El eslabón perdido, o el uso de la evidencia práctica para la toma de decisiones.

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Por: Diego Salazar

Toda política pública alberga una cuota enorme de incertidumbre que, paulatinamente, se va reduciendo en cuanto encontramos evidencias que nos indican la dirección que dichas políticas toman desde su formulación hasta su implementación. Nos indican, además, si estas cumplirán con los objetivos y metas planteadas, utilizando los recursos públicos de manera eficiente, minimizando los costos e impactando positivamente en los beneficiarios.

El rol de la investigación y la consecuente  generación de evidencia aparecen como insumo principal para la reducción de este grado de incertidumbre respecto del derrotero de las políticas públicas y, sobretodo, nos ayuda a comprender el grado de cumplimiento de las metas trazadas.

En nuestro medio, sin embargo, los temas de gestión pública parecen desconectados de las investigaciones técnicas. Existe un problema de operacionalización de los reportes, investigaciones, notas y demás evidencia para la toma de decisiones públicas y cómo estas se pueden manifestar en insumos útiles para el cambio, la redirección o el mantenimiento de una política pública.

Dos errores comúnmente observados en la gestión local para la provisión de información  en la toma de decisiones son fácilmente observables: de un  lado, gran parte de los diagnósticos desarrolladas para identificar y clarificar un problema público presentan metodologías ad-hoc que generan un sesgo en el tipo de direcciones que las políticas puedan tomar; y por otro lado, el uso de los indicadores de proximidad (con una cuota de deducción) suplen el ejercicio de la búsqueda de los eslabones de evidencia entre la suposición y la realidad.

Tanto académicos como funcionarios han manifestado preocupación sobre la forma en la que las investigaciones para la generación de evidencia se desarrollan bajo esquemas que van, inclusive, en contra de la metodología misma. El fin de la practicidad se superpone al de la rigurosidad para la generación de la evidencia. Después de todo, presentar resultados siempre es más importante a nada.

Más allá de lo dificultoso que uno pueda imaginar, hacer un uso adecuado de las investigaciones y la data existente para el monitoreo de políticas pasa por definir algunos criterios básicos (Nultey & Davis, 2002) como: un consenso en la naturaleza de la evidencia y su validez para el sector público. Preguntas como ¿qué tipo de fuentes tomar en cuenta?, ¿Cuáles mencionar?, ¿Cuáles no? Aparecen, en este rubro, como fundamentales.

Como segundo punto Nultey plantea que, además de las fuentes el problema de los criterios para identificar problemas públicos– o en todo caso medirlos-es una brecha muy difícil de superar. Sin ir muy lejos, el hecho que, tanto la Defensoría del Pueblo, la Presidencia del Consejo de Ministros y la Policía, mantengan diferentes metodologías para el conteo de los conflictos sociales habla mucho de los problemas que nuestro país afronta en materia de datos y estadísticas claves.  Pero puede ser peor, tanto el Ministerio de Salud y la Policía también mantienen estadísticas diferentes para la medición de accidentes de tránsito.

Si no convence tanto la falta de consenso sobre las fuentes ni sobre los criterios. La difusión de la información que eventualmente debería ser de fácil acceso a los ciudadanos, no lo es.  Existen iniciativas como la consulta amigable del MEF que, en realidad, no parecen nada amigables. Los efectos de esta forma de manejo de la evidencia pueden ser peores que ciudadanos menos informados por un acceso restricto (debido a la complejidad) a la información. La incertidumbre propia de las políticas no se reduce, y es muy probable que las decisiones que se tomen, o se basen en fuentes no consensuadas y medidas con poca rigurosidad metodológica; o en todo caso, se basen en el instinto. Ambos con efectos aún más inesperados sobre los beneficiarios finales de las políticas.

Urge, entonces, una mirada rigurosa al proceso de las tomas de decisión de parte de los funcionarios del Estado peruano, ¿en qué basan sus decisiones y el monitoreo de las políticas públicas si las fuentes de información son restrictas y desorganizadas? Hay una serie de preguntas de base que merecen ser resueltas en el inicio del ciclo de políticas. De no ser así, estaremos en el círculo vicioso donde nos interroguemos por qué el gobierno no puede identificar conflictos sociales de manera temprana, o sencillamente,  (no saber) cuántos accidentes de tránsito existen en el país.

Texto citado:

Nutley Sandra & Davies Huw. (2002).Evidence-based policy and practice: moving from rethoric to reality. Research Unit for Research Utilisation. University of St. Andrews.

Publicado el abril 12, 2013 en Gestión Pública y etiquetado en . Guarda el enlace permanente. Deja un comentario.

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