes electos?

Dada la inexistencia de un Estado secular en el Perú, mi intuición es que iglesias y/o grupos religiosos no penetran el sistema político vía lobby, sino que están dentro de éste. Se dice que volvemos al Medievo. La pregunta que me surge es ¿realmente lo dejamos atrás? La influencia de la religión en la política ha existido por siglos. El Estado secular es una invención moderna y en el Perú su aparición está todavía pendiente. Los derechos de la mujer son conquistas que poco a poco se van gestando, son una novedad que desafía un orden político-social (¿religioso?) profundamente arraigado. Quiénes deberían presionar por todas las vías posibles, lobby incluido, son los grupos (feministas, progresistas) que esperan medidas contrarias a las posiciones de grupos religiosos. Este artículo no espera desanimar a nadie, sino ayudar a entender cómo opera el proceso de toma de decisiones en el parlamento en relación a un tema puntual[10]. Espero haber contribuido a dicha tarea.


[2] Las fisuras y contradicciones que se producen en el Estado de una democracia tangencial como el Perú se observan en el parlamento. Su funcionamiento práctico difiere del planteamiento teórico, según el cual es “el campo de debate entre las fuerzas políticas que, a través del intercambio de argumentos racionales toman decisiones que implican la producción de leyes. (Mujica 2012: 1).

[3] El tema pasa no solo porque no hay incentivos o no conviene formalizar y profesionalizar el lobby. No es posible hacerlo debido a problemas de representación y representabilidad: no hay nexo entre representante y representado.

[4] No conozco con claridad las posiciones del grupo parlamentario Gana Perú, a excepción de la de Verónika Mendoza, quien al no asistir les facilitó las cosas a las fujimoristas. Estos es difícil al no ser un partido disciplinado, con orientaciones programáticas reconocibles.

[5] Hay asuntos en los que un consenso mayoritario en la opinión pública: todos estarán de acuerdo en que se tomen medidas para solucionar problemas como la inseguridad ciudadana. Hay otros escenarios posibles: cuando la agenda mediática hace que el tema se retrotraiga, que al estar a la luz de todos los medios sea más difícil de trabajar como lobby; y cuando se negocian intereses contrapuestos evitando que entren a la agenda mediática.

[7] Sobre este punto, quisiera recordar la sugerencia de los politólogos Martín Tanaka y Alberto Vergara sobre la utilidad de sacar lecciones de la película Lincoln: fines muy elevados (como la abolición de la esclavitud) no se consiguen únicamente con una buena argumentación; la mayoría de veces, es necesario negociar, establecer alianzas, debilitar a la oposición, para poder alterar la correlación de fuerzas y ganar el apoyo necesario para conseguir un fin muy noble, para aprobar o bloquear una ley.

[9] Catalina Romero (2010). Religión y política en el Perú 2000-2010. http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20121213010651/Crucesinterseccionesconflictos.pdf

[10] Podría aplicarse a otros temas, otras leyes, y en cada caso variarían los actores, stakeholders y grupos de interés, y con ello varía los recursos, incentivos y la correlación de fuerzas.

 

 

TEXTOS RECOMENDADOS: 

 

ARAGÓN, Jorge

20XX Religion as a Political Factor in the Andean Countries: An Approximation from Political Culture

 

AMEIGEIRAS, Aldo Rubén

2012  Cruces, intersecciones, conflictos, relaciones político religiosas en América Latina. Buenos Aires: CLACSO

 

MUJICA, Jaris

2012 Hacia una etnografía del Parlamento peruano. Lima: Escuela de Gobierno y Políticas Públicas – PUCP

 

MUJICA, Jaris

2012 El lobby y la negociación de intereses privados. Una mirada etnográfica sobre la estructura y la dinámica de gestión de intereses en el Parlamento peruano. Lima: Escuela de Gobierno y Políticas Públicas – PUCP

 

PATRIAU, Enrique

2012 El Congreso peruano en el proceso de políticas públicas: influencia informal sobre la burocracia. Instituto de Iberoamérica. Universidad de Salamanca

 

CHATTERJEE, Partha

2007 La nación en tiempo heterogéneo y otros estudios subalternos. Lima: IEP, CLACSO, SEPHIS.

 

TANAKA, Martín

2013 Lincoln. La república, 24 de febrero. <http://www.larepublica.pe/columnistas/virtu-e-fortuna/lincoln-24-02-2013>

 

VERGARA, Alberto

2013 Los colores de la revocatoria. Poder, junio 19.   <http://www.poder360.com/article_detail.php?id_article=7060>

Otros textos:

http://www.luc.edu/media/lucedu/dccirp/pdfs/juan_carlos_diaz_lara.pdf

http://campus.usal.es/~dpublico/areacp/Doctorado0406/Seminario0405/Levine05.PDF

 

 

