Políticas Públicas de violencia familiar y sexual en el marco de un Estado descentralizado

TINTERO

Por: Merybet Morales Espino

Hace unas semanas conmemoramos Día Internacional de la Mujer, día que nos invita a la reflexión, acerca de los avances que se están generando hacia una situación de igualdad.  Sin embargo, en nuestro país, las cifras nos revelan que aún no hemos podido combatir un grave problema social como la violencia familiar y sexual, que según cifras oficiales, sólo en el 2012, se atendieron 42 mil casos[1]. Esto nos invita a preguntarnos cuál está siendo el rol del Estado en esta lucha constante ante el problema.

El Estado Peruano, desde el año 1996, cuenta con un aparato institucional que ha pasado por varios cambios de estructura desde que apareció, como el Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano (PROMUDEH) que tenía como finalidad promover políticas para la mujer y la familia con la principal directriz de la equidad de género. Luego, en el año 2002 se modificó su estructura anexándole organismos como el PRONAA, FONCODES, INABIF, entre otros.[2] Finalmente, ante la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se ha vuelto a modificar la estructura hacia políticas públicas de género y grupos vulnerables de la sociedad, entre ellas, tiene la función de atender el tema de violencia contra la mujer.[3]

Además, de estas reformas institucionales, la Descentralización también ha devenido en cambios en el Ministerio pues ha tenido que transferir competencias y funciones a los Gobiernos Regionales y Locales[4] como en el caso del tema de violencia familiar y sexual en el marco del Plan Nacional contra la Violencia de la Mujer.[5]

Sin embargo, para poner en marcha políticas públicas como el Plan Nacional contra la Violencia Sexual y Familiar, existen factores claves como la voluntad política de los gobiernos sub-nacionales para hacer frente a este problema público.  Aunado a la condición jerárquica perdida por el Ministerio de la Mujer, como una estructura estatal, en la práctica, tiene un rango menor en comparación a Ministerios como el Ministerio de Economía y Finanzas.

Según la transferencia de competencias y funciones, el Ministerio de la Mujer solo puede diseñar y evaluar a los gobiernos regionales más no obligar a aportar, por ejemplo, insumos financieros. Esto explicaría tal vez porque, según un Informe de la Defensoría del Pueblo, sólo 8 regiones han destinado presupuesto para la realización de planes de prevención[6], a pesar de que estos gobiernos sub-nacionales tienen a su cargo los Centros de Emergencia Mujer.

Esperemos que en años posteriores las cifras alarmantes se reduzcan y se consolide el papel rector del Ministerio de la Mujer y los gobiernos sub-nacionales tengan la voluntad política para actuar de la mano de otros actores ante esta problemática que viene dañando a muchas peruanas como tú o como yo.

Publicado el marzo 29, 2013 en Gestión Pública y etiquetado en . Guarda el enlace permanente. 1 comentario.

  1. EXCELENTE ARTÍCULO, ESPERO QUE NOS SIGAS INFORMANDO, YA ME HABÍA OLVIDADO LOS CAMBIOS QUE HABÍAN EXISTIDO .. DIOS CONTINUÉ BENDICIÉNDOTE..

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