Estados Unidos y sus relaciones bilaterales con Chile y Perú

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Por: Gabriel Tristán

En estas dos últimas semanas, el presidente estadounidense Barack Obama tuvo dos reuniones con sus homólogos de Chile y Perú, Sebastián Piñera y Ollanta Humala respectivamente. En la reunión con el mandatario chileno, la Casa Blanca anunció que deseaba: “subrayar los fuertes vínculos de amistad entre los Estados Unidos y Chile’, además de abordar la cooperación bilateral en energía, educación, conservación del medio ambiente y desarrollo económico”[1]. En el caso del mandatario peruano, Obama logró expresar lo siguiente: “Felicito al presidente Humala por haber sido capaz de mantener fuertes índices de crecimiento en el Perú y por enfocarse en el desarrollo económico que incluya a todas las personas, como consecuencia, Perú no solo ha crecido sino también ha reducido la pobreza y camina a disminuir las desigualdades”[2]. En ambos mensajes y percepciones post-reunión, el afán conciliador del mandatario norteamericano se ve ampliamente reflejado. Pero, ¿por qué precisamente los citó ad portas del fallo de la Haya? ¿Cuál es la verdadera motivación de Obama y Estados Unidos con respecto a Chile y Perú? Permitamos resolver estos interrogantes más adelante.

Estados Unidos como el “gran” garante de la paz en Latinoamérica

“Es verdad que en el tratado de 1929, que se refiere al acuerdo en materia de territorio, en caso de cualquier diferencia el árbitro es el presidente de los Estados Unidos”  – Sebastián Piñera

Estados Unidos ha estado presente en la política de América Latina desde que se logró la independencia del imperio español. Negar tal afirmación sería no tener en cuenta la doctrina Monroe (“América para los americanos”) o no ver el paternalismo norteamericano con el “Consenso de Washington” (diez lineamientos de políticas de mercado que ayudarían a la región a ordenar su economía y salir de la crisis). En este caso particular, este fallo de la Haya ha generado una relativa tensión entre Perú y Chile lo que originó que Estados Unidos logre inmiscuirse en asuntos netamente bilaterales.

Siendo perspicaces, la reunión en la Casa Blanca a menos de un mes del fallo de la Corte de la Haya ha servido para algo más que un dialogo con ambos presidentes y mejorar sus políticas bilaterales. El afán principal de reunirse con los mandatarios de ambos países se basa en el deseo de evitar cualquier posible amenaza de guerra. Si se logra establecer una alianza fuerte o pactada ante cualquier posible dictamen de la Corte de la Haya, se evita una disconformidad que pueda llegar a un conflicto bélico. Este hecho más que pueda ser generado por buena voluntad, se basa en un afán económico de no perder los beneficios que los TLC con ambos países le generan a Estados Unidos. También en la lógica de mantener a una Sudamérica unida en base a la poco cuestionable (hasta ahora) hegemonía Norteamericana, no sería aconsejable que otra potencia se forme como “padrino” de alguno de estos países y le brinde apoyo bélico para desconocer un fallo desfavorable.

Conveniencias personales: Casos Chile y Perú

Chile

“Piñera también está mirando a cerrar su período” de gobierno, “siendo visto como un estadista”  – Robert Funk

Sebastián Piñera ya no es un presidente popular en Chile. La popularidad de este mandatario está bordeando el 34% de aprobación y es una de las más bajas en un país tan institucionalizado como Chile (Lagos y Bachelet se fueron del gobierno con niveles de aprobación que superaban el 70%). Esta baja popularidad del primer gobierno de la derecha después de la transición democrática, ha generado que el partido en el poder (Renovación Nacional) no presente un candidato oficialista.

Una parcial o total victoria en la decisión del Tribunal de la Haya generaría un baño de “popularidad” que originaría un repunte del apoyo al partido y quizá un postulación de un candidato del partido oficialista. La reunión con el presidente Obama obedece a una visión concertadora de Piñera y que este es capaz de transar con distintos actores políticos. Además de crearse una muralla de legitimidad gracias al apoyo que le brinda el gobierno norteamericano al mandato chileno. “Para los Estados Unidos, Chile sigue siendo un aliado bastante importante”[3]

Perú

“Perú es un socio estratégico” – Barack Obama

Ollanta Humala, a pesar de tener un alto nivel de popularidad, ha venido descendiendo en las encuestas. Con una victoria parcial o total en el fallo del Tribunal marítimo, cualquier error o falla terminaría siendo perdonado y la popularidad del mandatario peruano subiría como la espuma. Pensando o no en una reelección o la postulación de su esposa (cambio de la Constitución, creación de ley “Nadine”), es fundamental poder tener el apoyo popular que por el momento parece estar perdiéndolo.

Su reunión reciente con el presidente Obama también ha servido para que esta vez el Perú tenga como garante del cumplimiento del fallo a Estados Unidos (que en un conflicto hipotético el país de la estrella solitaria tendría una ventaja comparativa). Por el mismo lado de Piñera, una demostración de saber manejar la coyuntura y capacidad de negociación será bien valorada en la sociedad.

Finalmente, tanto a Estados Unidos, Chile y Perú les ha convenido reunirse para establecer convenios y ver qué acciones les convienen más. Por el lado norteamericano, podemos identificar un deseo de no tener un conflicto “gratuito” en la región sudamericana y que su hegemonía puede seguir manteniéndose sin dificultades. En el caso de Chile y Perú, ambos países ganan un aliado estratégico en este conflicto (que fungirá de garante del cumplimiento del pacto) y un pequeño baño de popularidad con respecto al resultado final de fallo. Si bien esto no garantiza que ambos países tomen el resultado de manera totalmente pacífica, al menos nos permite visualizar que no será tan conflictiva como se vio en un principio

La Primera Caída

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Por: Piero Miranda 

Desde hace ya varias semanas, un personaje de la política nacional ha dejado saturados a periódicos, canales de noticias y programas radiales. Todo lo que ha venido aconteciendo entre acusaciones, apariciones en público y declaraciones que han dejado muchas más dudas de las que había inicialmente cuentan con nombre y apellido, y es Alejandro Toledo.

La gestión de un presidente está llena de acciones buenas y malas, aciertos y desaciertos; sin embargo, cabría preguntarnos de que manera un líder político, ex presidente y garante del gobierno actual, termina en el ojo de la tormenta con acusaciones graves de corrupción y queda como una persona de poca credibilidad ante los ojos de la opinión pública. La frase de que la verdad en boca de mentiroso se hace dudosa, no ha venido gratis, por lo que es necesario analizar más profundamente este tema y ver lo que involucra.

En el inicio del gobierno de Ollanta Humala, Alejandro Toledo supo posicionarse dentro del bando de los aliados del partido oficialista y lograr de esa manera ciertos beneficios que le ayudaban a mantener su tranquilidad política y personal. Sin embargo, esto no duraría mucho, pues con la acusación de la compra del inmueble en las Casuarinas por parte de su suegra y sus vinculaciones con empresas fachadas en Costa Rica, no hicieron más que dar inicio a todo el aluvión de críticas y acusaciones que vendrían después. Así mismo, que grandes sectores de la población te desaprueben como político y que otro gran porcentaje recomiende su retiro de la política, ponen al ex presidente en una situación muy compleja que lo ubica al filo de la navaja.

Pero, ¿es acaso toda esta situación de acusaciones y ataques mera coincidencia? En efecto, uno de los elementos que no existe en política son las coincidencias, pues todo movimiento es cuidadosamente planificado y orientado hacia intereses particulares de grupos de poder o de agrupaciones políticas. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto?  Recordemos pues que Alejandro Toledo  junto con Perú Posible como aliados del nacionalismo, vienen en una constante batalla contra a las aspiraciones políticas tanto de apristas como fujimoristas, por lo que el viacrucis del ex presidente tendría como una de las razones de ser el apoyo de este al gobierno de Humala.

Vale recordar que donde hay delito deber haber sanción sin ninguna excepción, pero ¿acaso las acusaciones a Alejandro Toledo no  representan también un daño de manera indirecta a la gestión de Ollanta Humala? En la medida en que este tema no quede solucionado, cualquier intención del Gobierno respecto al tema, será considerado un blindaje y Humala sabe que lo que menos puede hacer, es seguir perdiendo aprobación y legitimidad frente a sectores de la población y  seguir acumulando más ataques de la oposición por defender a Toledo.

Este no sería el único punto a considerar, pues  Alejandro Toledo como candidato al 2016 ha sido otro elemento clave, ya que para las agrupaciones políticas  opuestas a este, el quiebre de su imagen y de su presencia política implica también  un actor menos con el cual negociar para las próximas elecciones presidenciales en el país. Asimismo, el hecho de que Perú Posible quede seriamente dañado con las acusaciones a su líder y sin un rumbo  fijo ante la ausencia de Toledo, estaría en proceso de una implosión partidaria, lo cual tendría como consecuencia la atomización del mismo y la necesidad de negociar espacios políticos con la oposición, lo cual lo dejaría muy vulnerable a las condiciones no tan benignas que estos le pidan solo para conseguir mantenerse en la escena política.

Por último, la factura del apoyo que hay en este momento por parte del oficialismo a Alejandro Toledo frente a las innumerables acusaciones,  llegaría en forma de ese apoyo que Gana Perú necesitaría para respaldar una virtual candidatura de Nadine Heredia, por lo que tampoco el ex presidente saldría bien librado de esta situación, aun así las acusaciones no prosperaran, pues los favores en política en algún momento se devuelven. Con todo esto, la encrucijada que atraviesa Alejandro Toledo va más allá de acusaciones y demandas, pues su mismo protagonismo político lo convierte en un actor relevante tanto para el oficialismo, como para la oposición y su caída, definitivamente, no dejara de arrastrar diversas consecuencias.

Consideraciones sobre la Universidad Pública: Reforma de la Ley Universitaria

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Por: Diego Salazar

En 1966, Seymour Martin Lipset[1]publicó un artículo sobre el rol de las universidades en el tercer mundo. Lipset, para entonces, afirmaba  que las universidades debían estar en la capacidad de contribuir al conocimiento mediante la investigación, la formación de líderes con sentido de responsabilidad, con un profundo sentido crítico y con la capacidad necesaria para iniciar cambios en el país teniendo en consideración los contextos actuales que le fueron heredados. De no ser así, el autor afirma que, las universidades se convierten en entes parasitarios.

La universidad peruana, hace mucho tiempo, dejó entrever que el rol de la investigación no es un eje central en la vida académica o, al menos, no más que la elección de los representantes de sus Centros Federados, el tercio estudiantil, decanos o el rector.  La suspensión de clases, días antes de las elecciones, tal como sucede en San Marcos, demuestra que el interés por lo académico es nulo.

Además, la universidad pública y gran parte de las privadas, adolecen de capacidades para generar investigación que van desde la ausencia de centros de investigación, institutos especializados, ausencia plana de docentes nombrados, una biblioteca bien implementada; es decir, elementos básicos.

Ante la reforma de la Ley universitaria aprobada por el Congreso en los últimos días se han alzado varias voces, una más confusas que otras, y se han hecho visible debilidades en cuanto a las  propuestas alternativas al Proyecto Ley desarrollado por la Comisión de Educación.

Desde los organismos estudiantiles las respuestas han sido muy pobres y repetitivas: “una educación científica”, “más vacantes”, “democratización de la universidad”, “autonomía”; respuestas que denotan eslóganes electorales más que propuestas viables y concretas.  La retórica no ha cambiado de sentido, y la preocupación por las parcelas de poder internos, dentro de las Facultades, o dentro de los grupos a los que los estudiantes pertenecen, es mayor al interés por la educación superior. No estamos ante  una elección de Tercio Estudiantil ni Centro Federado ¡Es  la reforma de la educación superior la que está en juego!

Por su parte, la Asamblea Nacional de Rectores y varias otras universidades han brindado declaraciones sobre la importancia de la “autonomía universitaria”[2]. Este principio se remite a la Reforma de Córdova de  1918, la que otrora supuso un adelanto la  apertura al dogmatismo de la época, no cambió en esencia a las universidades públicas del país. El esquema de gobierno corporativista, la autonomía y el cogobierno que provienen de esta tradición no han visto actualización alguna en nuestro país, ni mucho menos han fortalecido las universidades[3]. Es un esquema centrado en la defensa de la universidad contra la injerencia el Estado más que en el trabajo conjunto y el fomento de su participación activa.

La crisis de la universidad, y en consecuencia su baja calidad, es precisamente por ausencia del Estado. Nuevamente, desde los sectores estudiantiles radicales, se teme que la intervención del Estado sobre la educación universitaria sea un problema ya que se fijarían las agendas de investigación y en el nombramiento de los docentes ¿Pero debe ser este un problema? ¿No es acaso el Estado el que debe definir los temas prioritarios que desea para su desarrollo? ¡Por supuesto! Esto no excluye a las agendas de investigación de las universidades, tampoco que puedan fortalecer sus institutos ni sus demás instancias; mucho menos las excluye de su capacidad para generar debate y fijar la agenda pública respecto de los problemas que el país afronta.  Porque, valgan verdades, la universidad se encuentra ajena a los problemas que se debaten en la agenda pública del todo[4] el país.

La agenda pública va más allá de los tradicionales eventos “la vigencia del pensamiento de tal o cual…”que los estudiantes constantemente desarrollan en orden de  justificar su debilidad para encontrar referentes políticos o académicos más modernos y actualizados. O los eventos desarrollados por las universidades: “La importancia de tal o cual…”; ambos reflejo de la pobre vida académica de las universidades públicas y gran parte de las privadas. Los debates, si los hay, nunca terminan en propuestas ni proyectos de investigación, son eventos cuyos objetivos, en muchos casos, son la captación de nuevos jóvenes por parte de las mafias o de los grupos políticos internos de la universidad. La vida académica está perdida en este marasmo de inconsistencias y la ceguera del sector estudiantil.

Otro aspecto importante de la crisis que afronta la universidad está en área administrativa. Lo descubierto por la Contraloría respecto a los trámites burocráticos no es ninguna novedad. Los trámites pueden durar hasta un año. Pero, más allá de los trámites para la obtención del bachillerato, es importante observar el tiempo que demora un estudiante en graduarse como licenciado; es decir, el tiempo en el que el estudiante presenta su tesis. Un estudio desarrollado por el Área de  Tutoría del PRONABEC indica que un estudiante de universidad pública del interior del país demora en promedio 6 años en recibirse licenciado ¡Seis años!

Sin duda, si la burocracia tampoco ayuda, los estudiantes menos. No hay incentivos que ayudan a agilizar la profesionalización de los estudiantes universitarios. Esto nos lleva a pensar que en materia de educación universitaria, no sólo se trata de otorgar cientos de millones a fondos de investigación que nunca serán utilizados; sino también a hacer operativos los proyectos de investigación. Y más aún, que dichos proyectos, una vez desarrollados por la universidades, sean comercializables y generan impactos en la economía del país. No sólo se trata de patentar mototaxis solares , sino de generar una estrategia para vincular estos productos a la empresa y que sean útiles ¿Eso significa venderse al pensamiento único neoliberal como han sugerido algunos docentes?

Al fin y al cabo, ya desde la ANR o ya desde las alicaídas y desprestigiadas organizaciones estudiantiles, no hay una respuesta clara a las propuestas de la Comisión de Educación ¿Acaso se han convertido en entes parasitarios como diría Lipset?


[1] Lipset. (1966). University Students and Politics in Underdeveloped Countries.  Comparative Education Review.

[4] No solo Lima sino, imaginemos a las universidades de las regiones del país, ¿son estas partícipes de los debates y problemas en sus regiones?

Reformas policiales en América Latina

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Por: Ricardo López Valverde (Invitado especial desde BOLIVIA) 

Psicólogo político de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” y parte del equipo del Think Thank “Asuntos del Sur”.

En América Latina la policía no es uno de los órganos de mayor confianza. Algunos estudios aseguran que en muchos casos la corrupción policial y la poca efectividad que tiene este órgano terminan liquidando toda confianza que se había construido anteriormente. Como resultado, la sociedad no confía para nada en esta institución. Esto es lamentablemente todo lo contrario a lo que debería ser: una institución sólida y confiable donde la sociedad se pueda cobijar.

Son dos tipos de policía los que operan en países latinoamericanos, las policías que, en los países federales como en Argentina y México, son unidades diversas y descentralizadas. Un segundo modelo de policía en Estados unitarios como Colombia, El Salvador y Guatemala donde el cuerpo policial es solo uno. Ambos modelos sufren problemas por su forma de organización estructural, en el primero no se tiene coordinación entre las diversas unidades y en el segundo, se tiene una organización grande, pesada y sobre todo lenta por su gran tamaño.

Algo común entre todos ellos es que la mayor parte de estos países registran índices de pobreza elevados y es este uno de los factores que predispone a la delincuencia. Marcelo Fabián Saín, diputado provincial de Buenos Aires, asegura que los pasos a seguir para lograr una reforma policial es tener conocimiento que desde la política se puede dar el cambio incidiendo en la misma institución. ¿Cómo se logra esto? Simplemente formando parte de las decisiones y generalizando los hechos para poder generar cambios concretos.

Desde su propia experiencia, Saín comenta lo difícil que puede ser generar cambios estructurales. Sin embargo, la persistencia y la dureza de la acción motivan a que los cambios sean perennes en el tiempo. Es evidente que una reforma efectiva no es resultado de unos cuantos meses de gestión sino es resultado de un largo trabajo que puede tomar quizá muchos años.

La otra cara de la moneda se encuentra en mano de los individuos. Es importante tener en cuenta que aquellos que cometen actos delictivos son introducidos en esta dinámica por dos variables. La primera, desde la genética, que asegura que hay personas predispuestas a cometer maldad, generalmente estas personas tienen daños estructurales en su personalidad. La segunda que desde el entorno familiar, rodeado de pobreza, maltrato, humillación, odio, rencor, se va haciendo posible que una persona termine siendo un delincuente.

Sin generalizar a los países latinos desde este punto de vista no solamente la policía es el problema sino la predisposición de toda una sociedad a tener estas estructuras. Como bien lo dije son factores de pobreza, abandono, violencia entre otros que desencadenan esta situación. Algunos con índices de mayor delincuencia y otros con menores índices.

Para finalizar relacionaré el trabajo de la policía con la tasa de homicidios cometidos. Los índices  en la región muestran que las tasas más altas se encuentran en Honduras (81 de cada 100.000 habitantes), El Salvador (64 de cada 100.000 habitantes), Guatemala (41 de cada 100.000 habitantes), República Dominicana (25 de cada 100.000 habitantes), Brasil (20 de cada 100.000 habitantes), entre otros que conservan índices más bajos.

Si bien realizar reformas en la policía es complicado, es posible lograr cambios. Lo más importante es que la persistencia en el tiempo y la incidencia de la política en el interior de estos órganos generalizando hechos y buscando soluciones creativas.

La Inseguridad Ciudadana, el Estado y los Medios de Comunicación

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Por: Cecilia Colán Quevedo (Invitada especial)

Politóloga egresada de la UNMSM.

Dentro de un contexto de un indulto negado a Fujimori, de personajes de la política nacional acusándose y “fiscalizándose” entre si, recordando las contradicciones del ex -presidente Toledo, del: “No a la relección conyugal”, entre otros temas que inundan ahora los medios de comunicación, quedan a un segundo plano los temas que importan de verdad. Temas como la reducción de la pobreza, la calidad de la educación, las cifras de violencia intrafamiliar y, violencia en las calles, la drogadicción, el narcotráfico, el terrorismo; en fin, infinidad de temas de los cuales depende la calidad de vida de los ciudadanos y  el verdadero desarrollo humano.

En este caso haré referencia a uno en particular que está causando no solo cifras  alarmantes de muertes de inocentes a diario, que no solo causa dolor, sino indignación y cada vez un mayor temor de salir a las calles: el aumento de la inseguridad ciudadana, a propósito del último comentario que hiciera nuestro presidente Ollanta Humala al respecto. Según un informe del Instituto Nacional de Estadística (INEI) el 86,7% de la población siente que podría ser víctima de algún acto delictivo, yo me considero una de ellas.  Asimismo también dieron a conocer que 38 de cada 100 personas de 15 y más años de edad de las principales ciudades del país han sido víctimas de la delincuencia.

Esto no solo podemos constatarlo en estadísticas, sino que es lo que a diario y a todas horas del día reportan los medios de comunicación tanto de televisión, radio y como de prensa escrita y de hecho lo vemos en nuestra ciudad. El debate está, en si mostrar toda la delincuencia es positivo para la audiencia o, si por el contrario, se está haciendo mal al mostrar todas las atrocidades que a diario se comenten en nuestro país dando así un “mal ejemplo”. En otras declaraciones, el presidente también criticaba fuertemente a los medios de comunicación diciendo que la prensa debería mostrar cosas buenas en lugar de mostrar tantos malos ejemplos, a lo cual unos conductores de noticias le respondieron que las noticias que se muestran son lo que hay,  lo que acontece en su gobierno y que, aunque sea lamentable, debe mostrarse.

El conducir a los medios de comunicación en el modo de presentar este tipo de noticias es tan importante cómo el tema en sí. Es natural sentirnos inseguros, es normal que a diario escuchemos que ahora la vida y la integridad de un ser humano no vale nada, para aquellos que por encargo y su respectiva remuneración le quitan la vida a alguien, o porque quisieron robarle el dinero, el carro, la casa, o porque se encontraban bajo los efectos de las drogas, e infinidad de atrocidades más; que ahora las encontramos también a vista y paciencia de todo el mundo en las redes sociales, pues los sicarios tienen hasta sus propias cuentas de Facebook.

Es correcto informar a la ciudadanía del acontecer nacional aún si esto se trata de delincuencia porque así podemos nosotros estar prevenidos. Sin embargo, debería presentarse de una manera más crítica y analítica, es decir, añadiendo a la noticia entrevistas serias a personas especialistas del tema, con nuevas propuestas, con análisis desde el aspecto social, psicológico, económico, jurídico y desde el ámbito de las políticas públicas. Todo lo mencionado anteriormente debe informar a la población de cuanto se está haciendo (sin dar muchos detalles que hagan que las armas de los delincuentes se dupliquen) desde los diferentes niveles de Gobierno.

Para ello, el Estado debe encontrar la correcta armonía con los medios de comunicación, pues algunos al presentar diversas noticias de un modo incorrecto, muchas veces se escudan en el artículo N° 2 de la Constitución Política del Perú, en los incisos 2 y 3. En ambos se hace mención de que no hay persecución por razón de ideas o creencias y que no hay delito de opinión, así como que todo individuo tiene derecho a las libertades de información, opinión expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley.

La noticia debe mostrarse con reflexión y no mostrándolo uno tras otro como algo simplemente cotidiano o normal. Esto, ha generado una situación que la gente suele ver como rutinaria y no como el grave problema que es en realidad. Es tarea de todos contribuir a acabar con la inseguridad ciudadana.

Ollanta Humala y sus cálculos políticos

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Por: Alejandro Mejía Tarazona

Durante la última semana, el gobierno de Humala ha llevado a cabo diversas acciones que, para opinión de muchos, han pasado desapercibidas en el debate público a través de los medios de comunicación. Esto, me lleva a hacer una pequeña reflexión sobre el accionar del gobierno actual y sus desafíos frente a coyunturas como el manejo de la economía, la lucha contra el terrorismo y, “el boom de la semana”, la negación del indulto al ex – presidente Alberto Fujimori.

Sube y baja. Sorpresa ha causado en muchos peruanos esta alza repentina del dólar, sobre todo cuando estamos en una coyuntura de crisis económica que nuestros socios comerciales, como Estados Unidos y Europa, están aún resolviendo. Ante la incertidumbre de esta crisis, el dólar recupera su valor. Esta volatilidad en la moneda norteamericana y su reciente alza, podemos entenderla desde la reunión que ha convocado el presidente Humala en días anteriores con el sector empresarial peruano.

Ante la reducción en las exportaciones a los países que sufren los avatares de la crisis económica, es necesario llevar a cabo otra estrategia para no sufrir el impacto directo en el balance comercial de nuestras  exportaciones e importaciones. El empresariado peruano necesita el apoyo del Estado, como principal garante, para que las inversiones se aceleren y generen un impacto positivo en la economía. Ollanta ya mostró unidad política en torno a la política exterior peruana; es hora de mostrar confianza en el manejo de la economía.

Cadena perpetua. La justicia peruana actuó de forma impecable. El camarada “Artemio”, uno de los últimos líderes de Sendero Luminoso, fue condenado a cadena perpetua y la frase “Terrorismo Nunca Más” se ha vuelto a escuchar en estos días. Sin embargo, muy a pesar de sus acusaciones por delitos como el terrorismo y el narcotráfico, en días anteriores, salieron a la luz unos audios que ponen en evidencia el rol que tuvo “Artemio” en la creación del MOVADEF (fachada legal de Sendero Luminoso).

Su vinculación directa en la creación de este “movimiento político” es como principal impulsor en la formación del mismo, así como en su respectivo financiamiento con dinero proveniente del narcotráfico. El comprobar esta asociación directa entre “Artemio” y MOVADEF, pondría en evidencia un cambio de estrategia de Sendero Luminoso y generaría una  investigación judicial contra el MOVADEF. Sin embargo, no hay que olvidar que,  luego de su fallido intento de ser un partido político, no ha cesado en su trabajo en el interior del país donde va consolidando sus bases tanto en universidad públicas como en sindicatos. Aquí aún hay una tarea pendiente para la justicia peruana frente una ciudadanía que rechaza tajantemente cualquier aspecto vinculado a Sendero Luminoso.

No al Indulto y el Perú – Ecuador. No debe sorprendernos que el gobierno haya negado el indulto en plena euforia de la gente frente al partido entre Perú y Ecuador. Si el gobierno pretendía que la noticia no tenga el eco debido en los medios de comunicación, pues la estrategia le falló. Muy aparte de haberle negado el “indulto humanitario” a Fujimori, aquí hay un cálculo político detrás de la decisión. La reciente encuesta en torno aprobación presidencial de Humala y el rol de Nadine Heredia como primera dama,  ha dado como resultado una caída notable en la popularidad de la pareja presidencial.

Frente a ello, el partido de gobierno ha elegido bien sus cartas (el NO al Indulto a Fujimori) para recuperar la confianza de sus bases nacionalistas y, del mismo modo, de un electorado anti-fujimorista. Sin embargo, esta decisión de Humala polariza aún más a la ciudadanía que, según encuestas de opinión pública, se manifestó a favor de un indulto al ex – presidente Fujimori.  Aún hay mucho “pan por rebanar” en cuanto a las consecuencias de la decisión tomada por Humala.

La industria pesquera y la reducción de la anchoveta

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Por: Elena Martínez 

La pesca en el Perú ha sido, desde varias décadas atrás, una de las actividades industriales que ha dejado ganancias considerables a la economía nacional. Desde los años  50’s comienza el “boom pesquero”, colocando al Perú como el principal productor y exportador de harina de pescado a nivel mundial. Sin embargo, es el abuso de la extracción pesquera y, el cambio climatológico  que hemos vivido en los últimos años,  lo que ha provocado el descenso de diversas especies, en particular, la anchoveta, principal insumo para la elaboración de laharina de pescado.

Ante esta situación, el Estado ha  tomado medidas preventivas para evitar la depredación de esta especie. El Ministerio de la Producción (precedido por el Ministerio de Pesquería), ha decidido aplicar mecanismos rigurosos de fiscalización a las grandes embarcaciones que se encuentran en nuestro litoral, a través del Decreto Supremo N° 005-2012-Produce1, el cual estable tres zonas de pesca, siendo las embarcaciones industriales las más afectadas, según los empresarios pesqueros.

La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), presidida por Elena Conterno, ex ministra de la Producción, ha tomado acciones legales para que esta medida quede sin efecto. La SNP persiste aduciendo que la anchoveta, como recurso, no está en riesgo2 y que si existe una desproporción de la especie es por la pesca ilegal. Asimismo, la SNP demanda poder pescar a partir de la milla 5, compartiendo espacio con las embarcaciones de menor escala.

El Ministerio de la Producción considera que  esto resultaría desfavorable para el mantenimiento del recurso, puesto que a las 557 embarcaciones de menor escala se sumarían 1 173 embarcaciones industriales, lo que sería perjudicial para la supervivencia de la anchoveta3.  Además, se informó que existe  un gran número de juveniles4 de anchoveta que no deben ser capturados; sin embargo, el gremio pesquero  no considera válido este esto no pueda evitarse, a lo cual el Ministerio   dio la orden de vedas en distintas zonas, causando muchas críticas por parte de los pescadores artesanales, los quequienes aseguran que en una veda de cinco o diez días los juveniles no crecerán, y que son ellos los más perjudicados ya que dependen día a día de este recurso para sobrevivir.

Estas medidas estatales, calificadas por el sector privado como intervinientes, han causado preocupación en las zonas dedicadas a la pesca como Ancash, Ica, Lima, Callao, La Libertad y Piura, regiones que reciben canon pesquero y  parte de su población dependen de esta actividad económica.

Lo primordial en esta polémica es la necesidad de que se elaboren mecanismos para que la pesca de anchoveta sea sostenible para que el sector pesquero no realice su actividad desmesuradamente (pesca artesanal, de mediana escala e industrial), y que el sector estatal sea supervisor de ello. Las políticas aplicadas por el Gobierno no deben espantar al sector privado; todo lo contrario, debe informar y explicar el porqué de las medidas, evitando así, controversias posteriores.

 

1.http://www.produce.gob.pe/index.php/avisos-comunicados/716-protegiendo-las-5-millas-marinas

2. http://elcomercio.pe/economia/1582999/noticia-gremio-pesquero-espera-mejor-relacion-produce

3.  Diario Gestión/ Economía/ Página 13  (Jueves 30 de Mayo)

4. Perteneciente o relativo a la fase o estado del desarrollo de los seres vivos inmediatamente anterior al estado adulto.

 

China: 24 años después de Tiananmen

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Por: Hernán Tello

“Mientras viva y tenga la oportunidad, quiero contar al mundo la verdad sobre la masacre de Tiananmen”.

Qi Zhinyong, activista chino.

El día de ayer, miles de personas se reunieron para conmemorar la tragedia ocurrida durante las protestas de Tiananmen el día 4 de junio de 1989 (exactamente hace 24 años), un hito importante para la lucha por las reformas políticas frente una China que se mostró opresora ante al reclamo ciudadano de cambio y democracia. Este evento generó múltiples muertos y heridos que varían en número por cada fuente. Es por esta razón, que la comunidad internacional hasta el día de hoy exige al gobierno pronunciarse con cifras oficiales, siendo siempre la respuesta el reclamo gubernamental por “injerencia externa”[1], restando valor a la demanda. Este evento ha permitido al mundo realizar importantes balances respecto a los avances en materia de derechos humanos en el país de la revolución maoísta cuya conclusión general muestra graves maltratos en el presente y la repetida búsqueda de ocultar el pasado.

Las historias post-Tiananmen son múltiples. En cada conmemoración de esta fecha,  los sobrevivientes tienen que soportar ser encerrados en sus casas y protegidos por agentes policiales para evitar contacto con cualquier persona del exterior, sea familiar o periodista que busca cubrir relatos de lo ocurrido. Existen testimonios vivientes como el de Qi Zhinyong [2], activista en el momento de la tragedia que perdió una pierna. En el año 2010, fue secuestrado y puesto en cárcel bajo maltratos debido a su intento de documentar su propia experiencia respecto a las injusticias que fue sometido año tras año, acusado de “crímenes contrarrevolucionarios y querer derrocar al Partido y al socialismo”[3]. Aquel año, Lui Xiaobo –otro activista chino- recibió el premio nobel de la Paz, dedicándoselo a Qi y a otras víctimas de la masacre.

Otra acción valiente es representada por las Madres de Tiananmen, mujeres parientes de víctimas de la represión, que han publicado como cada año una carta abierta exigiendo al gobierno justicia para sus muertos, la apertura del diálogo sobre lo sucedido hace 24 años y la publicación de la lista completa de fallecidos con el objetivo de compensar a las víctimas[4]. El gobierno hasta ahora no ha emitido respuesta alguna al pedido y, al contrario, ha bloqueado el acceso a los cementerios donde se encuentran enterradas las víctimas.

Conocer la verdad de Tiananmen es un privilegio de élite. Los demás ciudadanos nacidos luego de 1989 apenas conocen el tema, no existen referencias en los textos escolares. Sin embargo, la apertura económica ha permitido a la sociedad china acceder a servicios de información a través de internet, trayendo una oleada de activismo virtual y una real amenaza al gobierno de la Republica Popular, por lo que se decidió exigir la censura de páginas relacionas del exterior y los resultados de búsqueda de algunos términos como “4 de junio”, “Tiananmen” o “vela”[5], siendo el principal afectado la red social de microblogging Weibo, la versión china de Twitter, en donde se reportaron la mayor cantidad de bloqueos. La principal sanción ha sido la cárcel, por lo que muchos han sido rastreados y encarcelados por el simple hecho de buscar datos respecto a la tragedia[6].

Ante la dificultad surge la creatividad. El gobierno no ha podido censurar de forma efectiva las expresiones con mensaje encriptado como “Nunca olvidaré los sucesos de aquel día en aquel año”. Otra evidencia que se ha producido este año es la victoria de los memes: el uso de esta herramienta lúdica ha permitido difundir la fecha de forma ingeniosa, siendo detectada tardíamente, luego de haberse propagado a nivel mundial y generado múltiples réplicas.

Finalmente, es increíble observar que la reacción del gobierno chino pueda ser tan ligera e indiferente frente a lo evidente. Declarar que Estados Unidos tiene “prejuicios respecto a la masacre” e instarlo a rectificarse por sus ofensas, además de argumentar su posición con los avances económicos y supuestamente democráticos (“Todos los ciudadanos chinos disfrutan de amplios derechos y libertades”)[7] suena a querer evitar cualquier debate en torno a dicho suceso. Las Organizaciones pro-derechos humanos en el mundo deben seguir incidiendo por la lucha por las libertades de los ciudadanos chinos.

Postdata: Son grandes las coincidencias de la vida. El día de ayer falleció Chen Xitong, alcalde de Pekín durante las protestas.


[3] Íbid.